La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por terrorismo de Estado el pasado 30 de enero. La Comisión consideró que el Estado colombiano fue el principal responsable de la masacre de los miembros del partido Unión Patriótica (UP), partido formado en el proceso de paz entre la insurgencia armada de las FARC y el gobierno colombiano abierto en 1985, con el gobierno del presidente Belisario Betancourt (1982/1986) y continuado por el del presidente Virgilio Barco Vargas (1986/1990). En total fueron asesinados 6.402 miembros de la UP, entre ellos dos candidatos presidenciales. En su primera experiencia electoral, las elecciones de 1986, la UP quedó como la tercera fuerza política con el 11%, de los votos, sólo detrás de los dos partidos tradicionales, partido liberal y el partido conservador.
Las fuerzas del status quo de Colombia, opuestas a todo cambio, no podían tolerar que un partido legal, pacifico y apegado a los procesos electorales, creciera como lo hizo la Unión Patriótica. De esa forma fueron asesinados los dos candidatos presidenciales de la UP de 1986, Jaime Pardo Leal, y de 1990, Bernardo Jaramillo Ossa. Cinco senadores y 11 representantes (diputados) también cayeron víctimas de las balas de grupos paramilitares ayudados por el Ejército y la Policía. Decenas de alcaldes, miles de regidores, representantes de los departamentos (provincias) y simples militantes de la UP fueron asesinados, para un total de 6.402 militantes según la CIDH y la Comisión de la Verdad colombiana. Además fueron torturados, perseguidos y exiliados cientos y miles más.
¿El caso de la UP en Colombia vendría a demostrar que es imposible hacer cambios reales en el marco de los procesos electorales y legales de un país como Colombia? Y por tanto, particularmente en Colombia, vendría a justificar o a explicar la insurgencia armada de grupos revolucionarios que han marcado la historia de esa hermana nación al menos desde mediados de los años 1950. Cabe recordar, que en 1948 fue asesinado el líder popular, Jorge Eliécer Gaitán, candidato del partido liberal y seguro ganador de las elecciones, lo que dio inicio al periodo de guerra civil entre liberales y conservadores de 10 años, hasta 1958, “resuelto” por un acuerdo bipartidista, el llamado Frente Nacional, que se estipulaba terminaría en 1970 y se extendió hasta 1978. Con el Frente Nacional los dos partidos se repartían el Estado, los ministerios y todas las funciones públicas, desde jueces, fiscales y organismos de la administración pública. Todas las insurgencias políticas de los 60 y los 70, comenzando con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y continuada por otros movimientos entre los cuales algunos perduran hasta nuestros días, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al cual perteneció y cayó en combate el sacerdote Camilo Torres. En las elecciones de 1970 las fuerzas del Frente Nacional –liberales y conservadores- llevaron a cabo un fraude colosal contra el ex general Gustavo Rojas Pinilla, para arrebatarle el triunfo y poner en su lugar el candidato del FN, Misael Pastrana Borreo, lo que dio paso al surgimiento de la insurgencia armada del Movimiento 19 de abril (M-19) en la cual participó en actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Lo más llamativo de la histórica decisión de la CIDH del pasado 30 de enero de 2023, es la nula o casi nula cobertura que le dio a esta noticia histórica la gran prensa escrita, radial y televisiva de nuestro país. Muy distinto a la cobertura dada del llamado “terrorismo de izquierda” cuando se ha verificado en la región y en otras partes del mundo. Todo lo contrario a lo sucedido con los Acuerdos de Paz del gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010/2018) y las FARC finalizados en agosto de 2016 y amparados por el apoyo de los Estados Unidos. El relato de los medios de comunicación de nuestro país están sustentados por las agencias de prensa occidentales y en particular de EEUU, España, Gran Bretaña y Francia. Es muy raro ver en los medios “mainstream” del país noticias servidas por agencias regionales como Prensa Latina, Telesur, y otras internacionales como RT, Xinhua, o Sputnik. Una cosa es deformar la información, otra es ignorar absolutamente.
"Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política a la UP", indica la sentencia.
La CIDH, con sede en Costa Rica, notificó este 30 de enero de 2023 la sentencia a las partes e indicó que valoró positivamente un reconocimiento parcial de responsabilidad hecho por el Estado como una herramienta para el desarrollo del proceso, la vigencia de los principios que inspiran la Convención y la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas.
"La Corte pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica, que perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros", indicó el Tribunal.
Según la sentencia, los actos cometidos por el Estado "constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, que contó con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad".
La UP se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985 como resultado de un proceso de paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno nacional, detalló la CIDH. Poco menos de 40 años después, las victimas y los familiares del Genocidio de la UP, reciben un necesario reconocimiento y reparación. ¿Cuándo pasará esto en nuestro país para los asesinos de Manolo Tavárez y sus compañeros del 14 de junio; para los asesinos aún con vida de los expedicionarios de 1959; para los asesinados por las tropas de Wessin y el CEFA, y las tropas interventoras de los EEUU en 1965; para los asesinados en la campaña de limpieza después de 1966; para los asesinos de Caamaño y sus compañeros de Playa Caracoles en 1973?