El presidente Luis Abinader y su gobierno han sido políticamente correctos con la institucionalidad y el respeto a los mecanismos de representación que se han establecido, designando funcionarios no perremeistas mediante decreto, y en los que requieren el consenso aprobando profesionales independientes.
Así ocurrió con las designaciones de Miriam Germán Brito y Yeni Berenice Reynoso, desde el primer día de la instalación del gobierno, para dirigir un ministerio público sin apego a los afanes políticos y partidarios.
No podemos dejar de anotar que el Ministerio Público es el organismo más poderoso y eficaz con que cuenta el Estado Dominicano. Puede apresar a cualquier ciudadano que haya violado la ley, y proceder a su acusación, independientemente de que sean ministros o detenten altos cargos en el aparato burocrático del Estado. Esa decisión fue fundamental para evitar que la persecución judicial por actos de corrupción en la pasada y en la presente administración se convirtiera en motivo de disputas políticas.
Luego el presidente designó a Carlos Pimentel al frente de la importante Dirección General de Compras y Contrataciones. Y ha sido muy eficiente, porque ha enfrentado a funcionarios del gobierno y ha sido muro de contención de conflictos de intereses y desaciertos, que bien pudieron convertirse en escándalos mayúsculos. Verbigracia el caso Intrant.
El presidente designó al frente del Consejo Económico y Social (CES) al profesor Rafael D. Toribio, un independiente con amplia fama de analista moderado, más vinculado con la sociedad civil que con el partido de gobierno. Allí se han colocado los 12 grandes proyectos de reformas estatales del presidente de la República, incluyendo una modificación de la Constitución que no tocaría el tema de la reelección presidencial.
El Tribunal Superior Electoral ha sido un organismo esencial para la parte política, y sus designados por el Consejo Nacional de la Magistratura son jueces y profesionales del derecho, independientes, sin máculas o amarres con los partidos, incluyendo el de gobierno, que han desempeñado un rol eficiente y oportuno.
Lo mismo hay que decir sobre la designación de los miembros titulares de la Junta Central Electoral, en los que el presidente Luis Abinader mantuvo su postura de respetar la independencia de ese organismo y se negó, pese a todas las presiones, a designar a nadie que tuviera vínculos políticos con su partido, el PRM. Los resultados están a la vida de todos, y ha sido un gran acierto.
Recientemente el Consejo Nacional de la Magistratura designó cinco miembros del Tribunal Constitucional, y hasta el momento las ponderaciones y valoraciones coinciden que se trató de una buena selección, sin ataduras políticas. Habrá que ver los resultados cuando se conforme la totalidad del nuevo Tribunal Constitucional, con la presidencia de Napoleón Estévez, si el rumbo escogido por el presidente y los miembros del CNM es el correcto o fue un desacierto.
Muchas otras designaciones podrían ser analizadas, pero entendemos que las mencionadas aquí son una muestra del perfil institucionalista del presidente Abinader y de la administración gubernamental.