Según el más reciente Informe sobre la Seguridad Vial de la Organización Mundial de la Salud en 2023, República Dominicana ocupa el segundo lugar en las Américas y el 13.º en el mundo en muertes por accidentes de tránsito. Este es uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad por sus consecuencias económicas, sociales y los irreparables daños humanos.
Se trata de un tema complejo y en constante cambio, que me ha llamado la atención hace tiempo. Aunque no acostumbro citarme, permítanme hacerlo porque puede ser útil. En septiembre de 1978 publiqué un artículo en el periódico Listín Diario sobre los accidentes automovilísticos, en el cual señalé que psicólogos industriales habían identificado dos grandes causas de los accidentes: una, los comportamientos inseguros o peligrosos, que alcanzan un 88%; y otra, las condiciones o situaciones peligrosas; un 10%, las que podían modificar las personas; y que el azar o factores incontrolables, comprende un 2%. Lo que significaba que el 98% de los accidentes eran evitables, porque dependían de factores humanos.
Y según datos en aquel tiempo en el departamento de Tránsito de la Policía, las principales causas de los accidentes eran la velocidad; los días más frecuentes, los lunes; las horas más peligrosas, el mediodía; y las intersecciones y las rotondas los lugares más peligrosos y causantes de accidentes. Además, en dicho artículo sugerí incorporar mujeres en los servicios de tránsito de la policía, entre otras recomendaciones.
Hoy, la realidad social es diferente. Existe la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, promulgada en febrero de 2017. Una ley moderna y actualizada. Que creó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Sin embargo, su aplicación sigue siendo parcial. Por ejemplo, no se aplica el sistema de puntos en las licencias de conducir; no se realiza la inspección técnica vehicular, popularmente llamada la revista; las motocicletas, más de tres millones en las calles, y gran parte no documentadas; cuyos conductores carecen de licencias ni cascos protectores, y transportan más de dos personas, incluyendo menores de ocho años, contrario a la ley.
No se mide el consumo de alcohol ni de sustancias controladas; las multas por infracciones no se cobran, según ley, que fija su cálculo en base al salario mínimo del sector público centralizado; que serían RD$10,000 pesos, muy alto; pero las actuales multas de 1,000 a 1,600, son muy bajas en comparación con la magnitud del problema. Igualmente, los fondos recaudados por multas se distribuyen de manera inadecuada: un 75% para la Procuraduría General de la República, y menos del 25% al INTRANT y la DIGESETT o Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre; ingresos que resultan insuficientes para equipar, y motivar al personal de estas entidades clave.
Afortunadamente, el gobierno dominicano anunció recientemente el Pacto Nacional por la Seguridad Vial 2025-2030, una iniciativa que considero acertada; el que incluye presentar un plan operativo a mediados del próximo año, coordinado por técnicos internacionales y locales. Se espera que propondrá modificaciones a la ley y sus reglamentos para garantizar su cumplimiento; especialmente en lo relativo a permitir aplicar multas en ausencia de los infractores, mediante herramientas tecnológicas, actualmente prohibido por la ley.
Al apoyar este pacto, cuyo objetivo es salvar vidas y reducir los accidentes, considero oportuno estudiar y aplicar soluciones exitosas de otros países; como son, fortalecer el transporte colectivo y reducir el uso de vehículos individuales; operar los corredores programados; modificar horarios laborales y escolares; ampliar el programa TRAE a colegios privados; restringir las importaciones de vehículos y motocicletas; reordenar la circulación de vehículos, programarlos por días, según las placas; construir los parqueos diseñados y anunciados; agilizar proyectos claves, como el nudo vial en la avenida 27 de Febrero con Isabel Aguiar, el Metro del kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos, y completar los seis carriles mínimos en la transitada autopista Duarte.
Por último, le cito la reflexión del Chagpt 4, en este sentido: "La seguridad vial no es solo una tarea del gobierno; requiere el compromiso de todos. Cambiar nuestra mentalidad y adoptar conductas responsables en las vías es esencial para salvar vidas."
** Este artículo puede ser escuchado en audio en Spotify en el podcast Diario de una Pandemia por William Galván