Las instituciones públicas, especialmente las vinculadas con asuntos relacionados con la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, deben cuidarse al momento de establecer contratos de servicios con entidades privadas, que pudieran servirse con la cuchara grande y aprovechar las facultades que tienen entidades como el Ministerio de Defensa, para importar e instalar equipos y tecnología que debía pasar por el rigor de la supervisión estatal.
Es lo que ha pasado con la empresa Aurix, que al finalizar el gobierno de Danilo Medina recibió un contrato del Ministerio de Defensa, que nunca se ejecutó, pero que permitió la entrada de equipos para ser utilizados en la obtención de datos privados, que pudieran utilizarse para fines que nada tienen que ver con la seguridad del Estado.
Y lo que es pero, que recursos tecnológicos importados bajo el aval del Estado puedan ser utilizados por intereses privados para extorsiones o chantajes con fines de obtener beneficios particulares.
La empresa Aurix, combinada con otros servicios contratados o en concesión por su grupo cabecera, obtendría datos de investigaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas y del propio Ministerio de Defensa, en particular de su dependencia DNI, combinados con los datos obtenidos de miles de cámaras en intercepciones y edificaciones -públicas y privadas-, más licencias de conducir, para ser usados por un grupo sin calificación ética, sin experiencia legal y sin responsabilidad estatal. La combinación de todo ello resultaba en un asalto a los organismos de seguridad del Estado.
Se desconoce cuál era el objetivo del gobierno de Danilo Medina al autorizar la firma de un acuerdo de las magnitudes señaladas, y también se desconocen las razones por las que el ministro de Defensa, Ruben Darío Paulino Sem, admitió firmar tal documento, al echarse las palomas.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha hecho bien en gestionar a toda costa la suspensión de acuerdos de estas características, lo mismo que oponerse a que los datos de los ciudadanos -vía el registro de automóviles- cayeran en manos de ese mismo grupo.
Y no se trata de las sospechas por extorsión o chantaje, sino que las informaciones obtenidas por la vía digital sería fundamental para actuaciones y actividades que destruyen cualquier mecanismo de seguridad nacional. Al propósito de reunir información confidencial habría que sumar, la intercepción ilegal de las comunicaciones telefónicas y digitales privadas, a las que el Estado está en la obligación de proteger.
La situación es más grave cuando se tienen datos de que un actual alto funcionario del Palacio Nacional, José Martín Enrique Rivera Gabirondo, viceministro de Coordinación de Seguridad de la Presidencia de la República, figuraba en la nómina de la empresa Aurix, como subordinado al principal ejecutivo y propietario de la firma, el señor José Ángel Gómez Canaan.
¿Hubo intereses políticos detrás de esta autorización? ¿Se tomaron en cuenta las características y antecedentes de la empresa Aurix para hacerle esa concesión? ¿Se pusieron a un lado los protocolos de protección de los datos de la seguridad nacional? ¿Qué otras actividades realizaba Aurix, además de la captación de datos sensibles de los ciudadanos? ¿Explicaría eso el poder que ha exhibido su propietario en el contrato del INTRANT o el de la administración de las licencias de conducir?
Las respuestas sólo podrían darlas las personas que participaron de las contrataciones. Y corresponde a las autoridades, que llevan a cabo las investigaciones, hacer las preguntas necesarias para establecer la verdad.