La actual gestión de la Junta Central Electoral se merece la confianza de los principales actores del sistema político.

Se trata de una JCE que ha sido más que tolerante con los partidos y sus dirigentes.

En momentos en que diversos sectores de la sociedad, incluso iglesias, asociaciones de empresarios y medios de comunicación, reclamaron que se pusiera freno a la campaña electoral a destiempo y abierta que llevaban a cabo algunos partidos, pese a que se trataba del período de campaña interna, la JCE no sancionó a nadie, y prefirió el diálogo. Incluso ante aquellos que asumieron una posición de irrespeto, desconocimiento de autoridad y desafío.

Al mismo tiempo, la JCE se ha esforzado en ser lo más abierta y transparente posible en su responsabilidad de organizar y administrar los procesos electorales, que ya avanzaron por la etapa interna.

En octubre se informó que la JCE, luego de meses de duro trabajo, había logrado las certificaciones en las Normas ISO 9001, 27001 y 54001.

Ahora, como ha hecho en otras decisiones, el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) ha convocado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para que presenten sus observaciones al proyecto de auditoría al software de los equipos de escaneo, digitalización y transmisión (EDET) que utilizará en las elecciones del próximo año.

Mal hacen los actores del sistema cuando a cada momento intentan sembrar dudas sobre el trabajo de la JCE.

La JCE ha explicado que consultó a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés), a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Instituto IIDH-Capel su disponibilidad "para realizar una auditoria funcional, de seguridad y de integridad de datos al software de los EDET, recibiendo respuesta positiva en fecha 23 de octubre por parte de IIDH-CAPEL".

No hemos visto que la JCE se imponga de manera arbitraria en el uso de las atribuciones que por ley le corresponden, y atiende a cualquier queja o reclamo de los partidos.

En consecuencia, conviene a los actores del sistema, a los partidos, a sus dirigentes y a sus candidatos y candidatas, fortalecer la credibilidad de la JCE, antes que criticar por criticar y poner en juego la confianza que esa institución se ha ganado ante la ciudadanía.

Dar aquiescencia a rumores y a noticias falsas no es coherente con la madurez que se les supone a los principales actores del quehacer político.

Una JCE con suficiente fortaleza institucional es lo más conveniente para que el país asista a elecciones creíbles, limpias y justas, que constituyen uno de los pilares de cualquier sistema de gobierno que no sea una dictadura.

Mal hacen los actores del sistema cuando a cada momento intentan sembrar dudas sobre el trabajo de la JCE.