Justicia y bien común

Alarmante riesgo para los menores en Dominicana

Por Juan Tómas Taveras

 *Publicado en su primera versión  en abril, 2019

El caso de los menores violados sexualmente en Santiago y todos los riesgos que se vienen ocultando durante años en torno al tema nos muestra: primero, la irresponsabilidad de los adultos de cada familia y de las autoridades públicas que se les paga y están obligados por ley y la Constitución, y por último pero no menos responsables, los medios de comunicación y demás sectores organizados de la sociedad.

Estudios de organismos nacionales e internacionales nos revelan que la República Dominicana es uno de los países con mayor vulnerabilidad de los pequeños en todos los espacios de convivencia, y recientemente certifican que el 90% de los dominicanos han sido abusados físicamente, psicológicamente, emocional o sexualmente durante su niñez, por lo menos una vez.

Con una tragedia tan desconcertante nos debemos preguntar: ¿Hasta cuándo seguirán estos abusos impunes y sin prevención contra nuestros menores? ¿De qué nos sirve la Constitución en su artículo 56 que obliga la protección de las personas menores de edad, y la Ley No. 136-03 Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

El deterioro social que hoy amenaza la paz colectiva y la vida civilizada respecto a un estado de derecho democrático y de salud espiritual, emocional y física se desprende principalmente del desorden institucional, la corrupción, la impunidad y anomia imperante en el país.

No entiendo por qué es tan difícil establecer o dictaminar una medida cautelar para la protección o salvaguarda de un menor

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La vulnerabilidad que viven nuestros pequeños me ha llevado a descubrir una situación que al parecer han dejado o no han querido abordar los profesionales y expertos en el tema, quienes deberían despertar consciencia a causa de la alta tasa de subordinados niños y adolescentes, mujeres y hombres (estos dos últimos en el trabajo), el “bullying” o acoso u hostigamiento escolar, el maltrato físico, psicológico, explotación y matrimonio infantil; abusados y acosados sexualmente o moralmente en las oficinas, en los centros comunales, educativos y deportivos, en las iglesias y en el hogar, etc.

Además, dicha problemática se debe a que la mayoría de los hogares tienen escasa educación sexual y no hay una debida privacidad en las intimidades sexuales de los padres o las parejas, ya que una mayoría duerme y comparte una sola habitación, dejando a vista de todos los ocupantes las intimidades, lo cual ha provocado la falta de principios y valores morales en muchos hombres que luego podrían convertirse en degenerados, pervertidos, acosadores y violadores de su pareja y miembros de su familia, y de la intimidad de la vida sexual de los demás.

Es apremiante profundizar las investigaciones por parte de expertos con relación a esta debacle social y crear consciencia al respecto. Además, promover  políticas públicas, alianzas para la Infancia y la protección contra el acoso sexual y moral. La responsabilidad de padres, maestros, funcionarios de la educación y de la salud pública en estos temas es obligatoria y no es correcto delegarla, pues el futuro de cada niño depende de ello, y por vía de consecuencia el futuro de la sociedad y del Estado.

Esta situación debe de preocupar a los padres para poner mayor atención en ayudar a organizar y establecer horarios adecuados que permitan prevenir y corregir estas malas prácticas en perjuicio de los menores.

Hemos podido percatarnos de la ausencia de políticas públicas que protejan y salvaguarden la salud física, mental y emocional de los niños y adolescentes, segmento más vulnerable del conglomerado social; además de una gran debilidad y desacierto o descuido en nuestro sistema de justicia frente a la niñez y su entorno familiar.

Parte del requerimiento de la seguridad social de los países avanzados es hacerse cada estudiante un examen médico dos veces por año de los oídos y la vista antes de cada período escolar. El Ministerio de Salud Pública y de Educación deben integrarse como parte de los programas de prevención y ponerlo en práctica ya que cualquier problema auditivo o de la vista dificultará el aprendizaje de los estudiantes y puede provocar ser discriminados.

No sé hasta qué punto recae responsabilidad en los jueces en este tema, sea directa o indirectamente, independientemente de lo que compete a los gobiernos que manejan los presupuestos y recursos que deben llegar a cada unidad encargada de impartir  justicia. De igual manera, corresponde a los poderes judicial y congresual establecer políticas, normas y medidas para eficientizar el sistema de justicia para la prevención, manejo y resolución de conflictos familiares, así como la salvaguarda de los principios de familias sanas.

No entiendo por qué es tan difícil establecer o dictaminar una medida cautelar para la protección o salvaguarda de un menor que es más vulnerable que una mujer, sin embargo, en cuanto al maltrato a las mujeres o violencia de género hay más consciencia a pesar las altas cifras de víctimas. De igual manera, hemos percibido cierta incapacidad o deficiencias en el personal técnico que apoya y asesora en los trabajos sociales de visitas para evaluar el ambiente en los hogares, además de que faltan especialistas de la conducta y de las enfermedades mentales.

Que Dios les bendiga siempre. Dios, patria y libertad con independencia.

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