Aunque no ha sido muy celebrado por la comunidad internacional, tampoco por la República Dominicana, la pasada semana el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó a unanimidad la resolución No. 2645, sobre Haití, propuesta por México y Estados Unidos, y avalada y sustentada por la República Popular China, para prolongar y profundizar el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), y allanar el terreno para que la comunidad internacional asuma un compromiso más firme frente a las bandas criminales que han aterrorizado ese país, sin que sus autoridades tengan posibilidad de detenerlas.
Esta resolución es muy importante para la República Dominicana. Aquí se tiene poca información sobre los crímenes horripilantes que se cometen en Haití por parte de las bandas y toda laya de criminales y delincuentes. Las víctimas son ciudadanos civiles, hombres y mujeres, a los que se les mutilan órganos, a los que se quema, se les paga disparos de gracia o se les cercena, sin que haya la más mínima consecuencia. Estos horrores no tienen nada que ver con los crímenes de guerra que pudieran estarse cometiendo en Ucrania o en otros lugares. Esto está a pocos kilómetros de la frontera dominicana y la comunidad internacional, tan atenta a los temas de derechos humanos, nos puede seguir indiferente a este drama de los haitianos.
Hay entre los haitianos quienes hablan de un tema de soberanía, que su país no puede volver a ser intervenido por tropas de Naciones Unidas, que los senegaleses introdujeron el cólera y eso provocó cientos de muertes… Todo eso puede ser cierto, pero la deshumanización y los crímenes a diario en Haití no tienen punto de comparación. En el caso de la comunidad de Cité Soleil hay una muestra, pues más de 100 personas fueron asesinadas allí en unos días, y miles han tenido que salir corriendo del terror en ese barrio.
La gravedad de la situación de Haití unió la voluntad de Estados Unidos y China, que coinciden poco en asuntos internacionales. La resolución 2645 es y debía ser un instrumento de gran utilidad legal para tratar de estabilizar la seguridad en Haití, y esto conviene extraordinariamente a los dominicanos.
Haití hoy lo contamina todo en la comunidad internacional. Es centro de violencia contra sus ciudadanos, sin que las autoridades puedan hacer nada. Es lugar de tráfico de armas. Es lugar de tráfico humano, del más terriblemente calificado. Es lugar del tráfico financiero ilícito. Es lugar del tráfico de productos comerciales de procedencia ilícita. Es lugar de contrabando y de falsificación de productos.
Hay que conocer el documento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El primer punto que abordó fue la prolongación del BINUH hasta el 15 de julio de 2023, bajo el mandato de de un Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas.
El segundo punto aprobado fue que la dependencia policial y penitenciaria de la BINUH estará integrada por un máximo de 42 efectivos civiles y de personal adscrito que prestarán asesoramiento en asuntos policiales y penitenciarios, bajo la dirección de un Comisionado de Policía de las Naciones Unidas, y que la dependencia de derechos humanos de la BINUH tendrá una capacidad específica para encarar la violencia sexual y de género, incluso mediante la designación de asesores de protección de las mujeres, según proceda.
Este aspecto tiene que dotar de mayor capacidad a la Policía Nacional de Haití para resistir, hacer frente, y detener a los criminales que siembran el terror en Haití.
El tercer punto es reiterar la necesidad de que todas las partes interesadas de Haití, incluso con el apoyo de la BINUH, lleguen a un acuerdo urgente sobre un marco sostenible, con plazos y comúnmente aceptado para un proceso político dirigido por los haitianos que permita organizar elecciones legislativas y presidenciales inclusivas, pacíficas, libres, limpias y transparentes tan pronto como lo permitan las condiciones de seguridad y los preparativos logísticos, con la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres y la implicación de la juventud, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes a través de un diálogo nacional interhaitiano inclusivo, y a ese respecto solicita al Gobierno de Haití que le presente información actualizada a más tardar el 17 de octubre de 2022. Todo el mundo sabe que el interés, más o menos oculto, del primer ministro interino -Ariel Henry- es quedarse en el poder, y por tanto no es pieza confiable que pueda trabajar por la institución de su propio país.
La resolución hace una exhortación a los países miembros de Naciones Unidas, y pudo haber sido una prohibición, para que detengan el negocio de las armas con Haití.
Este punto expresa: “Exhorta a los Estados Miembros a que prohíban la transferencia de armas pequeñas, armas ligeras y municiones a agentes no estatales que participen en actos de violencia de bandas, actividades delictivas o abusos de los derechos humanos en Haití o los apoyen, y a que impidan su tráfico ilícito y su desvío, y alienta a los Estados Miembros a que cooperen para prevenir el tráfico ilícito y el desvío de armas, incluso facilitando e intercambiando información oportuna y actualizada para detectar y combatir las fuentes y las cadenas de suministro del tráfico ilícito”.
El punto 5 es muy importante: “Exige el cese inmediato de la violencia de bandas y las actividades delictivas y, a ese respecto, expresa su disposición a adoptar, según sea necesario, las medidas apropiadas, que podrían incluir la congelación de activos o la prohibición de viajar, contra quienes participen en actos de violencia de bandas, actividades delictivas o abusos de los derechos humanos o los apoyen, o realicen cualquier otra acción que socave la paz, la estabilidad y la seguridad de Haití y de la región, en un plazo de 90 días a partir de la aprobación de la presente resolución”. Esa prohibición podría incluir los viajes a Estados Unidos, a República Dominicana y a cualquier otro país donde los jefes de estos grupos criminales se trasladan.
Las otras resoluciones son de aliento y exhortaciones a la comunidad internacional, a la ONU y a las autoridades de Haití, para mejorar las condiciones elementales de ese país.
En vez de estar haciendo movilizaciones, como han planteado algunos grupos de derecha, incluyendo los dislocados miembros del Instituto Duartiano, el gobierno y las organizaciones dominicanas debían tener objetivos comunes para apoyar y hacer cumplir los puntos de esta resolución unánime del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.