En una reciente entrevista Mariasela Alvarez preguntó al presidente Abinader cuál sería el principal legado de su gestión. “La transparencia” fue la contundente respuesta. Ese sitial es cónsono con su tradición familiar, su promesa electoral y el escrupuloso manejo de los fondos públicos que exige. Pero con el avispero desatado por las auditorías de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría habrá que monitorear el resto de su gestión para ver qué estela finalmente deja.
En un acto del 2021 Abinader dijo: “No hay acción transformadora sin principios, sin ética y sin integridad en el ejercicio del poder”. Pocos negarán que esta gestión presidencial, en contraste con sus antecesores, ha insuflado una saludable dosis de transparencia al aparato y la gestión estatales. No ha sido solo la independencia del Ministerio Público, el nombramiento de incumbentes idóneos al frente de Contrataciones Públicas y Ética e Integridad Gubernamental sino también la creación de la Unidad Antifraude de la Contraloría. También se trabaja con el BID para “fortalecer y consolidar sus mecanismos de integridad en el sistema de contratación pública, reforzar el control interno, fomentar el gobierno abierto y la ética pública, y apoyar la implementación de políticas de transparencia del gasto público.” De tanto o mayor significación han sido los reconocimientos internacionales a nuestro avance en la lucha contra la corrupción.
Transparencia Internacional, la ONG mundial que lleva cuentas sobre el flagelo, ha reportado avances significativos en los cada ano del gobierno de Abinader. “La percepción de la corrupción en los últimos cinco años en República Dominicana ha mejorado, lo que también ha supuesto una mejora de su posición en el ranking internacional de corrupción.” A pesar de la “fragilidad institucional”, ya para la edición del 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional se reconoció que el pais avanzaba en materia de corrupción. La edición del 2022 de ese Índice se reporta que el pais logro “la posición número 123, de los 180 del ranking de corrupción gubernamental,” lo cual significo otro notable avance.
Evaluando varias progresos del pais, otro similar reconocimiento provino de las prestigiosas entidades Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas. En su informe sobre el 2023, Capacidad de Combate a la Corrupción, “sostienen que la República Dominicana progresa en la lucha contra la corrupción, reflejado en una mejora del 4 %, lo que le permitió mantener el quinto lugar en el índice. El índice muestra un salto cualitativo desde el año 2020 cuando el informe indica un rating aproximado de 3.0 al país, hasta por encima de los 5.42 puntos. El documento indica que República Dominicana tuvo el mayor incremento respecto al año anterior, con una variación positiva de 0.23. Solo Panamá experimentó un crecimiento superior en la región de Latinoamérica, y únicamente cinco países mejoraron respecto a 2022.” El informe también espera una más estrecha supervisión del financiamiento de la campana electoral del 2024. No todo el merito del avance puede atribuírsele al presidente Abinader, pero el sembró con algunas decisiones claves las semillas de la redención.
Sobre el manejo de las finanzas publicas en particular el gobierno de Abinader ha recibido unos elogios sin precedentes del Fondo Monetario Internacional (FMI). En una nota sobre su ultima visita respecto al Articulo IV el FMI “calificó como positivo el manejo fiscal que ha tenido el Gobierno dominicano” y “elogió la resiliencia y el dinamismo de la economía del país, la cual destacaron se mantiene pujante y con sólidos fundamentos, pese a la situación de incertidumbre internacional, propiciado por el buen manejo de la política fiscal y monetaria.” De particular importancia fue el reconocimiento de la Cuenta Única del Tesoro: “es una referencia en la región de buenas prácticas, eficiencia y calidad en los servicios brindados.”
Pero el más histórico y trascendente reconocimiento a la lucha contra la corrupción del gobierno de Abinader ha sido el del presidente Biden de EEUU. “Las declaraciones de Biden fueron emitidas a través de una alocución en la Cumbre por la Democracia en la que conversó con líderes mundiales sobre diversos temas. Sin embargo, en la alocución de Biden el presidente estadounidense dijo que la República Dominicana "ha modernizado su ley contra la corrupción y ha creado más de 100 oficinas contra la corrupción a nivel local".
Estos importantes reconocimientos sugieren que ya no somos una Banana Republic y en gran medida eso se debe a la presente administración de Abinader. Este bípedo implume los percibe como suficiente justificación para afirmar que la promesa de campana de Abinader esta, a los tres anos de gobierno, mayormente cumplida. Y que dada la trascendencia de esa obra para la institucionalidad y el desarrollo económico se justifica plenamente que haya enarbolado la misma como el mayor legado de su gestión. Negar esa conclusión seria muestra de pigmea mezquindad.
Justo en el umbral de la decisión que tomara el presidente Abinader sobre su posible candidatura a otro periodo de gobierno, el avispero que han suscitado las 13 auditorías prisioneras de la Cámara de Cuentas y las 18 luminosamente transparentes de la Contraloría General retan patentemente su compromiso con la lucha anticorrupción que ha librado con tanta pulcritud y vehemencia. A eso se añade el aparente suspenso en que han caído las acusaciones de malversación que ha reportado la prensa sobre los ministros Fulcar, Cabrera y Taveras. Prima facie son casos que podrían ameritar una acción penal sobre los incumbentes.
La sociedad estará atenta al manejo que pueda darle el presidente Abinader a estos casos. Respecto a las esperadas auditorías de la Cámara de Cuentas no tiene jurisdicción directa y el Congreso decidirá si un juicio político puede desembocar, como quien escribe sugirió, en una composición de sus jueces que no represente a los partidos políticos sino a la sociedad civil. La posibilidad de una acción penal en los casos de la Contraloría si compete directamente al presidente. Dos altos funcionarios del gobierno –el director de Comunicaciones y la titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental—ya informaron a los medios que las “irregularidades” son “subsanables” y, aparentemente, no requerirán de ninguna acción penal. Pero el mismo presidente Abinader celebró que se hiciera pública la auditoria sobre el CUSEP.
A pesar de que los reconocimientos citados más arriba le han labrado al presidente Abinader una reputación de probidad no se puede negar que hoy está en una difícil coyuntura. Ya no son la pandemia ni la guerra de Ucrania lo que mas daño hacen. Lo difícil es decidir como responder a las “irregularidades” de las auditorias a su propio gobierno. Algunos analistas piden una suspensión de los incumbentes y sometimiento a la justicia. Pero la gravedad de las inconductas podría estar limitada a un número corto de violaciones. Por otro lado, la decisión sobre una posible repostulación estaría sujeta a la reacción de la opinión pública sobre el avispero. Ella estará atenta a su proceder sobre estos casos, pero no hay duda de que su decisión de hacer publicas las auditorias es un gesto sin precedentes que merece aplausos cerrados.
A medida que nos adentramos al último año de la gestión presidencial se proyecta un laberinto que no es solo el avispero de auditorías que lo produce. Es también que los gobiernos se desordenan en vísperas de la culminación de su periodo de gestión, especialmente cuando el incumbente anuncia que no optará por la repostulación. Solo ese hecho hace deseable que el presidente Abinader aspire a reelegirse, pero lo más relevante seria que, haciendo honor a la memoria de su padre, pudiera continuar con el espíritu de transparencia que ha impregnado a su gestión. Aupar la corrupción permitiendo una vuelta al tenebroso pasado desmeritaría su imagen y lo perfilaría procelosamente en nuestra historia.