El gobierno del presidente Luis Abinader celebra este día sus dos primeros años.
Es la mitad del tiempo para el que fue electo. Sin dudas, los más diversos sectores de la sociedad convienen en que el balance resulta positivo. El país puede sentirse satisfecho de ser gobernado por personas capaces, con buenas intenciones, con un jefe del Estado que no tolera la corrupción, y con un Ministerio Público que actúa en los casos en que se requiere que juegue su rol, sin responder a los manejos políticos que beneficien al partido de gobierno, como ocurría en el pasado.
La economía marcha con razonables resultados. Hay credibilidad en el gobierno, fluye la inversión extranjera, las exportaciones se mantienen en crecimiento, las reservas del Banco Central son históricas, la inflación no ha llegado a los dos dígitos, el turismo rompe récords, igual que las zonas francas, y en en gran medida el sector empresarial expresa su satisfacción con la alianza público-privada. Asimismo, un factor que no depende de los asuntos internos de la República Dominicana ha resultado positivo: las remesas también crecen,
La política exterior ha trabajado para definir las posiciones sobre temas de interés hemisférico. Estados Unidos ha brindado apoyo a la alianza que República Dominicana estableció con Panamá y Costa Rica para fortalecer la democracia. Ese proyecto ha caminado, y se ha logrado avanzar con el convencimiento de que estos países son aliados relevantes para las políticas que el gobierno quiere empujar respecto del tema haitiano, que no es ajeno a la creación de mecanismos eficientes y creíbles de solución de la crisis política e institucional del vecino país, que ha derivado en un desgarramiento de las instituciones sociales y en una infuncionalidad de la policía de Haití para enfrentar a las bandas.
La independencia de los poderes públicos no se ha visto torpedeada en esta administración. Además del Judicial y del Legislativo, se ha fortalecido la independencia del Ministerio Público, de la Autoridad Monetaria y Financiera, y la gestión municipal.
La oposición ha sido invitada a participar de los proyectos de reformas que el Poder Ejecutivo ha puesto en manos del Consejo Económico y Social (CES). Es su voluntad mantenerse, participar y ofrecer su criterio, o no hacerlo. Las políticas de oposición las define cada partido o bloque político y hasta el momento el partido de gobierno no ha intervenido, mediante ningún recurso estatal, en las decisiones de la oposición, ni se ha perseguido ni reprimido por cuestiones políticas a nadie de la oposición.
Los casos de persecución los lleva a cabo el Ministerio Público, que se ha tomado su tiemp y no puede ser acusado de solo actuar cuando se trata de algún sector político. Hay numerosos procesos judiciales contra personas relacionadas con el gobierno y con el Partido Revolucionario Moderno, como el proceso por corrupción en la Lotería Nacional, el recurso que se sigue contra el director de ProComunidad, la persecución que se activó y que siguió por decisión propia el Ministerio Público contra el exdirector del Instituto Agrario Dominicano, la persecución del Ministerio Público contra varios legisladores relacionados con tráfico o negocios ilícitos, algunos que fueron extraditados o resultados apresados en los Estados Unidos, y los complejos temas del expediente Medusa que provocaron la salida del gobierno del Ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla.
Por supuesto que los casos de corrupción investigados y en proceso de sometimiento, relacionados con la pasada administración peledeísta resultan más que ostensibles y debían ser ampliados, para que quienes cometieron delitos paguen por sus actuaciones, es un reclamo social y popular.
La impunidad no puede seguir y la Procuraduría General ha sido clara respecto a todos estos casos: Operación Antipulpo, Operación Medusa, Operación Coral, Operación FM, Operación Larva, Operación Falcon, Operación Discovery, Operación Caracol, Operación Medusa y la última, sobre tráfico de personas, Operación Cattleya. La opinión pública, la sociedad, los medios de comunicación esperan resultados o acciones respecto a los casos del asfalto caliente, los negocios irregulares y compra de deudas por altos funcionarios del pasado gobierno, el fraude en el sector eléctrico y la versión 2.0 de Odebrecht, sin dejar de lado escándalos como lo ocurrido en la OPRET, durante la gestión de Diandino Peña y compartes, y ya adelantó datos suficientes Alicia Ortega en varios programas, como parte de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Algunas acciones de esta administración tienen que tomar velocidad. La burocracia cero tiene que ser más ostensible, los anuncios de obras gubernamentales que se han quedado detenidos por asuntos legales y burocráticos no pueden quedar como simples incumplimientos. El gobierno no puede ser sólo responsabilidad del presidente Luis Abinader, quien luce en todos lados y metido en los detalles menores. El gabinete debe ser menos silencioso, se necesita que ofrezca informaciones sobre lo que hace.
Ya lo dijo con gran lucidez el empresario Franklin Báez Brugal en un artículo publicado en Acento, y ahora lo repetimos:
“Seguimos creyendo que el primer mandatario tiene un exceso de exposición pública y un involucramiento en los pequeños detalles del gobierno que no son convenientes, así como unas jornadas de trabajo demasiado largas e intensas que no son buenas para su salud”.
A los funcionarios les corresponde abandonar el silencio y cumplir su rol, y además dar a conocer lo que están haciendo. Pocas son las excepciones en este asunto de hablar y poner sobre la mesa los casos exitosos: David Collado, en Turismo, Pavel Isa Contreras en Economía, y Miguel Ceara Hatton, en Medio Ambiente.