Editorial

Una vergüenza más para la justicia

El poder judicial está en serio cuestionamiento en este momento, no solo por este caso, sino por los casos anteriores en que jueces no han encontrado causa para condenar a los implicados en el caso Odebrecht, ni en el caso Tucano

Por Acento.com.do

Yuniol Ramirez, doble víctima: Fue asesinado y una parte de sus asesinos fueron descargados

El caso Yuniol Ramirez concluyó en primera instancia, y sus resultados no podrían ser más desastrosos para la institucionalidad y la credibilidad de la justicia.

Todavía no se conoce íntegra la sentencia de las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeyda Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Independientemente de lo que argumenten, la sentencia que han emitido presenta serias debilidades y luce más que una sentencia, una manera de garantizar impunidad a políticos irresponsables que utilizaron el poder para quitar la vida a otros ciudadanos.

La impunidad no puede ser garantizada a personeros de la política, como acaba de ocurrir con los señores descargados de este proceso, principales funcionarios de una entidad estatal en la que se mandó a quitar la vida de un abogado, Yuniol Ramirez, sin importar las razones que se argumenten.

La condena a 20 años de cárcel el señor Argenis Contreras, el huido, el que no era posible descargar porque las evidencias lo sepultaban de tal modo que cualquier juez sabía que en ese proceso a ese señor le cabía la pena máxima. 

El tribunal tiene que explicar bien su sentencia. No se trató de un asesinato individual de Argenis Contreras. Fue un asesinato premeditado, organizado, estructurado desde la cabeza de la entidad OMSA, para quitar del medio al abogado. ¿Cómo explicará el tribunal la individualización de la sentencia?

O acaso se olvidó que a Yuniol Ramirez le asesinaron, y le ataron blocks al cuello. Acaso olvidaron que a Yuniol Ramirez lo fueron a buscar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde impartía docencia, y de allí con estratagemas lo golpearon, lo ataron, lo secuestraron, lo asesinaron y los amarraron por el cuello, además de que lo lanzaron en una cañada, para que su cuerpo de descompusiera y jamás fuera encontrado.

Fue un caso de corrupción en la administración pública, agravada por la participación del director financiero de la OMSA, Faustino Rosario Díaz, a quien apenas le impusieron un año de prisión. Y mayor indignación provoca el descargo a favor de Manuel Rivas, director de la OMSA, altamente implicado en estos hechos.

El Ministerio Público hizo su trabajo, investigó el crimen, recopiló las pruebas, interrogó a los implicados, se ayudó de los familiares de la víctima, a quienes representó como representante de la sociedad. Pero las juezas miembros del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional no asumieron como serio ese trabajo. El poder judicial está en serio cuestionamiento en este momento, no solo por este caso, sino por los casos anteriores en que jueces no han encontrado causa para condenar a los implicados en el caso Odebrecht, ni en el caso Tucano. Parece muy obvio que en este país, cometer un crimen y salir ileso de la justicia sí es posible si el imputado forma parte de una fuerza política con poder de influir en las decisiones de los tribunales. Es una vergüenza.

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