Durante años se ha estado reclamando que se busque solución al déficit del sector eléctrico, el cual a pesar de ser considerado como insostenible en vez de corregirse se ha aumentado, por distintas razones que pueden resumirse en que ningún gobierno ha querido asumir el costo político de tomar las acciones responsables para enfrentarlo decididamente, y porque la mala decisión de estatizar las empresas de distribución de electricidad poco después de su capitalización hizo de estas parte importante del botín político, lo que las ha alejado de la racionalidad económica, la transparencia y la buena gestión.
Aunque las actuales autoridades tomaron la correcta y oportuna decisión de disolver la antigua CDEEE y de impulsar las licitaciones de compra de energía que nunca antes se habían realizado en violación al mandato de la Ley General de Electricidad, y de garantizar una adecuada gestión de las plantas a carbón de Punta Catalina, traspasándolas a una empresa de propiedad estatal administrada por un empresario de reconocida experiencia y solvencia moral, no tomaron ninguna decisión fundamental con respecto de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES), cuyos administradores primero enredados entre los escandalosos casos de corrupción detectados con respecto a estas, siguieron haciendo más de lo mismo, con la agravante de que luego de la entrada en operaciones de Punta Catalina, y la decisión de no seguir racionando el abastecimiento de la demanda como siempre se hizo, lo que era casi indispensable en medio de la pandemia y del mandato de quédate en casa trabajando o estudiando, el déficit de estas se duplicó.
Durante años la clase política ha jugado al clientelismo no solo porque no ha querido asumir las consecuencias de la racionalidad en la fijación de precios, evadiendo el ajuste de la tarifa como se hizo meses después de finalizarse el proceso de capitalización de las EDES en el año 2000 porque era un año electoral, y postergando durante largos años la aplicación de la tarifa técnica, esto es, la que tome en cuenta los costos operacionales racionales de las distribuidoras, sino también porque le vendió a la población el mito de que teníamos las tarifas más caras de electricidad, y la siguió acostumbrando a que pagarla no era una obligación como sí lo es para el servicio de telecomunicaciones, si se tenían conexiones políticas, poder económico o social, y a que su robo no tuviera consecuencias.
Por eso no sorprende que mucha gente pensara que era mejor que las EDES se quedaran en manos del Estado pues así muchos no pagaban, o pagaban poco aunque cada vez consumieran más, mientras algunos se enriquecían ilícitamente desangrándolas, sin que se advirtiera que al final todos nos perjudicamos con ese despilfarro, sobre todo los más vulnerables que ingenuamente cambian no pagar la factura de unos cuantos cientos o miles de pesos, por el empobrecimiento y carencias que se derivan de un déficit que si ya era intolerable en más de dos mil millones de dólares, es impensable mantenerlo luego de duplicarse en los últimos 3 años, y el cual desvía los recursos que deberían destinarse a salud, agua, seguridad, transporte, etc., hacia el hoyo negro del subsidio.
Ahora que la reforma fiscal se aproxima todos apuntan hacia el déficit del sector eléctrico reclamando que se solucione, pero sin asumir que no hay solución sin ajustes tarifarios, los que en ejecución del Pacto llegaron a implementarse trimestralmente hasta que poco después de iniciarse, por la gran oposición que hubo el gobierno decidió suspender.
Si queremos resolver la desastrosa situación de las Distribuidoras y su insostenible déficit no hay posibilidad de hacerlo sin que todos asumamos que la electricidad es un bien escaso y costoso, que todos debemos pagar su precio o las consecuencias por no hacerlo, y esto no lo vamos a lograr si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho durante años sin resultado. Por eso es hora de cambiar el enfoque y poner sobre la mesa de discusión si sigue haciendo sentido tener un sistema de independencia sectorial en el que no se puede distribuir y generar, que ha tenido como consecuencia que unos tengan la masa y otros los huesos, y dejar atrás los populismos que defienden el mantenimiento del Estado en el negocio de la distribución, aunque haya sido un fracaso y la peor y más costosa decisión para el país.