El fondo especial que se entrega mensualmente a los senadores para que mantengan abiertas oficinas en cada municipio cabecera de provincia, y mantengan aceitado en clientelismo, es una distorsión de la labor del Congreso Nacional, de los legisladores en particular, y de la propia institucionalidad democrática del país.

Resultan lamentables las declaraciones del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, en el sentido de que el llamado barrilito es un fondo necesario, transparente y funciona como compensación necesaria para que los senadores realicen labores de clientelismo y promoción en sus comunidades.

El señor de los Santos es un legislador que responde a la ética y los valores que han transmitido el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y por eso sus declaraciones son tan chocantes y contraproducentes. El PRM siempre rechazó el barrilito, lo censuró y realizó campaña política de oposición para que ese fondo fuese eliminado porque desnaturaliza el rol de los funcionarios electos para legislar.

Estas declaraciones son un excelente argumento para mostrar que una cosa es en la oposición y otra en el manejo del poder. Que la política se sustenta con relatividad, dependiendo de la posición que ocupe quien habla. Si eres opositor ataca al que está en el poder con todos los argumentos. Si estás en el poder defiende lo que antes criticaba. Es una historia muy reiterada.

Las declaraciones de Ricardo de los Santos resultan muy cuestionables. "Eso es algo transparente que siempre se le ha dado el manejo correcto y estoy seguro que se seguirá dando un manejo correcto, como lo ameritan esos fondos”. Así habló el presidente del Senado.

Pudo haber ordenado una investigación para racionalizar el uso de los fondos del barrilito, o para reducirlos, o para esquivar la recepción directamente a los legisladores, y de ese modo retornar a esos funcionarios al rol que les corresponde de legislar buscando la solución de asuntos institucionales de real naturaleza colectiva. Por ejemplo, ahora que se habla de reforma fiscal, corresponderá al Senado aprobar o no aumentos o reajustes de impuestos, para soportar la entrega que hace el gobierno, a través del presupuesto, de millones de pesos para el pago de clientelismo político.

Otra cosa que pudo haber ordenado el presidente del Senado fue una investigación sobre los efectos del uso de esos fondos entre el 2006, cuando inició y la actualidad. ¿Han ayudado a reducir la pobreza en las provincias? ¿Han sido estos fondos un aporte equitativo y justo? ¿Han sido fondos para el acumulo político del senador de turno o para las comunidades a las que dicen o pretenden ayudar?

El semanario Camino, de la Iglesia Católica, acierta al apuntar en un editorial de esta semana:

Olvidan estos legisladores lo que dice el Papa Francisco: la pobreza no se combate con el asistencialismo, sino con un trabajo digno”. Además, estas  dádivas lo que hacen es envilecer a nuestra gente. Fomentar el clientelismo, aumentando el caudillismo de políticos que aprovechan la gratitud de la gente sencilla, ante aquel que le ha hecho un bien, para luego cobrarlo en los procesos electorales con el voto a su favor. Tenemos que llegar a un nivel de políticas sociales desarrolladas por el Estado, que suplan las necesidades de los habitantes de las zonas marginadas. Que cada ministerio tenga presente su función, trabajando por un desarrollo integral de las comunidades. Así fortaleceremos la democracia.

Corresponde al PRM, como partido gobernante y como principal partido político del país, que ocupa 29 de los 32 asientos en ese cuerpo legislativo, detener el barrilito, ponerle fin, y decidir que ninguno de los senadores reciba la iniquidad de esos fondos que pueden bien servir para actividades más productivas y virtuosas, y no para fomentar el clientelismo político. Los perremeístas y sus senadores saben, porque lo dijeron muchas veces en la oposición, que eso es lo que corresponde hacer.