En nuestra actual coyuntura de desarrollo el ciudadano consciente debe librar la lucha contra la corrupción y la impunidad como una misión sacerdotal. Después de las últimas elecciones nacionales hemos logrado importantes avances en esa lucha. Pero continuamos lastrados por el control hipertrofiado del Estado por parte de la clase política. Hoy día se requiere quitarle de un tirón a esa clase el control de la Cámara de Cuentas. Una nueva configuración centrada en la sociedad civil aniquilaría las malévolas garrapatas que corroen la eficacia del gasto público.

Con el ubérrimo poder del voto la ciudadanía logró con el presente gobierno independizar al Ministerio Público. Ese paso trascendental ha estado dando frutos esperanzadores. También se ha logrado colocar personal idóneo al frente de la Dirección General de Contrataciones Públicas y de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, además de que se ha creado una Unidad Antifraude en el seno de la Contraloría General de la República. Sin embargo, del clave complemento de una Cámara de Cuentas reformada ha brotado un pus que enloda las reivindicaciones.

El pandemonio mediático generado en las últimas semanas respecto a la parálisis que arropa esa entidad ha catapultado su inoperancia al primer plano de la palestra pública. En primera instancia surgió una querella pública contra el presidente del organismo por acoso sexual a un par de las empleadas. Luego asistimos a una visita sin precedentes al pleno de parte de la procuradora general de la República y la directora de Persecución de la PGR, sin que de ella se derivara logro alguno. Esto fue seguido por una denuncia del presidente de estar maniatado por el pleno y forzado a tomar decisiones ilegales.

Las redes sociales dan cuenta de que es solo una de las juezas que bloquea el accionar de la Cámara y que la hace inoperante. También corre el rumor de que el senador Félix Bautista es el coordinador del sabotaje, aunque eso no se ha podido comprobar. (Los Estados Unidos ha congelado sus activos en bancos de ese puis.) Sin duda, entonces, hay razones para pensar que es la representante del PLD quien está entorpeciendo las operaciones de la Cámara y generando bochornosas acusaciones, tales como la esgrimida contra el actual presidente del organismo.

Frente estas anomalías el Congreso ha conformado una comisión para investigar la situación y adoptar los correctivos de lugar. De algunos legisladores ha surgido la propuesta de una reconfiguración de la entidad y de hasta un juicio político a sus incumbentes. Pero en una reciente comparecencia televisiva de Mario Fernández Burgos, el único de los 5 jueces de la Cámara sin origen partidario, se develó sin tapujos la naturaleza de la crisis: el pleno de la Cámara no permite que se entreguen 13 auditorías sobre gestiones pasadas de diferentes funcionarios porque eso comprometería penalmente a algunos de ellos que están siendo imputados por la PGR en los casos conocidos como “Salpicón de Mariscos”.

En el programa “Esta Noche Mariasela” Fernández Burgos también hizo otras importantes revelaciones. Dijo que la Cámara nunca ha auditado la ejecución presupuestaria de gobierno alguno y su personal es el mismo de la gestión anterior, estando manchado de las prácticas de maquillaje fraudulento y de ocultación de la verdad. Su sustitución debe hacerlo el pleno porque el presidente no está facultado para nombrar el personal. Tampoco se puede adoptar una nueva metodología que use la inteligencia artificial para hacer más eficientemente las auditorias porque el pleno no lo aprueba. La Cámara dispone de RD$700 millones en bancos para financiar todos los cambios, pero sin la aprobación del pleno no se puede avanzar gastar en nada que represente una reingeniería

Fernández Burgos dejo claro la necesidad de modificar la presente Ley No.10-04 de la Cámara de Cuentas para subsanar estos estorbos. En la breve entrevista no se abordó cuáles serían las modificaciones específicas. Pero quedóo claro la necesidad de una composición nueva del pleno de los jueces que se base en la pertenencia a los partidos políticos, aun sea de tres de sus miembros, no rendiría los frutos esperados. Replicar la membresía partidaria solo daría pie a que se repita el actual tranque y que en el futuro sea la clase política que continue auditándose a sí misma. Frente a ese prospecto esperpéntico procede plantear la necesidad de que la clase política renuncie a auditarse a sí misma en la Cámara de Cuentas. Es un contrasentido que ella siga controlándose a sí misma y, dada la posición de la Fuerza del Pueblo de que la independencia del Ministerio Publico no requiere una modificación constitucional, resulta en un oscuro futuro el asunto de la fiscalización efectiva del gasto público.

Si el Congreso se aboca a modificar la ley de la Cámara deberá aprobar y nombrar un conjunto de jueces que provengan de la sociedad civil.  Nada tiene más sentido de que sea la sociedad civil, como representación ciudadana, quien vigile y audite el gasto público que ejecuta la clase política. Fernandez Burgos es actualmente un representante idóneo de la sociedad civil en el pleno, pero la situación actual de la Cámara revela que uno solo de los cinco miembros del pleno con procedencia no partidarista no hace ninguna diferencia. Los cinco jueces deben provenir de la sociedad civil.

¿Cómo se escogerían esos jueces no partidaristas? Una formula aceptable seria que tres de los cinco jueces fueran representantes de instituciones de la sociedad civil (p. ej. Participación Ciudadana, FINJUS, ANJE). Los otros dos jueces serian personalidades independientes que hayan trillado un camino de activismo social y vocación de servicio público. El presidente del organismo seria elegido por los demás miembros del pleno, requiriéndose que por lo menos tres de los cuatro respalden la elección correspondiente.

La mejor selección para presidir una Cámara de la sociedad civil seria precisamente el Fernández Burgos. Él es un abogado graduado de la PUCMM de 40 años de ejercicio y una trayectoria de servicio en el prestigioso bufete J.M. Cabral. En la última década Fernandez Burgos ha sido un activista social en su natal Santiago. Fue cofundador de la ong Santiago Somos Todos y vicepresidente de la Fundación Masada. Su activismo contra la corrupción y la impunidad llevó a Transparencia Internacional y Participación Ciudadana a otorgarle el “Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2020”. Su ingreso a la Cámara de Cuentas fue en abril 2021 como el único juez con representación de la sociedad civil.

ChatGPT dice como la clase política puede ser fiscalizada por la sociedad civil. “Es necesario fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, promover la educación cívica, fomentar la participación ciudadana y utilizar herramientas tecnológicas para mejorar la fiscalización y el escrutinio de los políticos.” Obviamente, tales medidas serían mejor instrumentalizadas a través de un organismo como la Cámara de Cuentas (siempre que esta no responda a intereses partidarios). El desafío mayor, entonces, es lograr que la clase política se percate de que es un contrasentido que ella se fiscalice a sí misma.

Es cierto que la Cámara de Cuentas tiene 500 empleados y que a la clase política le podría interesar retener su control para colocar sus partidarios en esos empleos. Pero su razonamiento debe admitir que el país gana más con tener una supervisión efectiva del gasto público y que, en consecuencia, desprenderse de ese control es un deber patriótico. Esto sería un poderoso punto de inflexión en la lucha contra las salvajes embestidas de la corrupción. Ojalá y nuestra propuesta se debata primero en el CES y luego tenga una cálida acogida entre los congresistas de todos los partidos.