La corrupción es un tema presente en la administración pública dominicana.
La existencia de un Ministerio Público con dedicación y capacidad para la investigación no ha sido suficiente para convencer a los que entienden que el Estado es, siempre que se le otorgue la oportunidad para trabajar en el sector público, una oportunidad para el enriquecimiento rápido a costa de romper las normas de la buena administración.
Incluso la decisión del presidente Luis Abinader de autorizar la persecución de cualquier acto sospechoso, que violente la transparencia necesaria en la administración pública, tampoco ha sido suficiente para evitar que se cometan actos de corrupción en el Estado.
Se conoce que en la administración del Partido Revolucionario Moderno hay cambios importantes en la medición de los indicadores de percepción de corrupción. La Dirección General de Compras y Contrataciones ha jugado un rol eficiente en la contención del despilfarro y la mañosería con los fondos públicos. La eficacia de la Contraloría General de la República, en la investigación, y en la publicidad de los informes de auditorías, también ha representado formas de contener la ambición de enriquecimiento rápido e ilícito con los fondos públicos.
Varios casos de los gobiernos del PRM han sido investigados y procesados por el Ministerio Público, incluyendo las acciones irregulares denunciadas e investigadas en el caso del INTRANT.
Sin embargo, quedan funcionarios altos y medios que confían no sería posible llegar hasta ellos. Especialmente en la administración pública quedan funcionarios medios, con capacidad de extorsión, de defraudar la confianza depositada en ellos por directores generales, ministros y por el propio presidente de la República.
Hay entidades en las que los casos de sobornos son más que conocidos. Hay otras entidades en que los pagos se realizan sobre la base de de comisiones. Hay posiciones claves en ministerios e instituciones recaudadoras que resultan más que ostensibles frente a los ojos de contribuyentes, que se ven obligados a seguir operando sobre la base de pagar sobrecostos para que sus negocios puedan continuar operando.
El gobierno está en la obligación de seguir reforzando los mecanismos de persecución de la corrupción, detección de los casos de extorsión, sobornos y chantajes. Lo más grave no ocurre en los casos de ministros y más altos funcionarios, sino en las posiciones medias, que son más complicadas. Sin embargo, hace falta más esfuerzos.
Las autoridades investigan un caso emblemático y poderosamente atractivo, vinculado con el tráfico y robo de municiones en la Policía Nacional, que finalmente iban a parar a manos de las bandas delincuenciales en Haití.
Esa investigación tiene un potencial relevante, no solo por el impacto y derivaciones, sino por las personas involucradas y las ramificaciones que pudieran detectarse. Se trata de muchos agentes involucrados en estos actos de corrupción, ha dicho la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
Es un ejemplo, del mismo modo en que lo sigue siendo el caso Intrant y la red semafórica de la capital, o que lo es la administración de combustibles en entidades estatales, y expedientes de importaciones de diversos productos, que necesitan suavizar la mano de inspectores irresponsables que recurren a la extorsión, y generan mercados irregulares y hunden la leal competencia en el comercio dominicano.
No es un tema para dejarlo para el futuro, para ser perseguido en una próxima administración. Es una cuestión relevante para ser enfrentada en el presente gobierno, que apenas comienza en su segundo mandato.