La entrada del año 2024, en el que ya estamos dando los primeros pasos, nos enfrenta al más solemne desafío democrático de cualquier país: Un proceso electoral de elección o reafirmación de autoridades nacionales, para conducir los destinos de la nación en los ámbitos ejecutivo, legislativo y municipal.
Y no será solo República Dominicana. Estados Unidos irá a elecciones por la presidencia de ese país, México también, Rusia, India y muchas otras naciones harán lo mismo. Queremos poner la atención, sin embargo, en los desafíos de nuestro proceso electoral para la democracia dominicana.
El primer y más grande desafío es que las instituciones destinadas a organizar las elecciones, especialmente la Junta Central Electoral, cumplan con su deber, y lo hagan con legitimidad, solvencia, transparencia, calidad y ahorrando recursos, angustias institucionales y produciendo elecciones en febrero y en mayo que no dejen ninguna duda sobre las autoridades electas y su legitimidad.
En segundo lugar, que la Junta Central Electoral reciba el apoyo consistente del Tribunal Superior Electoral, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Gobierno Central, y que prime el interés por la consolidación democrática por encima de cualquier otro interés particular o no democrático en este proceso.
En tercer lugar que los partidos políticos y los candidatos a cargos de elección popular, en febrero y en mayo, respeten las disposiciones legales y los plazos y límites dispuestos por el cronograma electoral. Y que los partidos apoyen a la JCE y no entorpezcan ni la labor de organización y celebración de las elecciones y mucho menos la labor de escrutinio, ni se adelanten con predicciones fantasiosas o inventadas, o con descalificaciones a las juntas electorales, salvo que puedan presentar pruebas fehacientes de irregularidades que hayan podido desvirtuar el resultado del proceso electoral.
En cuarto lugar, hay que esperar que las autoridades del gobierno cumplan con las distintas responsabilidades, tanto de los funcionarios designados como los que deben asumir licencias para realizar labores políticas proselitistas, para que no se repita la vieja practica de utilizar los recursos humanos del Estado en la campaña electoral.
Un funcionario público no puede dedicarse a labores proselitistas en el tiempo que realiza funciones oficiales. Una u otra, pero no las dos, y en ese sentido se ha expresado el presidente de la República, Luis Abinader, para que no ocurra ninguna práctica que ponga en desventaja a ningún aspirante a posición de elección popular.
A esto habría que añadir que los fondos públicos no se utilicen en la campaña electoral en favor de ningún candidato, y que lo mismo ocurra en la campaña electoral municipal, en donde se tiene a los gobiernos locales como tierra nadie, en donde pareciera que todo es posible.
Hay que adicionar a estos deseos que las elecciones transcurran con una amplia participación de la población, que no haya actos de violencia en la campaña electoral, y que cualquier intento por crear el caos o confusión que aleje a los votantes de los centros de votación, sea identificado y controlado, y sus responsables sancionados, como manda la ley.
Para las elecciones municipales faltan apenas dos meses y dos semanas. Es tiempo que transcurre con rapidez. Las elecciones municipales serán un termómetro de lo que podría ocurrir en las legislativas y presidenciales. Los partidos y candidatos tendrán la oportunidad de disponer de todos sus recursos, en el marco de la ley, para obtener resultados que les impulsen a un mejor desempeño en las presidenciales y legislativas de mayo.
Que sea la institucionalidad y el respeto a la ley lo que se imponga, y no la desesperación y las ansias de llegar a puestos de elección por encima del derecho que corresponde a los demás contendientes.