La pensión es un salario social cuya finalidad es la sustitución del ingreso cuando la edad o las condiciones personales no permiten seguir generándolo de forma autónoma. Esto puede ser por el envejecimiento natural e irreversible de todo ser humano; por una discapacidad que nadie puede planificar ni eludir si llega; o por el fallecimiento, dejando sin ingreso a las personas económicamente dependientes.
Las pensiones y los sistemas de seguridad social se ampliaron e institucionalizaron en el mundo a partir de una constatación: la inmensa mayoría de la población vive de su propio trabajo, de su capacidad de generar ingresos y, principalmente, de un salario. Solo una pequeñísima parte de la población cuenta con la fortuna individual (heredada y/o acumulada) para hacer frente a las necesidades y contingencias de la vida, bastándose a sí mismos. La idea es que la mayoría social no estuviera condenada de origen a la miseria, a sobrevivir por la beneficencia o a costa de sus familias.
Por eso mismo, las pensiones y la seguridad social no pueden funcionar como bienes de consumo que administren privados en función de un precio, un riesgo y unas expectativas de ganancia. Se declararon derechos fundamentales porque son la base de que las personas puedan sostenerse y vivir, ellas y sus familias, y por tanto deben ser independientes de intereses privados, del estatus y la capacidad de pago particular.
¿Hay pensiones en República Dominicana?
Una pensión debe sustituir adecuadamente el ingreso que se deja de generar, ser suficiente para vivir con dignidad y permanente en el tiempo. Para esto, no puede depender de la capacidad de ahorro individual, pues la inmensa mayoría de población -al no ser beneficiaria de herencias ni dueña de grandes capitales- siempre dependerá de ingresos modestos, humildes, cuya mayor parte se consumirá en la subsistencia, bienes y servicios indispensables, incluyendo a la clase media y pequeños empresarios. De nada sirve que se llame “capitalización individual” o como sea para generar una rentabilidad que en ningún país ha permitido cubrir más allá del 40% del ingreso (con mucha suerte), que se agota en el tiempo y se calcula con tablas de edades deliberadamente diseñadas para dividir y hacer más bajo aún el monto a entregar cada mes.
Recientemente las AFP anunciaron con bombos y platillos la entrega de los fondos a sus legítimos dueños por ser de “ingreso tardío” en el sistema. Mientras las AFP estuvieron enriqueciéndose por años con sus ahorros, a 27,155 dominicanos y dominicanas de 60 años y más les tocó en promedio 305 mil pesos que, a 30 mil pesos por mes, no les durará ni un año y tendrán que conformarse con que esa fue su “capitalización individual”. ¿Comerán con esa palabra tan chula por el resto de sus días? ¿En qué condición quedan estas miles de personas y sus familias? ¿Acaso no constituye una estafa mayúscula?
Las pensiones y la seguridad social se entienden bienes sociales que no deben obedecer a las reglas del mercado, como una garantía que, hasta Marine Le Pen, candidata de ultraderecha en Francia, llama “solidaridad nacional”. Son llamados también “derechos de ciudadanía” porque permiten a todos ser parte de la sociedad en igualdad real y en mutua protección, vivir libres y sin miedo, no condicionados al “quién es quién” y que no impere la ley de “sálvese quien pueda”.
En contrario, de México a Chile, pasando por República Dominicana, la privatización de las pensiones bajo las AFP es un régimen que viola todos los preceptos fundamentales, es matemáticamente inviable y niega la existencia de seguridad social, dejando a las personas en la desprotección, la vulnerabilidad y el miedo, obligadas a elegir entre la caridad pública o familiar, la miseria o la muerte, mientras su sudor ha sido la fuente de enriquecimiento de grupos de administración.
¿Nadie sabía lo que iba a pasar?
¿Esto debió imponerse en República Dominicana? ¿Era una especie de mandato divino o verdad revelada, como sus profetas han asegurado, y que debería mantenerse hasta la eternidad? Se puede afirmar categóricamente que no, y que todos sus efectos nocivos y antisociales estaban previstos.
Para verificarlo se pueden citar algunos párrafos contundentes y preclaros de lo dicho por el exministro y exvicepresidente Rafael Alburquerque en los conversatorios organizados y publicados por el Consejo Nacional para la Reforma del Estado (CONARE) muy a tiempo, en 1998. Citamos:
“Se incurre en una falacia cuando se oponen las bondades de la capitalización individual a los efectos perversos del sistema tradicional de reparto, pues si este último tiene sus problemas no es menos cierto que el primero puede ser muy perjudicial para los trabajadores de bajos ingresos y para las mujeres”.
“Tampoco es aceptable considerar que con el modelo de capitalización individual se incentiva el ahorro nacional y se promueve el desarrollo económico, pues esta premisa no es tan cierta en países con un mercado reducido de asegurados, como es el nuestro, amén de que los indicados efectos también pueden obtenerse con un modelo de capitalización colectiva en manos del Estado, con la ventaja de que no se pone en manos de un determinado y reducido sector económico el manejo de cuantiosos recursos y, por tanto, el poder de decidir, en función de sus intereses particulares, el futuro de millones de personas”.
“De igual manera, es un simple cuento de hadas divulgar la idea de que esta es una lucha entre la libre competencia y el monopolio estatal, pues la experiencia demuestra que en el modelo de capitalización individual el mercado termina siendo controlado por un duopolio o un oligopolio”.
Y remató Alburquerque: “Sea dicha la verdad monda y lironda, franca, abierta, atrevida: el debate al cual asistimos es el antagonismo entre los que creen y los que no creen en la seguridad social; entre los que intentan preservar la seguridad social y los que tratan de sepultarla; entre los que privilegian lo social y los que reducen el problema a lo puramente económico; entre los que entienden que la economía debe estar al servicio del hombre y los que piensan lo contrario; entre los que defienden la seguridad social real y verdadera, y los que buscan un negocio asegurado”.
Todo lo dicho por Alburquerque podía ser tomado por hipotético en 1998. Hoy, a 21 años de la Ley No. 87-01, resultan hechos confirmados en República Dominicana y en el resto de los países donde esta receta se aplicó. Como colofón, sirvan los dichos del expresidente chileno Ricardo Lagos, en noviembre de 2016, cuando afirmó:
“Las AFP se preocupan más de las utilidades de sus propietarios que de las pensiones de sus afiliados. Es un sistema injusto y hay que cambiarlo. Los trabajadores y trabajadoras chilenos merecen un sistema de pensiones solidario y justo que reconozca el trabajo de toda una vida. Ni un peso más para las AFP. Participemos del debate y alcancemos amplios acuerdos para cambiar este sistema injusto”.
La pelota ahora está del lado de quienes, en el Poderes del Estado, tienen el deber de decidir en función del interés público, los derechos de la ciudadanía y el bien supremo de la nación. Asimismo, de quienes deben informar a la sociedad y facilitar la generación de opinión pública razonada y fundamentada. Y, por supuesto y sobre todo, de la ciudadanía, que es en última instancia, en cada momento histórico, el actor colectivo que debe garantizar la satisfacción de sus derechos. Así ha sido desde 1844 hasta el presente, en cada ocasión en que grupos de poder e intereses particulares, de forma manifiesta, pretenden primar sobre la dignidad y el bienestar general. La República Dominicana tiene la oportunidad de no ir hacia una crisis social y política, del todo evitable, y para ello se necesita valentía histórica y vocación patriótica.