En nuestro país este camino educativo está representado por el PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA EDUCATIVA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA. Nacido en el 2014, el 1 de abril en la tarde. Fue “bautizado” en el Palacio Nacional, al son de “música política” del gobierno de turno.Tristemente, hoy presenta un estado de desafortunado letargo y sentida inoperancia.
En este escenario resulta apropiada y responsable la reciente declaración pública de un grupo de instituciones, educadores e intelectuales que defienden la urgencia de rescatar el Pacto Educativo. De actualizarlo e impulsarlo, sin renunciar a los logros obtenidos hasta aquí.
Si es que hubiera tiempo todavía, hay que “reconstruir” el camino. Hay que dotarlo de mayor diversidad y representatividad. Hay que dotarlo de más “luces”. Hay que hacerlo más expedito, más seguro, más esperanzador y más de todos.
Hay que asumir su recorrido como una “alianza educativa” que supera los propósitos de particulares los “pactos políticos”, cuyos compromisos parecen dejarse en terreno de nadie cuando las presiones que los generan pierden protagonismo y, principalmente, cuando hay cambio de gobierno.
Todo cambio, como el de la época que estamos viviendo ( con la COVID 19, los retos educativos especiales generados por la pandemia, la brecha digital, la nueva modalidad de trabajo, la alteración de la paz mundial, las dificultades económicas, sociales, ecológicas y sanitarias del país y del mundo, las demandas ecológicas), pide con urgencia un nuevo “camino educativo” capaz puede convertirse en un instrumento eficaz para construir, en una perspectiva a largo plazo, una sociedad más justa y atenta al cuidado de los demás.
En nuestro país el pacto educativo debe ser el mapa, el GPS, capaz de conducir los inevitables cambios sociales, políticos, económicos y educativos de cara a las exigencias de la Cuarta Revolución Industrial, que se traducen en una Educación 4.0, un estudiante 4.0, una escuela 4.0 y un docente 4.0, que reclaman de innovación y evaluación permanentes.
Un pacto educativo sólo puede concretarse, principalmente, en el reconocimiento de la indispensabilidad de la contribución del Estado y de los demás actores de la sociedad civil para afrontar la emergencia educativa que vivimos desde hace algunos decenios y que sale a flote cuando la calidad educativa del país se mide y se compara con otras.
Un pacto educativo no acepta cualquier tipo de “gobernanza”. Sobran las jerarquías y las burocracias que frenan el impulso que requiere el verdadero cambio educativo. Todo pacto debe gozar de una celeridad y una gobernanza democráticas que eviten el aislamiento, el monopolio sectorial, la indiferencia, el estancamiento y la frustración colectiva.
La “lentitud” e inoperancia del Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana se debe a que nació con ciertas limitaciones y deficiencias:
- Carece con una gobernanza clara y definida. Luce centralizado y poco proactivo.
- No presenta mecanismos viables para la inclusión de pleno derecho de la ciudadanía para identificar y afrontar las necesidades, y cambios educativos de las comunidades regionales, municipales y provinciales.
- No prevé el involucramiento de las Direcciones Generales y los Distrito Escolares en el impulso comunitario del Pacto. Tampoco prevé el involucramiento del sector educativo privado.
- Carece de un Vademecum o “Instrumentun Laboris” que aporte una metodología para el trabajo cooperativo, autónomo y permanente del pacto.
- No presenta una estrategia participativa para el estudio permanente y la inclusión de las nuevas temáticas educativas que deben incorporarse al pacto.
- Privilegia la mirada de unos pocos, dejando fuera la de muchas instituciones y actores que enriquecen el funcionamiento democrático del mismo.
- Carece núcleos temáticos generativos para ulteriores reflexiones.
- La participación de la familia, los profesores y estudiantes en el pacto no están definidos y son escasos.
- No promueve sinergias para el mejoramiento continuo del pacto.
- Presenta confusión en la inversión del 4% del PIB como aporte del Estado.
- No contempla el aporte de recursos económicos por parte del sector privado.
El PACTO NACIONAL PARA LA REFORMA EDUCATIVA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA debe ser rescatado para convertirlo con el esfuerzo de todos los dominicanos en un verdadero camino de los cambios que requiere la sociedad dominicana.
¡Actuemos! Comencemos por organizar foros de encuentro independientes para evaluar sus falencias y oportunidades y reorientar su destino con la participación de los diversos agentes educativos (gobierno central y municipal, escuela, familia, profesores, iglesias, municipio, empresa, etc.). ¡Sin demora!