La sociedad dominicana celebra la elección del presidente, del vicepresidente, de los legisladores y de las autoridades municipales, cada cuatro años, como indica el Artículo 209 de la Constitución de la República Dominicana. Esta línea temporal está presente en la normativa con mucha claridad. Sin embargo, en la práctica de los partidos políticos la campaña electoral se desarrolla todos los días. Esta actuación es asumida con fidelidad asombrosa por los líderes de los partidos. Esta actividad político-electoral se evidencia a través de múltiples manifestaciones: publicidad continua de todas las bondades del gobernante de turno y del liderazgo del partido; pronunciamientos periódicos sobre los excelentes proyectos que sueñan para salvar el país; inauguraciones forzadas para mostrar el arduo trabajo que desarrollan a favor del pueblo; visitas en contexto, para movilizar a los afiliados y simpatizantes; intensidad electoral al último grado el año anterior a las elecciones y otros actos acompañados de ruidos que lesionan la salud personal y colectiva.
La campaña preelectoral se convierte en un proceso de sensibilización y de identificación afectiva con la causa del partido o de la organización implicada en el proceso eleccionario. Se desarrollan estrategias que acentúan la instrumentalización de las personas, particularmente de aquellas que tienen una formación vulnerable. Es preocupante, también, el gasto de los partidos políticos en las actividades de la campaña electoral. La situación se agrava, por la falta de régimen de consecuencias para la gestión ética del dinero que reciben. A pesar, de los informes mediatizados de la gestión económica, los partidos, grandes y pequeños continúan recibiendo dinero. De esta forma se legitima la corrupción y la falta de institucionalidad de la actividad política.
La importancia de la campaña preelectoral es creíble si fortalece la calidad de la educación y la corresponsabilidad de los ciudadanos. Además, si la actividad política responde a un código ético que busca el bienestar personal y colectivo. Se espera que toda campaña electoral fortalezca la institucionalidad y propicie un ejercicio ciudadano consciente y comprometido con el desarrollo integral del país. En esta perspectiva, el 2023 enfrenta el desafío de impulsar una nueva cultura preelectoral. Para avanzar en esta dirección, se han de respetar y asumir las directrices de la Junta Central Electoral (JCE). De igual manera, los centros educativos, las instituciones de Educación Superior, los Medios de Comunicación Social y las redes sociales, han de colaborar para que la formación sociopolítica favorezca la participación de las personas en la campaña preelectoral con la dignidad, información y formación debidas.
Para cambiar la cultura alienante de la campaña preelectoral actual, la JCE debe, ante todo, asumir su rol con la firmeza y responsabilidad requeridas. Esta institución no puede comportarse como instrumento de los partidos, ha de ser un referente marcado por la coherencia y el respeto a la institucionalidad de los procesos electorales y de la institución como tal. Una nueva cultura en la campaña preelectoral requiere una legislación electoral definida y actualizada. En este ámbito, la JCE necesita más apoyo de los legisladores. Estos, no deben bloquear el trabajo de la JCE; han de responder con más seriedad. El cambio cultural que se ha de potenciar en la campaña preelectoral, demanda el desarrollo de procesos sistemáticos de información de calidad; la formación del pensamiento crítico y el estudio de las temáticas electorales que presenta la Constitución de la República Dominicana y las que prioriza la JCE.
No se plantea cualquier cambio. La sociedad dominicana requiere un cambio cultural real, que concite la atención y el apoyo de la diversidad de sectores y actores sociales. Urge pasar, del descrédito de la política, al ejercicio de una acción política fundamentada y humanizante. Esto contribuirá a una comprensión crítica de la campaña preelectoral y a un ejercicio ciudadano, más lúcido y comprometido.