Las autoridades han mostrado cierta sensibilidad ante algunos de los reclamos por los problemas que ha presentado el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y han tomado diversas acciones específicas para corregir ciertas deficiencias que este sistema evidencia, sin embargo, la población afiliada sigue estando desprotegida. Las autoridades se han quedado apagando los conatos de incendio que les son reclamados, en especial aquellos demandados por los grupos con capacidad y poder para demandarlos coyunturalmente.
Así hemos visto como a los miembros de la Policía Nacional se les otorgó un seguro médico suplementario, lo que implica el reconocimiento explícito de que la cobertura del Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo no es suficiente, ni efectiva. Qué bueno que se les haya mejorado el Seguro Familiar de Salud que disfrutan los Policías, pero qué malo que sólo ellos disfruten de una cobertura mejorada. Lo justo sería que todos los afiliados disfrutaran del derecho a la salud integral que les reconoce nuestra Constitución y no sólo algunos sectores beneficiados con las mejoras asignadas. La Policía Nacional también tiene un sistema de pensiones particular junto a los Militares que gozan de beneficios que no son concedidos a los servidores públicos de otras instituciones.
De forma similar, a los Médicos que ejercen en los Hospitales se les confirió el beneficio de ser pensionados con el 100% de la suma de los diferentes salarios que devengan en los hospitales donde laboraran, lo cual reconoce lo insuficiente que puede ser la pensión de aquellos con salarios por debajo de lo que sería un salario justo. Vale aclarar que a otros servidores públicos que trabajaron en varias instituciones públicas y cotizaban por cada una de ellas, no se le suman sus salarios, sino que se opta por el sueldo más alto y por ese monto se le calcula su pensión. Entendemos que la conquista de los Médicos es justa, dado los montos tan bajos que se pagan a los servidores públicos que no tienen la categoría de Funcionarios, pero lo injusto es que ese beneficio sólo sea para los Médicos y no para todos los demás servidores públicos.
A los docentes pensionados se les ha aumentado el monto de sus pensiones, sin que aumentos similares se apliquen a los pensionados de otras instituciones, la mayoría de los cuales tienen pensiones con montos muy inferiores a los que tienen los maestros pensionados. Es bueno que esto ocurra, pero debería ser algo automático. Las pensiones están llamadas por Ley a ser indexadas o ajustadas periódicamente, para evitar que la inflación reduzca su poder adquisitivo y condene a las personas pensionadas a un deterioro progresivo de su calidad de vida, hasta llevarlos a la completa indigencia.
¿Es justo favorecer a unos y a otros no?
Recientemente, leímos sobre la decisión del Gobierno de ofrecer un Plan de Pensiones y Servicios de Salud para los Artistas, ojalá que este vaya dirigido a los artistas populares y clásicos, aquellos que ofrecen cultura, recreación, diversión y todas las formas de arte y que no han percibido grandes fortunas. Sería frustrante que se otorgue a aquellos que han ganado grandes sumas de dinero, pero la han dilapidado con arrogancia y ostentaciones de poder frente a los demás.
Al escuchar la intención del Gobierno uno se pregunta el por qué las autoridades no cumplen con lo que el SDSS contempla en sus dispositivos y que darían protección a los Artistas y no sólo a ellos, sino a todos los trabajadores independientes que ahora no han podido ser afiliados a la Seguridad Social.
¿Por qué si las autoridades entienden que no vale la pena impulsar la aplicación del actual SDSS, no asumen con responsabilidad la modificación integral de la Seguridad Social?
Se sabe que el Sistema Dominicano de Seguridad Social creado con la Ley 87-01 es un fracaso y que no ha llenado, ni llenará las expectativas y premisas con las que se aprobó y se presentó al país, la realidad es que con sus deficiencias carga al Estado que ha optado por dar respuestas parciales y no integrales que enfrenten y corrijan el mal, quedándose solo en poner parches para tratar de cumplir con lo que este fracasado sistema continúa incumpliendo.
