¿Debe la Academia Dominicana de Historia responder con fundamentos la carta que le enviaron los hijos de Manuel Aurelio Tavarez Justo y Minerva Mirabal?
Si, está supuesta a ofrecer una respuesta fundamentada en la verdad histórica y no solamente en los preceptos legales establecidos en sus estatutos.
Una pasada presidenta de la entidad, la única mujer que ha presidido la Academia, acaba de remitir una comunicación anunciando que no vuelve a participar en las actividades de la Academia mientras no se rectifique una fallo que se ha cometido al admitir como miembro al general retirado Ramiro Matos Gonzalez. MuKien Sang ha dicho que se trata de déficit ético de la actual directiva de la Academia, y que la decisión la ha tomado después de ponderar el contenido de la carta de respuesta ofrecida por directivos de la asociación de historiadores a los descendientes de Minerva y Manolo.
Pedro L. San Miguel, historiador puertorriqueño y miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia, ha enviado dos cartas a la Academia y la última se ha dado a conocer. Es un documento muy duro que cuestiona a la directiva y le señala una serie de errores éticos y profesionales sobre el rol de los historiadores. Tienen el deber de buscar la verdad histórica, o por lo menos recurrir a las versiones que existen cuando hay controversias. Cuestiona que los directivos de la Academia de Historia han recurrido a una versión, la de Ramito Matos Gonzalez, y no a la de su pasado presidente, Emilio Cordero Michel, ya fallecido, quien fue un sobreviviente de la expedición de Manuel Aurelio Tavarez Justo, y quien supuestamente ofreció testimonios de los hechos criminales que se le imputan al general Ramiro Matos Gonzalez.
San Miguel hace referencia con insistencia a Emilio Cordero Michel. Su carta está cargada de elogios a la memoria de Don Emilio, fallecido en 2018, y es así porque además de presidente de la ADH fue comisionado por la guerrilla de Manolo, en el frente guerrillero Comandante Enrique Jiménez Moya, para negociar la rendición en nombre del grupo.
Santiago Castro Ventura lo cuenta de este modo, en un artículo publicado en Acento, a propósito de su fallecimiento:
Emilio fue integrado a la comisión que negociaría la rendición. Los demás miembros: Leonte Schott Michel, Alfredo Peralta Michel y Juan Ramón Martínez (Monchi), desarmados, avanzaron con banderas blancas para negociar la entrega de todo el grupo. De repente llegó un jeep militar, los interceptó y uno de los guardia descendió del vehículo y los ametralló a mansalva, cuando iba a recargar para disparar a Emilio el único no impactado por los disparos, su compañero le enrostró que estaba cometiendo un asesinato con gentes desarmadas, llegaron personas de la población y fue la garantía para Emilio. No obstante, varias unidades de guardias siguieron tras los restantes guerrilleros que pacíficamente caminaban para entregarse totalmente extenuados y los fusilaron.
Quien comandaba las tropas era Ramiro Matos González.
Es probable que en los próximos días se publiquen otras cartas, de otros historiadores que cuestionan la decisión de la Academia Dominicana de la Historia.
Aquí la cuestión es si la entidad mantendrá la posición ya dada a conocer de que su rol no es juzgar hechos y acontecimientos históricos que no hayan sido decididos por los tribunales, o si podría, como demandan los críticos, juzgar y emitir decisiones relacionadas con los acontecimientos históricos que son materia prima del trabajo de sus miembros.
Por el contenido de las cartas publicadas hasta el momento, y por la validez histórica de la presidencia de Juan Daniel Balcácer, es necesario que la directiva de la Academia Dominicana de la Historia de un paso al frente y responda los cuestionamientos éticos y del rol que le corresponde jugar que le han planteado ya varias personas, de reconocida trayectoria, y no permita que la sangría que se ha iniciado continúe y debilite una instancia de gran valor para historiadores y la sociedad dominicana.
La Academia Dominicana de la Historia podría, en asamblea general, rectificar la decisión que se tomó en la directiva que presidió el doctor José Chez Checo.
Y si rectifica no estaría condenando al general Ramiro Matos González, aunque sí reconociendo que por su edad, y por los cuestionamientos que se mantienen sobre su figura, está impedido de ingresar en una institución de valores históricos y democráticos.
Los historiadores cuentan y reflexionan sobre los acontecimientos a partir de un punto de vista social, político, ideológico. La verdad histórica es relativa. Siempre dependerá de la posición de quien la cuente. No hay historiadores puros. El sesgo religioso, político, ideológico se expresa siempre. Lo mismo que ocurre con los acontecimientos políticos a los que se refieren los hijos de Manolo y Minou Tavarez Mirabal.
Cuando la acusación de la familia Tavarez Mirabal llegó a la Procuraduría General de la República, siendo Francisco Domínguez Brito el procurador, se encargó a un adjunto realizar la investigación. De inmediato el presidente de la República, Danilo Medina, designó como jefe del Ejército Nacional al mayor general José E. Matos De la Cruz, hijo de Ramiro Matos González. Los hijos no responden por los hechos de sus progenitores, pero en este caso se estaba demandando que se buscara información en los archivos del Ejército Nacional sobre la responsabilidad de los asesinatos de Manaclas. Lo cuestionable fue que se puso al hijo a proteger los archivos donde la Procuraduría debía buscar si su padre tenía o no responsabilidad en los hechos que le son atribuidos y que pusieron fin a la vida de numerosos guerrilleros, encabezados por Manolo Tavarez Justo, quien aceptó la propuesta de rendición que le hizo el gobierno de facto del Triunvirato.
La Academia Dominicana de la Historia debe asumir una postura más diligente. No puede quedarse sin responder los cuestionamientos éticos que se le atribuyen, porque esto afecta, incluso, las obras escritas por los directivos de la Academia Dominicana de la Historia, que no son pocas, y que intentan sustentar verdades históricas.