La demagogia y la manipulación se hacen nuevamente presentes en la vida institucional dominicana.

El gobierno somete un proyecto de ley para actualizar la legislación existente en materia de tráfico de personas, y que nuestras leyes incorporen los nuevos conceptos de víctimas de tráfico y migrantes, y de inmediato las hordas neonacionalistas se encargan de asediar al gobierno y entorpecer la iniciativa.

Como bien lo explicaron funcionarios del gobierno en varias ocasiones, y como lo describió en un elocuente artículo nuestra colaboradora Sonia Hernández, el pasado viernes:

“El concepto de víctima, tal como lo ha definido Naciones Unidas, son las personas que, individual o colectivamente, han sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Partiendo de esta definición y visto los elementos que constituyen el delito de tráfico ilícito de migrantes, su naturaleza y contra quien va dirigido (la soberanía de un Estado), es claro entender que las personas que ingresan al territorio ilegalmente de un Estado no son víctimas y ni son consideradas como tal.”

La manipulación se ha ensañado contra el gobierno y contra la iniciativa legislativa. Acusan a las autoridades de querer legalizar a los migrantes haitianos irregulares en el país.

Políticos como Leonel Fernández, ex presidente de la República, han tronado contra la decisión del gobierno. La idea es buscar argumentos para crear una percepción negativa contra las decisiones oficiales, y preparar una alforja que sirva para el tema electoral del 2024.

Sonia Hernández nos dice lo siguiente: “Lamentablemente, por desconocimiento o falta de sensibilización sobre lo que este delito representa para una víctima, los daños y secuelas sufridos producto de la explotación a su cuerpo y sobre todo la desprotección que reciben en nuestro país por falta de una legislación enfocada en las necesidades de este tipo de víctimas, sufren revictimización. Es necesario la adopción de una nueva ley de trata que tipifique acorde a los tiempos actuales la comisión de este delito y el trato sensible y de protección que merecen recibir estas víctimas del delito de la trata de personas”.

Lo dicho por el ex presidente Fernández es una incitación contra el gobierno, y lo acusa de desproteger la soberanía y la autodeterminación:

“El pueblo dominicano no va a permitir jamás que se atropelle nuestra independencia, integridad territorial y autodeterminación. Por eso pedimos que se retire ese mamotreto jurídico sometido por el Ejecutivo sobre trata de personas. Ya basta de improvisaciones”.

Sin embargo, el 22 de diciembre de 2006 el doctor Fernández, como presidente de la República promulgó el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, de fecha 15 de noviembre de 2000”.

El artículo 7 de ese protocolo promulgado por el doctor Fernández dice con suficiente claridad que 

“Ademas de adoptar las medidas previstas en el Articulo 6 del presente Protocolo, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a las víctimas de la trata de personas permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, cuando proceda”. Es lo que repite la propuesta de actualización de la ley que el gobierno ha sometido en 2023.

Ese protocolo promulgado por el doctor Fernández establece las normas de la repatriación de los migrantes en los casos que corresponda:

Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la trata de personas a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor, velará por que dicha repatriación se realice teniendo debidamente en cuenta la seguridad de esa persona, así como el estado de cualquier procedimiento legal relacionado con el hecho de que la persona es una víctima de la trata, y preferentemente de forma voluntaria”. 

Como bien ha sentenciado el pueblo en su sabiduría infinita: Una cosa es con guitarra y otra con violín. A Leonel Fernández no le interesa ahora la actualización de la legislación para ampliar los castigos penales a los victimarios de la trata de personas, pero en el pasado fue quien promulgó el protocolo que ahora se trata de perfeccionar, y que tiene su origen en una de las convenciones de las Naciones Unidas. No hay absolutamente nada que afecte la soberanía ni la autodeterminación de la República Dominicana, y tampoco hay nada que indique que el gobierno está cambiando su política sobre temas migratorios. ¿Quiere el doctor Fernández que haya más deportaciones que las que hace el presente gobierno?