La Policía Nacional ha desempolvado los archivos de fichas de esa entidad y varios casos han surgido a la luz pública, creando indignación y sospecha de que el país podría estar retrocediendo en materia de derechos humanos y libertad de tránsito, así como la libertad para hacer actividades políticas y profesionales.
Los archivos injustificables de fichar opositores al régimen de los 12 años de Joaquín Balaguer parecieran estar reviviendo en el siglo XXI y en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Ocurrió con el profesional y antiguo dirigente de izquierda Juan Bautista Castillo Pujols (Tita), quien fue detenido por agentes policiales, les fueron quitados sus documentos de identidad y fotografiados, y cuando tuvo acceso a la Procuraduría General de la República no había nada en su contra. La patrulla policial que se ocupó de detener a Tita recibió viejas informaciones, de la época de los 12 años, y procedió a violar los derechos civiles y políticos del ciudadano y profesional, oriundo de San José de Ocoa.
También ocurrió con el médico e historiador Santiago Castro Ventura, quien fue detenido y puesto bajo prisión por más de 24 horas, por una ficha policial de 1972. ¡Por Dios! Y es locos que nos estamos poniendo. ¿Cómo es posible que un gobierno del PRM, encabezado por Luis Abinader, estén ocurriendo situaciones violatorias de los derechos humanos como estas?
Castro Ventura es un intelectual, historiador, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, y ha publicado más de 20 libros, y resulta agredido y estrujado por agentes policiales que no saben lo que buscan y los riesgos que causan a las personas detenidas.
Si es que han utilizado la actualización de un programa policial, que recurre a los archivos de los 12 años de Balaguer, deben suspender inmediatamente ese proceso.
La Policía Nacional no debe recurrir a esos archivos políticos, fabricados muchos de ellos, adjudicados a ciudadanos que tenían criterios diferentes a los gobernantes del momento, y que por esa razón eran agredidos, apresados y asesinados.
Lo que debe hacer la Policía Nacional es entregar esos archivos indignos y fatídicos al Archivo General de la Nación, para que sean estudiados y puestos en resguardo como representación de una etapa infame de la política dominicana. Jamás ponerlos a correr como si tuvieran alguna utilidad o actualidad.
Es seguro que otros ciudadanos han sido molestados por las mismas razones, y han preferido guardar silencio y no hacer públicas sus denuncias. El gobierno tiene que actuar rápidamente y depositar esas fichas en manos de historiadores e investigadores de las infamias del pasado.
Por la democracia, por el respeto a los que murieron perseguidos con esas fichas, y por la modernidad que disfrutamos hoy día, con libertad y con tolerancia a las ideas ajenas y distintas. Recordemos que Trujillo murió y quedó bien muerto.