La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de suspender las actividades de esa instancia en Venezuela, y subrayó que está examinando cómo actuar ahora que su personal tiene 72 horas para salir del país sudamericano y caribeño.
"Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos a seguir", indicó en un breve comunicado la portavoz de la oficina Ravina Shamdasani.
"Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas", agregó la portavoz de la oficina dirigida por el alto comisionado Volker Türk.
Su antecesora en el cargo, la chilena Michelle Bachelet, había firmado un acuerdo en 2019 con el Gobierno de Venezuela para que este cooperara en el respeto a los derechos humanos, lo que permitía la presencia continua en el país de oficiales de derechos humanos de la ONU.
Bachelet acudió a Caracas luego de que un informe de su organismo acusara al Gobierno de Nicolás Maduro de "graves vulneraciones de derechos" y documentara, entre otros graves hechos, más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas solo entre enero de 2018 y mayo de 2019.
El Gobierno venezolano argumentó este jueves que la oficina de Naciones Unidas en la capital nacional ha "instrumentalizado" su trabajo en contra del Ejecutivo de Maduro.
También señaló que hará una "revisión integral de los términos de cooperación" acordados en 2019 con el órgano de Naciones Unidas, y ordenó la expulsión de 13 funcionarios que operan en Caracas.
Debe rectificar "actitud colonialista, abusiva y violadora
Venezuela "solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en la siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas", indicó el canciller venezolano Yván Gil.
Esta decisión se produce un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, asegurase que el Gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país, que concluyó este miércoles.
Venezolana símbolo de DDHH en celda del Servicio Bolivariano de Inteligencia
La activista venezolana Rocío San Miguel, acusada de su supuesta vinculación con una enésima conspiración que incluía el asesinato del presidente Nicolás Maduro, cumple este jueves seis días detenida, un hecho que se confirmó solo cuando ONG y partidos opositores denunciaron su "desaparición forzosa", lo que ha levantado un masivo rechazo dentro y fuera del país.
San Miguel -recluida en El Helicoide, sede del cuerpo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas- enfrenta un proceso judicial por "traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación", según la acusación del Ministerio Público (MP, Fiscalía afín a Maduro), que niega que en la detención se haya configurado una "desaparición forzada".
Además de la activista, beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2012, también fueron detenidos cinco de sus familiares y allegados, entre ellos una expareja, quien sigue detenido, mientras que los cuatro restantes -dos hermanos, hija y el padre de esta- fueron excarcelados con "prohibición de salida del país" y "de declarar a los medios".
A continuación, un resumen de los turbulentos días de este caso:
Sábado 10 de febrero: la denuncia
Los rumores que circularon toda la jornada del sábado sobre la supuesta detención fueron confirmados por organizaciones no gubernamentales cerca de la medianoche de ese día, cuando denunciaron que San Miguel ya había sido aprehendida el viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía -que sirve a Caracas-, donde tenía previsto tomar un vuelo junto con su hija, y desde entonces, se desconocía su paradero.
Domingo 11 de febrero: la confirmación
Dos días después de su captura, el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó la detención de San Miguel, contra quien -aseguró- se emitió una orden de captura por "estar presuntamente vinculada" con una "trama conspirativa" que buscaba "atentar en contra de la vida del jefe de Estado" y otros "altos funcionarios", así como el "ataque a varias unidades militares".
Lunes 12 de febrero: presentación ante tribunales
Un total de 204 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil venezolana, además de la CIDH, condenaron la "desaparición forzada" de San Miguel, cuya defensa confirmó a EFE que también estaban "desaparecidos" cinco familiares y allegados, quienes luego fueron presentados ante un tribunal en materia de terrorismo.
Martes 13 de febrero: solidaridad cuestionada
El Gobierno cuestionó la "solidaridad automática" con "quienes son investigados por delitos contra el orden constitucional en Venezuela", donde ese día se decretó la privación de libertad contra la activista y su expareja Alejandro González, mientras que los otros cuatro -Miranda Díaz San Miguel (hija), Miguel Ángel y Alberto San Miguel (hermanos) y Víctor Díaz Paruta (padre de Miranda)- fueron excarcelados.
Miércoles 14 de febrero: supuesto allanamiento
Una treintena de miembros de organizaciones en Venezuela catalogaron como un "ataque feroz" al espacio cívico y a los defensores de DD.HH. el caso de Rocío San Miguel, cuya vivienda, horas después, fue allanada, según la defensa, que teme que "pudieran estar sembrando evidencias", un hecho que también fue rechazado por ONG, activistas y políticos opositores.