Participación Ciudadana entregó el pasado viernes sus reconocimientos anuales en Integridad y Lucha contra la Corrupción, que en este año 2022 resultó colectivo, pues se entregó al Ministerio Público en las personas de Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, y Wilson Camacho, Procurador General Adjunto y director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Celebramos ese reconocimiento, entregado el mismo día que se conmemora el Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción, en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Aparte de las razones, muy válidas, por las que PC entregó los reconocimientos a Yeni Berenice y a Wilson Camacho, y de la coherencia que estos reconocimientos guardan en el desempeño del brazo dominicano de Transparencia Internacional, hay que decir que los dos discursos pronunciados por los dos jóvenes, miembros del Ministerio Público, resultaron piezas dignas de conservar como parte de la memoria de la dignidad en el rescate de una institución que quedó sepultada por la política partidista y medalaganaria de autoridades que, antes de asumir esta gestión, desvirtuaron la labor de una institución poderosa y meritoria en sus funciones como es la Procuraduría General de la República.

Las palabras de Yeni Berenice Reynoso resultan más de iluminadoras sobre lo que está ocurriendo con esos funcionarios, que han dado su tiempo, su entrega, su vida, su seguridad, han dejado a un lado a sus familiares, para cumplir con un deber que entienden esencial para que la sociedad dominicana se sacuda de la traba de la corrupción y la impunidad. Y que no es una tarea placentera ni fácil, sino dolorosa, compleja, llena de riesgos y de manipulaciones, y que generalmente quienes deben juzgar los actos que denuncia el Ministerio Público, no están a la altura que las circunstancias demandan.

La política primaba en las decisiones del Ministerio Público del recién pasado gobierno y los anteriores. El poder político era quien decidía a quien acusan y a quien condenar. Y eso no es justicia, ni es lucha contra la corrupción. Eso es engaño y manipulación.

“Ver un caso de corrupción en los roles de los tribunales era una especie de elefante blanco y cuando solían ser llevados, en alguna excepción,  por lo general los imputados terminaban beneficiados con la jurisprudencia de la corrupción, frase que acuñé a partir de la realidad que viví en 2005, en ocasión del caso conocido como “Educación”, y no me refiero a la investigación actual que tenemos en curso”, dijo Yeni Berenice Reynoso, quien vivió su primera experiencia en 2005, y luego volvió a vivirla en 2010, y en 2014, y luego se repitió hasta que la despojaron de su despacho como fiscal del DN:

“Pero volví a vivir la misma experiencia en 2010, con el caso de Aduanas, y en 2014, con el del exministro de Obras Públicas, en el que el imputado terminó con un archivo y la fiscal terminó siendo acusada”. Es una vivencia de una fiscal honesta, servidora pública que desea cumplir con su deber, independientemente de las consecuencias. Una persona que sueña con la salvar la patria, de la corrupción y la impunidad.

Y se preguntó, con justicia y claridad: “¿Por qué no nos atrevemos a debatirlo desde la academia o la escuela de Derecho? Quizás porque nos daremos cuenta de que la realidad es que somos unos de los países con leyes sustantivas y procesales más beneficiosas para la corrupción y para eso es suficiente hacer un breve ejercicio de Derecho comparado, por ejemplo, con Colombia, y otros países de la región”.

Ya no hay que pedir permiso para hacer una investigación. Ya hay fiscales con calidad y capacidad, con independencia y dignidad, para escarbar en donde antes -por razones políticas- no era posible. Y Yeni lo dice, sobre el miedo que había antes y las amenazas de que el partido en el poder podría aplicar:

"Eso es algo que este equipo, bajo la dirección de la procuradora general Miriam Germán Brito, a quien reconocemos y agradecemos, tiene más que claro que, como dijo Ghandi, “no vamos a disculparnos por hacer lo correcto”.

Esta es una frase de la directora de Persecución de la PGR:

Recientemente cuestionamos a un procesado por qué accedió a pagar soborno y no denunció la extorsión y esta persona respondió: ¿A quién usted quería que le denunciáramos que nos estaban extorsionando y exigiendo un pago de soborno si lo estaba haciendo el propio Procurador General de la República?”

Es tiempo de dejar atrás esa tragedia. El ente de persecución está bajo la responsabilidad de personas honestas.

El poder político en este gobierno no interviene en las decisiones del Ministerio Público. Y Yeni Berenice tiene méritos y crédito para decirlo:

“Esto pone de manifiesto que si bien es cierto que todas las manifestaciones de corrupción son terribles para cualquier país, la que viene de la administración de justicia tiene un impacto devastador para toda la sociedad. Cuando el que está llamado a hacer cumplir la ley usa su poder para violarla en perjuicio de los demás se lacera profundamente el objetivo de la justicia.

En la lucha actual contra la corrupción debemos reconocer que el Poder Ejecutivo nunca ha interferido en nuestro trabajo y que de hecho se han establecido recursos especiales al Ministerio Público para fortalecer la lucha anticorrupción”.

Asumimos como un compromiso las palabras de la directora de Persecución, de que ninguna investigación ha sido detenida, ni lo será, independientemente de que los procesados sean Donald Guerrero o Diandino Peña:

"Esa es la razón por la que muchas veces nos tomamos un tiempo que algunos consideran excesivo, pero los casos están listos cuando lo están, lo que sí ustedes pueden tener la seguridad es que este Ministerio Público no ha parado una sola investigación ni lo hará".

Que así sea.