En democracia no se puede obligar a los ciudadanos a votar. Es una opción de cada quien decidir si ejerce ese derecho o no lo ejerce. Y no se puede obligar a nadie a acudir a las urnas cuando haya un proceso para le elección de autoridades.
En la dictadura de Trujillo era obligatorio votar, y votar por el Partido Dominicano, que era siempre el postulante del candidato ganador. A las personas se les obligaba, para disfrutar de los actos civiles, mostrar la cédula con el sello de la última votación. Cambiar un cheque en una entidad financiera, casarse, bautizar un hijo, ser padrino de un sobrino eran actos en los que se obligaba a presentar la cédula con el sello de haber votado.
Algunas personas han expresado preocupación por el alto nivel de abstención en las pasadas elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Cerca del 50 por ciento de los ciudadanos decidió no asistir a las elecciones. Es la mayor fiesta democrática del país, porque los partidos políticos se entusiasman, ofrecen candidaturas atractivas y aspiran a bien gobernar. Y para ello requieren que los ciudadanos le voten.
Una parte de los ciudadanos ha expresado inconformismo, insatisfacción, desgano, desencanto y se niega a acudir a las elecciones, porque entiende que todos los candidatos mienten al prometer villas y castillos y luego hacer lo que les da la gana. El que se abstiene no le da importancia al acto de votar. Y no hay razones para obligarlo, para imponer sanciones por no acudir a la elección.
El semanario Camino, de la Iglesia Católica, ha publicado una nota editorial breve y bien ponderada sobre esta cuestión, que debemos tomar en cuenta. Corresponde a los políticos reconquistar la confianza de los ciudadanos en las elecciones, y demostrarles que las elecciones son un acto relevante, que incide en la vida de cada quien.
Las causas reales
El voto es preciado. Es la herramienta sin violencia más poderosa que tenemos en una democracia, y debemos usarla. Así lo expresó John Lewis, norteamericano que se destacó por defender los derechos civiles.
En nuestro país, muchos ciudadanos lamentablemente, han ido perdiendo el deseo de ejercer este derecho. Los altos niveles de abstención que hemos visto en los recientes procesos electorales así lo demuestran.
Pensamos que una de las causas de esta actitud de pereza y rechazo del voto, ha sido la falta de coherencia de muchos políticos, que han hecho de esta ciencia, un mercado. Su conducta ha estado divorciada de la ética, y algunos son mercaderes del sufrimiento de los empobrecidos, haciendo de la riqueza mal habida, su meta. Sus principios fueron echados al olvido.
Ahora quieren recobrar la participación masiva de los ciudadanos en las elecciones, imponiendo el voto obligatorio, y esa no es la mejor opción.
Necesitamos una clase política que piense en el bien común, y no en sus intereses personales y grupales. Sólo así, el fenómeno de la abstención llegará a su mínima expresión.
Hay quienes argumentan que imponer la obligatoriedad del voto hará más sólida la democracia dominicana. La hará más débil, menos democracia y menos creíble.
El respetado constitucionalista Eduardo Jorge Prats ha publicado un artículo justificando el voto obligatorio, como parte del compromiso y deber ciudadano con el sistema democrático, y sugiere sanciones: “Estas sanciones incluyen el pago de multas, el despido de empleos públicos, la proscripción para ocuparlos, recargos impositivos y la suspensión del derecho de sufragio”.
Aunque algunos países han adoptado legislaciones (Argentina, Brasil, Bolivia, Perú y Uruguay), que no dejan de ser abusivas en los contextos en que se han aprobado, la República Dominicana no debe cometer el error de imponer obligatoriedad y sanciones para el ejercicio del derecho al voto. El derecho se ejerce o no se ejerce, y depende siempre del ciudadano. Las personas tienen derecho a transitar, y si desean no hacerlo nadie la puede obligar, o el derecho al trabajo, nadie puede ser obligado a trabajar, o el derecho a ejercer compromisos civiles como tener hijos, formar familia, acudir a alguna universidad, o asistir a misas. Igual pasa con el derecho al ejercicio político de votar en unas elecciones. Ningún país fortalece su régimen democrático por obligar a los ciudadanos a votar.
Las dictaduras son, históricamente, las que obligan a los ciudadanos a votar, porque aspiran a conseguir la unanimidad, de cualquier forma posible. Ninguna unanimidad es creíble en los tiempos modernos, y en el caso de los procesos electorales siempre votarán los que se entusiasmen y confíen en las candidaturas que se presenten, sin importar si en el voto aparece un acápite designando a “ninguno”. Obligar a las personas a desplazarse de lugares donde trabajan hasta lugares donde aparecen en el padrón electoral es un abuso. El costo del desplazamiento podría ser muy alto: Pasaje ida y vuelta desde Higuey (Punta Cana) hasta Montecristi, más el tiempo del desplazamiento, es un costo excesivamente algo.
Lo que podría hacerse es que la JCE facilite que las personas cambien de lugar de votación con cierta agilidad, y que esos cambios sean incorporados sin mucha burocracia, y sin hacer que la gente pierda tiempo en lograrlo. Incluso, que esos cambios puedan hacerse digitalmente. Esa podría ser una de las salidas. Sobre el padrón de electores hay excesivas presiones. Sobre la cédula de identidad y electoral igualmente hay muchas dudas e incertidumbres. Todo ello debe revisarse y facilitar que la gente tenga posibilidad para ejercer el voto, incluyendo el voto electrónico desde lugares distantes, que es una opción cada día más segura y fácil de lograr. Este podría ser el camino para facilitar una participación ciudadana en las elecciones más representativa y reducir la abstención.