Nicaragua retiró este martes la nacionalidad y confiscó sus bienes a 135 expresos políticos enviados a Guatemala la semana pasada tras una mediación de Estados Unidos, a los que acusó de tentar contra la soberanía nacional.
La propia ONU denunció este martes una reciente ley aprobada por el parlamento de Nicaragua, controlada por el gobierno de Ortega, que podría intensificar, en su opinión, la "represión" de los nicaragüenses exiliados, cuyos derechos se denominaban "proteger".
La resolución del tribunal de Managua ordena la "pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la Soberanía, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense" y "dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados", según el comunicado.
Con esta decisión, 451 opositores nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad desde inicios de 2023, según un recuento de la AFP en base a datos oficiales.
El pasado jueves, el gobierno de Ortega liberó por razones humanitarias a 135 presos políticos que fueron acogidos ese mismo día por Guatemala, gracias a una mediación de Estados Unidos.
La Casa Blanca dijo que consiguió la liberación de estos presos, entre ellos 13 miembros de la organización evangélica radicada en Texas Mountain Gateway, laicos católicos, estudiantes y otras personas que Ortega y Murillo "consideran una amenaza para su régimen autoritario".
Ortega, que gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, volvió al poder en 2007 y es acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen autoritario.
Su gobierno reprimió duramente a las voces críticas tras las protestas prodemocracia de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
En 2023 excarceló, expulsó y despojó de nacionalidad y de sus bienes a 316 políticos, periodistas, intelectuales y activistas críticos, a quienes acusó de traición a la patria.
También arremetió contra la iglesia católica y cerró unas 5.500 oenegés, muchas de ellas religiosas.