Lamentablemente, históricamente, las acciones de las autoridades sólo han buscado reaccionar cuando un problema explota, enfocándose en maquillar los errores de un sistema fallido, para que no se evidencien las causas que producen el verdadero problema de fondo. La prioridad es ocultar el problema, más no solucionarlo, ni contribuir a solucionarlo.
Las autoridades parecen no darse cuenta, o tratan de ocultarlo, que con estas acciones lo que hacen es posponer y abonar el estallido social que inevitablemente se producirá, cuando el pueblo tome consciencia de lo perverso que ha sido y es el SDSS. Cada día más dominicanos se indignan cuando no tienen acceso a la salud, cuando las coberturas son limitadas y tienen que sacar dinero de sus bolsillos para pagar los servicios de salud que el SDSS debería cubrirles. Cada día más personas entienden que la Seguridad Social ha fracasado y no es ni ha sido lo que se prometió, por lo que reconocen que su futuro es incierto, o más bien es fatídico.
Igual de irritante y doloroso es el caso de las prestaciones del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia del Sistema de Capitalización Individual del actual SDSS, el cual ofrece prestaciones pírricas a las personas afiliadas, mientras las AFP tienen ganancias sustanciales que cada año se incrementan alcanzando sumas multimillonarias.
La población va poco a poco tomando consciencia de que lo que recibirán aquellos que logren cotizar por 30 años y alcancen un mínimo de 60 años de edad será una pensión inferior al 30% del salario con el que cotizó. Quienes no logren acumular las 360 cotizaciones requeridas recibirán prestaciones muy inferiores al 30%.
A pesar de que, gracias a Dios, la Ley 87-01 contempla la convivencia del Sistema de Capitalización Individual, con otros Sistemas de Pensiones basados en Reparto, como el de los Funcionarios y Trabajadores Públicos, creado con la Ley 379-81 y que el artículo 35 de la Ley 87-01 establece que siguen vigentes para “los actuales pensionados y jubilados, para los afiliados en proceso de retiro y para la población que permanecerá en dicho sistema de conformidad con el artículo 38 de la presente ley”, en los más de 20 años en los que se ha estado ejecutando el SDSS, son muchos los derechos conculcados a los servidores públicos, así como son muchos los que se han negado también a todas las personas afiliadas, en general.
Basta analizar las normativas complementarias aprobadas por los distintos Consejo Nacional de Seguridad Social y por cada una de las instituciones que conforman el SDSS, para comprobar que las autoridades actuantes por lo regular subordinan los derechos de las personas afiliadas, favoreciendo y priorizando los intereses de las ARS y las AFP, cuyos beneficios y facilidades para su operación parecen ser los principales intereses del SDSS y no los derechos de la población.
Lamentablemente, los funcionarios llamados a asesorar al presidente de la República no han sabido explicarle que es imposible tapar todos los aspectos que han colapsado en la Seguridad Social y peor aún, los que irán colapsando inevitablemente en el futuro inmediato.
El SDSS tiene un problema estructural en su diseño y sobre todo en las normativas complementarias que direccionan la ejecución del mismo, por lo cual entendemos que este sistema no tiene otro destino que el de su fracaso total, provocando inevitablemente la desilusión y la desesperanza de un pueblo al que en el inicio de este nuevo siglo se le vendió la falsa idea de que este nuevo sistema sería la solución radical a las limitaciones del canibalizado Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y de todas las limitaciones y problemas que tenían todos los servicios existentes.
En fin, en cuanto a los servidores públicos, consideramos que el Gobierno ha tomado muchas medidas que sólo benefician a unos pocos de un determinado sector, pudiendo haber logrado impactar a la totalidad de los servidores públicos.
Se han tomado medidas en respuesta a luchas de los gremios con capacidad de reclamar sus derechos y que por su naturaleza han presentado los problemas como problemas particulares, sin que los funcionarios hayan sabido orientar las acciones de respuesta hacia una óptica más amplia, que les permitiera modificar el origen del problema, en vez de solo resolverlo parcialmente, beneficiando solo a unos pocos de los afectados de ese momento, dejando latente el origen del problema, con lo cual, luego, nuevamente aparecerá una nueva versión del mismo problema.