Un ciclo de anuncios, cumplimientos anodinos y acciones dispersas, caracterizan los pasados 28 años de lucha contra la violencia (1996-2024). En este período, se cuenta un estimado de más de 122,500 muertes accidentales y violentas en toda la República Dominicana. Casi todos los países de América hoy superan a nuestra nación en muertes violentas por 100 mil habitantes.
Jamaica (60.9), Ecuador (44.5%), Honduras (31.1), Bahamas (26.8), Colombia (25.7), México (23.3), Brasil (18.7), Costa Rica (17.2), y Puerto Rico (14.4); entre muchos otros. Mientras nuestra nación se mantiene en valores entre 9-11 homicidios-feminicidios por 100 mil pobladores.
Franklin Almeyda Rancier, Rafael Suberví Bonilla, José Ramón Fadul, Carlos Amarante Baret y Jesús Vázquez Martínez han sido los ministros de interior y policial desde 1996 al 2024. Son los altos funcionarios a los que les correspondió la acelerada urbanización de la población dominicana a partir de la década de los años 90 del pasado siglo XX.
El diagnóstico de situación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al inicio de esos años 90, subrayaba la violencia urbana, agresión, frustración, delincuencia e inseguridad en toda América Latina. La magnitud en ascenso de este fenómeno, el perfil de las víctimas, el tipo de delincuentes, la violencia intrafamiliar y contra la mujer, los costos y formas tradicionales y emergentes de la delincuencia, además se hicieron para la ocasión, un fenómeno de opinión pública.
En 1998 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recalcaba el aumento de la violencia e inseguridad entre los habitantes de las grandes ciudades, en sus diferentes formas. Debía entenderse la violencia como un fenómeno multicausal, en el que concurren factores individuales, familiares, sociales y culturales, que inciden en los patrones de conducta doméstica y social.
Tomás Moulian, el creativo sociólogo de “Chile, la Anatomía de un Mito” plantea como hipótesis de la rápida urbanización que no dejó tiempo para la reconversión de las personas rurales ante los múltiples factores de inestabilidad e inseguridad asociados a vivir en los nuevos barrios de las ciudades latinoamericanas.
Las aceleradas modificaciones en el ámbito económico y el desarrollo de nuevas necesidades económicas, el deterioro en la calidad de vida de grandes sectores de la población urbana y la falta de solución a problemas, la desigualdad de la distribución del ingreso, rompió valores y generó trastornos mentales y morales en la nueva población urbana que había residido en el ámbito rural, hasta el boom de la urbanización de la década de los años 90.
Entrando en materia hoy 2024, puede establecerse que una buena tasa de control de homicidios-feminicidios es 0-5 por 100,000 habitantes/año. Cuando excedemos los ocho (8) fallecidos por 100 mil, se entra en epidemia en la metodología epidemiológica denominada canal endémico de violencia. Con umbrales epidémicos, endémicos y de seguridad. En los números, tenemos más dos décadas en epidemia. La sostenibilidad e institucionalidad están ausentes en muchas intervenciones.
Sin embargo, la verdad sea dicha la comparación de nuestros indicadores de homicidios por 100 mil habitantes deja muy bien posicionada la República Dominicana.
Proponemos siete (7) acciones de impacto, algunas sugeridas por la Estrategia Santiago 2030 y otros por un grupo de expertos amigos en especial el doctor Pedro Ramírez Slaive, para lograr victorias sostenibles contra la violencia.
La primera es fortalecer la reforma policial con nuevos recursos financieros. Continuar lo bueno que se hace que no es poco. Hay que prolongar la modernización del equipamiento policial, la estructura física de 100 cuarteles del corredor Duarte y construir el esperado edificio de la Policía Regional en Santiago, ubicado en los terrenos del Parque Central al lado del Sistema 911. La inversión en la modernización de la policía es fundamental. Sin embargo, es igualmente importante asegurar que estos recursos se utilicen de manera efectiva y transparente. La reforma debe incluir también capacitación en derechos humanos y técnicas de desescalada de conflictos.
Por Dios, al fin podremos cambiar esos uniformes grises fascistas. Peor aun, eliminar los uniformes “rameados” de batalla, que traducen una sociedad en guerra civil. También se deben aportar más equipos y tecnologías. Laptops, cámaras corporales, radares de mano, gas pimienta, tasares, candados de ruedas para vehículos, pincha llantas, chalecos antibalas, mejores macanas y esposas de seguridad personal. La USAID podría colaborar promoviendo acuerdos internacionales entre fuerzas policiales.
El segundo impacto es empoderar la ciudadanía con la creación por decreto y apoyo de los ayuntamientos, de 10 consejos de seguridad en municipios prevalentes. Cada uno de estos organismos con directores ejecutivos, seleccionados por concurso aliados a juntas de vecinos. Se espera que la creación de consejos de seguridad fomente la participación ciudadana y mejore la vigilancia comunitaria. No obstante, es crucial que estos consejos operen con una clara rendición de cuentas y no se conviertan en instrumentos de poder local descontrolado.
Una tercera intervención es dotar los principales barrios de Santiago y Santo Domingo, de 50 Casas de Justicia y Centros de Asesoría Legal con los Ayuntamientos. En las comunidades es que se resuelven los conflictos, antes de llegar a los tribunales. Establecer estos centros es un paso positivo hacia el acceso a la justicia. Sin embargo, deben garantizar servicios legales de calidad y ser accesibles para las comunidades más vulnerables.
La gestión cuarta, debiera conceder a las víctimas de violencia y familiares de fallecidos, la debida asistencia jurídica. La calidad de defensa pública de los acusados para demostrar en tribunales la supuesta inocencia de flagrantes y connotados asesinos, supera capacidades de los familiares de las víctimas de conseguir buenos abogados. La asistencia jurídica para las víctimas es esencial, pero debiera ir acompañada de apoyo psicosocial y medidas de protección para evitar la llamada revictimización durante el proceso legal.
La acción cinco es organizar un sistema de vigilancia epidemiológica. El ministerio salud sabe de eso. Debiera declararse la violencia y sus signos físicos como Eventos de Notificación Obligatoria (ENO) con mapas de riesgo en cada uno de los cuarteles. La violencia es epidemia y como tal debe tratarse. Hay signos sospechosos en mujeres y niños, que detectados oportunamente prevendrían fatalidades. La implementación de un sistema de vigilancia puede ayudar a identificar y responder a patrones de violencia. Resulta crucial que este sistema sea manejado con ética, seguimiento legal y respeto a la privacidad familiar de los involucrados.
El impacto número seis, es crear grupos educables de alto riesgo en violencia intrafamiliar. Militares, policías, deportistas, guardianes y serenos, son violentos “hasta que se demuestre lo contrario”. Están marcados por el riesgo de ejecutar una acción contra su familia, su entorno comunitario o laboral. La educación y la reeducación son claves para cambiar comportamientos violentos. Ahora bien, es importante evitar la estigmatización de ciertos grupos y enfocarse en programas basados en evidencia que promuevan cambios de comportamiento positivos.
Finalmente, la gestión se impone crear y apoyar financieramente 10 casas de acogida para mujeres agredidas. La Fundación Red Misericordia de Santiago es una referencia.
Los implicados en acciones violentas, requieren terapia de grupos y programas de responsabilidad social con la familia. Las casas de acogida son cruciales para ofrecer un refugio seguro. Es fundamental que las casas proporcionen no sólo protección, sino también servicios integrales que incluyan apoyo psicológico y ayuda para la reinserción social.