En la República Dominicana, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) grava ciertos bienes y servicios considerados no esenciales, de lujo o que pueden tener un impacto negativo en la salud o el medio ambiente; eso lo veo muy bien, pero yo me pregunto, ¿en qué categoría entrarían los seguros de vehículos y las telecomunicaciones en esta definición para ser gravado con este impuesto?

Los seguros de vehículos no deberían estar gravado por este impuesto, lo considero contraproducente y violatorio, este servicio no es de lujos, es una obligación porque nadie puede transitar sin seguro, porque así lo establece la Ley 63-17, articulo 232, de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que dispone la obligación de los conductores de tener un seguro de tránsito.

En cuanto a las telecomunicaciones, es que, nadie puede estar incomunicado, porque el acceso a la información y conocimiento es un derecho de todos. La comunicación es un motor para la productividad, para la educación, el trabajo a distancia y es un servicio básico de emergencias o desastres naturales, por estas y muchas más razones no deberían estar gravado. Estos servicios no deberían gravarse bajo el mismo criterio que productos no esenciales. Son servicios básicos y obligatorios, la eliminación de este impuesto permitiría a miles de familias destinar esos recursos a otras necesidades básicas, mejorando su bienestar y su capacidad de ahorro.

Desde una perspectiva legal y fiscal, los gobiernos suelen gravar ciertos bienes y servicios, incluso si son obligatorios, con el objetivo de generar ingresos. En el caso de los seguros de vehículos y las telecomunicaciones, el ISC se aplica como un mecanismo para captar recursos. Sin embargo, desde una perspectiva de justicia o equidad, podría argumentarse que este impuesto adicional sobre un seguro obligatorio es una carga extra para los ciudadanos, especialmente si no tienen otra opción que adquirirlo, por esta razón, yo abogo por una exención o una reducción de este impuesto, ya que no se trata de un lujo, sino, de una obligación legal.

En cuanto a la telecomunicación, ¿quién podría vivir sin comunicación?, nadie. Las telecomunicaciones se han convertido en una necesidad fundamental, que afecta el acceso a la educación, la información, la salud y las oportunidades económicas. Gravar los servicios de telecomunicaciones es un obstáculo directo a la conectividad, especialmente en zonas rurales y entre los sectores más desfavorecidos. En una economía digital globalizada, la comunicación es esencial para el crecimiento personal y empresarial.

A la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tenemos que hacerle entender que las personas con menores ingresos son las más afectadas por estos gravámenes, lo que ensancha la brecha digital y que el acceso a internet y a servicios móviles no es un lujo, sino, una herramienta clave para la inclusión social. El uso a la tecnología es un motor para el crecimiento económico.

Esperemos que esta reforma fiscal de la que se habla, tome en cuenta desgravar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de estos dos servicios, porque traería como beneficio, lo siguiente: En la telecomunicación, promovería un mayor consumo y expansión del mercado, reducción de los costos asociados a estos dos servicios, se incentivaría una mayor demanda, lo que podría compensar la reducción del impuesto con un crecimiento en la actividad económica, mejoraría la competitividad del país en el escenario global, además, trae un régimen fiscal más favorable para las telecomunicaciones, así como también atraería inversiones en infraestructuras digitales, mejorando la conectividad del país.

En cuanto a los seguros de vehículos, en caso de eliminar ISC, podríamos decir que, aumentaría el cumplimiento de la ley, incentivaría a más personas a contratar seguros vehiculares, lo que podría aumentar la seguridad financiera en caso de accidentes y mejorar la cobertura de riesgos, también habría más respaldo financiero para cubrir los costos de accidentes.

En un momento en que la economía global enfrenta incertidumbres, cualquier medida que contribuya a la estabilidad financiera de los ciudadanos debe ser evaluada y promovida.

Finanzas para no financieros.