El teniente coronel Mauro Cid, edecán del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, se presentó este martes ante una comisión parlamentaria que investiga la frustrada asonada golpista del 8 de enero, pero se negó a declarar y se mantuvo en un inmutable silencio.
La sistemática negativa a responder del exedecán, procesado en ocho causas judiciales, hasta le llevó a callar cuando la diputada comunista Jandira Feghali le preguntó su edad, tras lo cual el jefe de la comisión, Arthur Maia, anunció que estudiará la posibilidad de denunciarlo ante los tribunales por desacato.
El militar está en prisión desde mayo pasado. Es acusado de alentar actos antidemocráticos y de difundir información falsa, entre otros asuntos, entre ellos haber falsificado certificados de vacunación contra la covid-19 para el exmandatario y su familia.
Se presentó vistiendo su uniforme de teniente coronel, ropa que tenía en su celda ya que fue trasladado desde la cárcel hasta el Parlamento para declarar ante la comisión, pero se negó a responder durante las más de ocho horas que duró la sesión.
Amparado en un habeas corpus expedido por la Corte Suprema, el militar alegó previamente que, por estar en prisión preventiva e investigado, no podría comentar asuntos que pudieran incriminarle.
El hombre de la mayor confianza de Bolsonaro, fue edecán entre 2019 y 2022 y, tras su detención por falsificar certificados de vacunación, la policía encontró en su teléfono mensajes de claro tenor golpista posteriores a las elecciones de octubre que ganó el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Mantener a Bolsonaro en el poder
Entre esos mensajes, figuraban algunos en los que se planteaba la destitución de los jueces del Supremo y de la Justicia electoral, para luego anular las elecciones, decretar un estado de sitio y mantener a Bolsonaro en el poder.
La comisión parlamentaria fue instaurada a pedido de la oposición bolsonarista, que intentaba "demostrar" que el Gobierno de Lula fue "omiso" en términos de seguridad y facilitó la acción de los miles de activistas de ultraderecha que en enero asaltaron las sedes de los tres poderes de la nación con la intención de forzar un golpe.
Sin embargo, la comisión está dominada por el oficialismo, que ha dirigido la investigación hacia los "autores intelectuales" de ese ataque a la democracia, entre los cuales figura el propio Bolsonaro, investigado por esos hechos en la Corte Suprema.
Por su dura y permanente prédica contra las instituciones democráticas, Bolsonaro ya ha sido despojado de sus derechos políticos durante ocho años por la Justicia electoral, que le declaró culpable de "abusos de poder" político y económico en el marco de la campaña para los comicios ganados por Lula.