En la Autopista del Coral, entre el peaje próximo al Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez y la llegada a Punta Cana, contamos 117 vallas publicitarias de candidatos presidenciales.
Las vallas se encuentran en dirección oeste-este, y este-oeste, y sólo se contaron las que corresponden a candidaturas presidenciales, y se descartaron las que aparecen en las proximidades de San Pedro de Macorís, La Romana e Higuey, que corresponden a candidatos locales de cada una de esas provincias.
Del total de 117 vallas promocionales, el 49.5% corresponde al candidato Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, y cubre la vía en ambas direcciones. Hay por lo menos tres tipos de vallas de este candidato, todas en grandes formatos. Es decir, Abel Martínez es promovido en 58 de las 117 vallas publicitarias.
Luis Abinader aparece promovido en 29 vallas, para un 24.7%, que contienen un solo formato, aunque con contenidos distintos, de una organización llamada OLA, que dice ser el sector externo que promueve al candidato a la reelección. El PRM como partido no tiene vallas publicitarias de promoción del presidente Abinader.
Leonel Fernández aparece en 17 vallas publicitarias, de grandes dimensiones, para un 14.5%. Se trata de promover la imagen del doctor Fernández y las afiliaciones a su partido Fuerza del Pueblo. Las 17 vallas son iguales, en ambas direcciones, y se exceptúan también las promociones de dirigentes locales de las tres provincias en las que se coloca al candidato local a senador con la imagen del candidato presidencial de Fuerza del Pueblo.
Miguel Vargas Maldonado, del Partido Revolucionario Dominicano, aparece con 13 vallas publicitarias, para un 11.1%, y la promoción se proyecta con la misma imagen aunque con colores de fondos distintos, uno rosado y otro blanco, con la figura del presidente del PRD y candidato presidencial de esa organización.
La Junta Central Electoral hizo una admonición pública a los partidos políticos que incumplen las leyes electorales y de partidos, al iniciar prematuramente una campaña electoral sin que se haya producido la proclama oficial. Y otorgó un plazo a los partidos para que recojan su promoción antes del 25 de agosto próximo.
“En consecuencia, está prohibido hasta tanto sea emitida la proclama que deja abierto el período de campaña electoral, la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y la divulgación de propaganda electoral como la colocación de vallas, afiches, pancartas, en espacios y lugares públicos, así como también la promoción de los aspirantes a través de medios de comunicación como la radio y la televisión; sin menoscabo del derecho que tienen las organizaciones políticas de realizar las actividades internas habituales que les son propias en recintos cerrados, según sus estatutos y el principio de autorregulación partidaria”. Esto dijo la JCE en su comunicado público.
Y les advirtió del plazo que tienen: “Por estas razones, el Pleno de este órgano constitucional autónomo les ordena a todas las organizaciones políticas debidamente reconocidas, así como a cualquier aspirante perteneciente a las mismas, retirar en un plazo de 15 días calendario (hasta el 25 de agosto del año en curso) cualquier valla, afiches, pancartas en espacios públicos, o hacer cesar cualquier uso de símbolos patrios y/o difusión de mensajes proselitistas en radio o televisión”.
Las medidas cautelares podrían ser variadas, de acuerdo con la JCE. “En caso de que no se cumpla con lo ordenado en la presente admonición, la Administración Electoral impondrá las medidas cautelares pertinentes e impondrá las sanciones administrativas previstas por la legislación dominicana, de conformidad con lo previsto en los artículos 11 y siguientes del Reglamento que crea el Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral y pone en funcionamiento la Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismos de Ejecución de las Sanciones con ocasión de las Infracciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares”.
Los partidos políticos opositores, principalmente, han rechazado la decisión del organismo electoral, y argumentan “derechos fundamentales”, que supuestamente no tienen límites y le dan la razón para su propaganda prematura.
No tienen razón. La norma se aprueba para ser aplicada, como ha indicado la JCE, y los derechos fundamentales tienen límites, como el derecho de tránsito, el derecho de expresión y difusión del pensamiento, o el derecho de los candidatos a promover sus aspiraciones.
La JCE tiene razón y los partidos están el deber de recoger su propaganda política a destiempo, y evitar las sanciones previstas por las leyes.