El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) lanzó esta semana una serie de entrevistas enfocadas en las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su impacto sobre los derechos de las poblaciones más vulnerables, incluyendo inmigrantes, LGBT+, la equidad y la seguridad en los planteles escolares.

La serie profundiza en las medidas ejecutivas de Trump y cómo estas afectan directamente a Puerto Rico.

Los analistas y expertos entrevistados explican los efectos de las políticas sobre la comunidad migrante y otros grupos, destacando los desafíos que enfrentan en medio de un ambiente de miedo e incertidumbre.

Entre las voces destacadas en la serie están Amanda Pérez Pintado, Cristina del Mar Quiles, y Tatiana Díaz Ramos, quienes se encargaron de las entrevistas. La producción técnica estuvo a cargo de Nore Feliciano y Brandon González Cruz.

La directora ejecutiva de ACLU – PR, Annette Martínez Orabona, subrayó que el Gobierno de Puerto Rico tiene el poder de implementar medidas para proteger los derechos de las comunidades migrantes en la isla, en respuesta a las políticas migratorias de Trump.

Por su parte, Osvaldo Burgos Pérez, abogado y portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE), criticó las directrices de Trump que limitan el reconocimiento a solo dos sexos: masculino y femenino.

Según Burgos, esta medida excluye a las personas trans, no binarias e intersex, retrocediendo más de un siglo en la lucha por los derechos fundamentales de la comunidad LGBT+.

El liderazgo magisterial de las organizaciones Educamos y la Federación de Maestros de Puerto Rico condenó la política migratoria de Trump, que permite operativos de las autoridades federales en las escuelas.

Los líderes señalaron la creciente ansiedad entre las comunidades escolares y urgieron a establecer protocolos para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y sus familias.

La abogada y exsenadora Zoé Laboy Alvarado afirmó que las políticas migratorias del gobierno de Trump se reflejan en las medidas impulsadas por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Legislatura de Puerto Rico, lo que sigue una línea de discriminación en el tratamiento de diversas comunidades.

Finalmente, la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godreau Aubert, destacó la falta de una política pública clara por parte del Gobierno de Puerto Rico ante las acciones ejecutivas de Trump.

A pesar de ello, las organizaciones locales están tomando la iniciativa para proteger los derechos de las personas afectadas.