El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) acaba de publicar una breve nota en su portal sobre cómo se ha gastado el 4% del PIB destinado a la educación, desde el año 2013, cuando inició a aplicarse la ley del 2006 que establecía el porcentaje para la mejoría de la educación pública.

El texto es muy esclarecedor especialmente en este momento, cuando la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) paraliza la docencia en reclamos de un nuevo aumento salarial del 20%, y por lo cual en medio del proceso electoral está deteniendo la docencia. El siguiente es el texto publicado por Crees en su página web:

Más de la mitad del presupuesto del Ministerio de Educación (MINERD) para 2024 será destinado a las nóminas de los empleados. Concretamente, RD$167,572 millones, es decir, el 56.4% del presupuesto en educación preuniversitaria se dirigirá a este gasto.

Desde el año 2013, cuando se acuerda destinar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la inversión en educación, hasta el 2023, el gasto en remuneraciones y contribuciones sociales para los empleados ha alcanzado RD$1,050,303 millones. Es decir, más de un billón (trillón, en inglés). La cifra representa el 59.2% del gasto total destinado a la educación preuniversitaria durante ese período.

Para el año 2024, se presupuestó un aumento del 13% con respecto a 2023. Estos aumentos son una práctica continua; de hecho, desde 2013 hasta 2024 este gasto ha experimentado un aumento de 390.2%, es decir, un promedio anual de 35.5%.

La distribución del gasto educativo sin claros parámetros de eficiencia, junto con evaluaciones docentes insuficientes (siendo la última disponible de 2017), ha derivado en bajo desempeño en las mediciones de rendimiento educativo. Por ejemplo, según la prueba PISA, República Dominicana continúa rezagada, ocupando el último lugar entre los países de Latinoamérica y posicionándose en el puesto 79 de 81 a nivel mundial en el ranking de la prueba.

Gran parte del gasto se está destinando a aspectos que no necesariamente generan una mejora en la calidad educativa. Este hecho se ilustra cuando observamos, por ejemplo, que según datos del MINERD, para agosto de 2023 el 44.8% del personal en nómina era administrativo. Este alto porcentaje de personal administrativo es solo un indicio de una distribución de recursos que podría no estar enfocada en las áreas que más impactan el proceso educativo.

Los datos muestran que los mayores beneficiados por el gasto en educación han sido los empleados. No los estudiantes. En economía, cuando un grupo procura aumentar su riqueza sin aportar beneficios a la sociedad superiores a su contribución a la productividad, se le denomina buscadores de rentas o rentistas. Los empleados del sistema educativo muestran un comportamiento de buscadores de rentas. Y en ese esfuerzo por incrementar sus riquezas, los perdedores son los padres que envían a sus hijos a un sistema educativo que no aporta la escolaridad que esperan en proporción al costo: dinero en impuestos y tiempo perdido en las aulas.

La escolaridad es importante, cuando puede dar resultados. Sin embargo, un sistema politizado y dominado por un gremio no permite progresos relevantes. Para mejorar el sistema educativo es crucial una reforma eficiente y no necesariamente centrada en aumentar el gasto. Una colaboración integral entre padres, maestros y expertos, sin politización, es esencial para un mejor aprovechamiento de los recursos y el bienestar de los estudiantes. La educación de los niños es muy importante para dejarla en manos de gremios y políticos.