Hasta el momento el gobierno de los Estados Unidos no ha reaccionado al comunicado del gobierno dominicano, cuestionando sus críticas a la supuesta discriminación migratoria de ciudadanos de color por parte de la República Dominicana.
Desconocemos cuánto tiempo podría estar el gobierno dominicano en la espera de una respuesta del gobierno de los Estados Unidos.
Sabemos, eso sí, que para cualquier gobierno es difícil rectificar una postura pública. Y más difícil resulta si quien tiene que rectificar mantiene y ha mantenido una posición dominante en la política internacional, como es en este caso Estados Unidos.
Por ejemplo, Estados Unidos tiene la política de que no negocia con terroristas, independientemente de que la vida de funcionarios norteamericanos esté en peligro.
Hay varios casos en que se podrían mencionar excepciones a esta regla. Una de ellas ocurrió en la República Dominicana, cuando el coronel Donald J. Crowley fue secuestrado por un comando del Movimiento Popular Dominicano, el 24 de marzo de 1970. La liberación no la negoció Estados Unidos, pero sí la negoció el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, quien puso en libertad a 19 o 20 presos políticos izquierdistas por la liberación de Crowley.
Bien pudiera Estados Unidos tomar en cuenta tantos elementos favorables en sus relaciones con la República Dominicana. Incluso, podría tomar en cuenta que en este caso la reacción de la sociedad dominicana, por vía de los grupos empresariales, políticos y de la sociedad civil, ha sido adversa a su crítica. También podría incluir que los representantes de la Unión Europea en la República Dominicana, y del sistema de las Naciones Unidas en la media isla, han hablado favorablemente del país, reconociendo el derecho que tiene la República Dominicana para tomar decisiones libérrimas de control migratorio, como lo hacen Estados Unidos y los demás países democráticos.
Si Estados Unidos desea otras cosas, por ejemplo que el gobierno dominicano acepte campos de refugiados haitianos próximos a la frontera, es otra cuestión bien distinta del tema del racismo y discriminación. Es cierto que la proximidad frontera sería una ventaja para la comunidad internacional que desee ayudar a Haití. Pero la política local, la decisión del gobierno, y de anteriores administraciones, ha sido negar esa posibilidad. Las repercusiones que esa decisión tendría serían impredecibles.
Ya la República Dominicana ha asumido una carga voluminosa, importante en términos sociales y presupuestarios, con la migración no documentada haitiana. Pedir más de lo que hemos dado como país, podría parecer un exceso, tomando en cuenta que Estados Unidos y los demás países, incluyendo los del llamado Core Group, han hecho poco o se han desentendido de su responsabilidad frente a la crisis humanitaria en que se encuentra Haití.
Estados Unidos ha volcado toda su ayuda a Ucrania. Europa también. La crisis humanitaria más cercana la tiene Estados Unidos en Haití, con el riesgo de que esa crisis se expanda a la región y termine contagiando a la República Dominicana, y luego a otros países del área, incluyendo la Florida, que es un estado norteamericano que ya tiene experiencia en el manejo de crisis migratorias haitianas, verbigracia, los boats people de los años 92-93 del siglo pasado.
Estados Unidos debía rectificar. Y si desea que lo haga discretamente, estableciendo un diálogo discreto con el gobierno dominicano, aportando fórmulas para que la crisis haitiana disminuya. República Dominicana no está pidiendo apoyo para sí. Eso debe quedar claro. República Dominicana ha pedido apoyo y solidaridad con Haití, y por razones históricas, tanto Estados Unidos como Francia, están más que obligados a ofrecer el apoyo que necesita Haití en las actuales circunstancias.