La soberanía alimentaria de nuestro país está en peligro. El arroz con mango de la política comercial creada desde la década de los 80 tiene al sector arrocero en peligro de muerte…y con él a varios segmentos del agro nacional de importancia primordial como la producción de pollo, de azúcar, de habichuelas y leche, entre otras. Recuerdo un amigo que decía cuando estudiaba en el extranjero que “la felicidad entra por la boca”. Y en este caso la felicidad entra por proteger nuestro sector agropecuario y por qué no, extender dicha protección.
El problema es que las políticas neoliberales que desde 1990 impusieron los distintos gobiernos dominicanos a fin de adoptar pasos la agenda del Consenso de Washington, obligó a la modificación de las políticas comerciales, en particular la relativa a los alimentos. Distintas fueron las formas y las acciones. Podría decirse que el primer paso fue la reforma arancelaria por decreto a inicios de 1990 -con el interés también del presidente Balaguer de incrementar y simplificar los ingresos aduaneros.
Después vino la reforma tributaria de 1992. La nueva ley de inversión extranjera de 1995 que abrió totalmente todos los sectores al capital transnacional y la llamada Ley Monetaria, o Código Monetario y Financiero que se adoptó por resoluciones del órgano regulador hasta su aprobación por el Congreso en 2021.
En 1994 la República Dominicana se adhirió al Convenio de Marrakech que dio nacimiento a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que impuso una apertura total al comercio internacional sin distinción del impacto de las políticas de subsidios masivos de los países desarrollados, en particular a la agricultura. La gran discusión en la OMC desde su nacimiento hasta su parálisis reciente es la agenda para los países del Sur Global, en “vías de desarrollo” o “subdesarrollados”. El proteccionismo de los países industriales a sus sectores agrícolas, como los de EEUU, Canadá, Japón, los países de la Unión Europea y el llamado Norte Global representan una carga muy grande para la políticas de seguridad alimentaria del Sur Global y en particular para nuestro país. Sin embargo, el problema para el sector agrícola dominicano como el resto de los países en desarrollo, es que nos han impuesto políticas comerciales fuera de la OMC, vía acuerdos como el DR-CAFTA con EEUU y Centroamérica o el EPA con la Unión Europea.
La implementación de esas políticas y cierta disciplina en el gasto del Presidente Balaguer después del desajuste sufrido por la economía dominicana desde 1984/1986 con el gobierno de Salvador Jorge Blanco y hasta 1990 con el primer gobierno de Balaguer de los llamados 10 años, y el incremento de la inflación llegando a picos de casi 100% en un año fiscal entre 1989 y 1990. Balaguer desajustó la economía de 1986 a 1990 vía el default a la deuda pública externa y la masiva política de construcciones en esa primera parte de sus gobiernos.
En el año 1990, la inversión pública alcanzó 11% del PIB y el gasto corriente el 4%. Después la ajustó él mismo con ayuda y apoyo del FMI, el BM, el BID, el Tesoro de EEUU, el Club de París, la UE y el PNUD. Recordemos el papel central que jugó en esos años el Asesor del PNUD Constantino Vaitzos y el representante residente del mismo, Cesar Miquel.
En el sector agrícola en particular, incluyendo el sector azucarero y arrocero, la consolidación arancelaria (máximo arancelario establecido) que hizo el país en un nivel de 40%, en el marco de la creación de la OMC en 1994, amenazó con quebrar sectores claves de la producción nacional. Al darse cuenta los representantes de esos sectores que estaban expuestos a la entrada libre de arancel o con un máximo de 40% de azúcar, arroz, pollo, ajo, maíz, habichuela, cebolla y la leche, corrieron los representantes y funcionarios a tratar de salvar algo de lo entregado. La vanguardia de esos esfuerzos la llevó a cabo la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y los representantes gubernamentales y empresariales.
En ese contexto fue que se acordó imponer lo que se denominó la “Rectificación Técnica” ante la OMC que solo logró imponer aranceles-cuotas a los ocho (8) productos claves. Así se aprobó en la OMC dicha Rectificación para el azúcar, la leche en polvo, el arroz, el pollo, el ajo, el maíz, las habichuelas y la cebolla. El intento dominicano fue a más productos agropecuarios, pero las negociaciones en la OMC sólo se logró aceptar a esos ocho productos.
Después vino la locura de acuerdos regionales comerciales impulsados por los países desarrollados en grupos de países o en conjuntos regionales. El primero fue Chile, que firmó un TLC con EEUU, iniciado en 1994 y luego de arduas negociaciones firmado en junio de 2003. Antes del TLC de Chile y EEUU había sido firmado el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de Norte América) entre EEUU, Canadá y México, antes de la Ronda Uruguay del GATT y la creación de la OMC. El NAFTA fue firmado en 1992 y entró en vigor en 1994. Para República Dominicana se impuso la firma del CAFTA previamente adoptado por EEUU y los países de América Central (DR-CAFTA) que fue negociado por los países de América Central (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala) al que “adhirió” República Dominicana en 2004 con el gobierno de Hipólito Mejía. Entró en vigencia en marzo de 2007.
Posterior se firmó previa negociación el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre el CARICOM+RD (CARIFORO) con la Unión Europea, conocido popularmente como EPA por sus siglas en inglés de Economic Partnership Association, que vinculó a los 15 estados del Caribe parte del Cariforo, y los entonces 28 de la UE, hoy 27 tras la salida de Gran Bretaña en 2020. Después se planteó completar la apertura comercial con sendos acuerdos con Canadá, con México, con los conjuntos de América Latina como MERCOSUR, el Pacto Andino y Chile así, como ingresar de pleno derecho a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) –actualmente sólo somos parte de los mecanismos de cooperación financiera- lo que nos daría un instrumento para negociar acuerdos parciales con otros países como Chile, Cuba, y ampliar el de Panamá, entre otros. Pero el empresariado nacional bloqueó esas acciones. Personalmente me tocó vivir esos procesos como coordinador del Consejo Nacional de Negociaciones Comerciales (CNNC) y embajador en Canadá y en Colombia.
La única manera de proteger nuestro sector agrícola es invocando el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC contenido en titulo VI del GATT 94, que se puede hacer negociando con las parte interesadas –EEUU y la UE- o incluso sin negociación comunicando a la OMC que el país adopta mediante decreto o ley del Congreso esas salvaguardias para los ocho (8) productos de la Rectificación Técnica. Pero lo que es claro es que la sociedad dominicana, tanto partes interesadas, gobierno como el resto del sector privado, no podemos poner en peligro de extinción el sector agrícola, tanto por razones de empleo e impacto social, como por razones de preservar la seguridad alimentaria de la nación.