La violencia es consustancial a la vida de los barrios marginados. Hace 20 años que trabajo en Villas Agrícolas y puedo testimoniar que cualquier carajito ha presenciado un tiroteo o un hecho de sangre en su corta vida.
Cualquiera de ellos nos puede dar una clase magistral sobre qué hacer, cómo tirarse y aplastarse en la cuneta para evitar las balas perdidas y no terminar siendo víctima de un daño colateral en un intercambio de tiros.
En la República Dominicana, la violencia siempre ha existido. Violencia del Estado trujillista, que fue seguida por la violencia del estado balaguerista con sus tristes cohortes de asesinados y torturados.
Estos sombríos episodios de la historia dominicana se acabaron; sin embargo, dejaron sus huellas en la población que manifiesta un elevado umbral de tolerancia a la violencia bajo todas sus formas.
Los planes para luchar contra el bandidismo, el raterismo, el narcotráfico, los feminicidios se han sucedido. Al final, luego de anuncios estrepitosos de puesta en marcha y la propaganda correspondiente, estos todavía no han dado pie con bola.
Está claro que cualquier iniciativa pasa por una reforma cabal de la Policía y por el desmantelamiento de las estructuras mafiosas que imperan en el mismo seno de la institución así como por la formación integral de sus miembros. ¡Reforma y saneamiento no se hacen en un día!
Fuerza es de constatar que este fin de año la violencia prende y sube como una mayonesa o una crema chantilly. En consecuencia, como lo anunciaba el Listín Diario del 16 de diciembre, “la guerra contra el bandidismo se ha desatado” de manera frontal con el deseo enunciado por el presidente Abinader de ponerle un corte a la inseguridad.
Ante la incapacidad de la propia institución policial de darle respuesta al problema de la violencia y la delincuencia que afecta a la sociedad, el deseo del presidente al anunciar esta guerra no era seguramente el de abatir tantos presuntos delincuentes como los que han caído en estos días.
Sin embargo, parece que algunos han interpretado este mensaje como una licencia, lo que se ha traducido en un recrudecimiento de las ejecuciones extrajudiciales, presentadas como intercambios de disparos, que probablemente se llevan de paro al mismo tiempo a justos y pecadores.
Una cuestión central es que esta forma de eliminar supuestos delincuentes al final de cuentas no desmantela ninguna red ni mete presos a los peces gordos del crimen organizado, que generalmente no se mueven en los sectores intervenidos y acaba por ser solamente un parche tibio para frenar el descontento.
Lo más preocupante es que los llamados intercambios de disparos son aplaudidos por sectores de la sociedad que promueven la mano dura y la pena de muerte y que no son siempre los que sufren la inseguridad de manera endémica.
El recrudecimiento de estas penas de muerte encubiertas y remanentes de un pasado que uno quisiera olvidar no debería producirse en un Estado de Derecho y es contrario a la convención de los Derechos Humanos.
Se trata de métodos que, según todas las propuestas de reforma de la Policía que realiza el Gobierno a través de diferentes instituciones y personalidades, deben ser definitivamente erradicadas. Son métodos que no están a la par con la excelente imagen de pais turístico y moderno que proyectamos a nivel internacional
Entre noviembre de este año y los primeros 15 días de diciembre son más de 30 los supuestos asaltantes que han perdido la vida en presuntos intercambios de disparos.