La Junta Central Electoral (JCE) convocó para este martes a una cumbre con los partidos políticos, para debatir sobre las violaciones a las leyes y normativas electorales y las posibles alternativas que deberán ponerse en marcha para eliminar las notorias contradicciones entre quienes entienden que la JCE no tiene autoridad para establecer los períodos de campaña electoral y los que, con la JCE, si valoran como uno de sus roles establecer el calendario electoral y los tiempos para la campaña política.
Mediante una admonición pública la JCE dio un plazo hasta el 25 de agosto para que los partidos políticos pusieran fin a la propaganda masiva de promoción, al margen de la contienda interna de los partidos, bajo techo y las manifestaciones limitadas a los locales de las organizaciones políticas. El plazo concluyó y los partidos objetaron la admonición, continuaron con su campaña electoral, y ahora anuncian que recurrirán ante el Tribunal Constitucional porque hacer su promoción es un derecho inalienable, un derecho fundamental, que se vincula con la libre expresión y difusión del pensamiento, que no puede limitarse por un cronograma electoral elaborado por la JCE.
Nadie debía apostar por la desautorización de la JCE, porque eso debilita el proceso y resta credibilidad a los resultados de las elecciones. Poner en duda la calidad legal y la autoridad moral a los miembros del tribunal es una tarea riesgosa e irresponsable.
Hemos dicho que la JCE ha perdido tiempo para establecer sanciones. Y que en aras de la convivencia y del diálogo el organismo rector de los procesos electorales ha preferido guardarse las sanciones a los violadores para iniciar un diálogo como el que este martes se realizará a partir de las 10 de la mañana.
Fuerza del Pueblo ha insistido que no detendrá su campaña electoral, y lo mismo ha dicho el Partido de la Liberación Dominicana. Ambos anuncian su asistencia a la cumbre, pero sin aceptar la admonición de la JCE, porque ellos sienten que se trata de derechos adquiridos en democracia, y que el Gobierno es quien estaría presionando a la JCE para que detenga a los partidos opositores.
La JCE perdió tiempo y es ilusorio que en este momento piense que podrá ponerse de acuerdo con los partidos para detener la campaña temprana con miras a las elecciones de mayo del próximo año.
También insistimos que ante la desautorización de la autoridad electoral por parte de los partidos, no habrá nuevas restricciones que puedan cumplirse, como los límites en la inversión por niveles electorales o la transparencia en el dinero utilizado en la campaña. Es una disposición de la ley electoral que nunca se ha cumplido y que se tenía la esperanza de que ahora, con una JCE independiente y bien arbitrada, se lograría detener el desafuero de la actividad electoral desesperada de las organizaciones políticas.
Entendemos que la JCE debe cesar en su búsqueda de consenso sobre este asunto. Es mucho lo que ha perdido como autoridad de la cuestión electoral. El éxito de los partidos opositores es mayúsculo, porque han puesto en ridículo al organismo electoral y le han clavado varias banderillas que desangran la calidad legal y moral de la JCE.
Nadie debía apostar por la desautorización de la JCE, porque eso debilita el proceso y resta credibilidad a los resultados de las elecciones. Poner en duda la calidad legal y la autoridad moral a los miembros del tribunal es una tarea riesgosa e irresponsable. Especialmente cuando se trata de establecer una norma que todo país impone, y que en la Ley electoral Dominicana existe, que hay un período establecido para la campaña electoral.
Le deseamos suerte a la JCE en este esfuerzo de sentar a los partidos políticos en una cumbre que no tiene perspectiva de sacar conclusiones favorables. La autoridad es de la JCE, y nada de lo que ha establecido la JCE es contrario a la ley ni a la Constitución de la República, por más argumentes que se inventen.
La JCE es el organismo responsable de organizar las elecciones y de poner el orden en esta materia, quiéralo o no la oposición o el partido de gobierno.