La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, integrada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, presidente; Nancy I. Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez y María G. Garabito Ramírez, emitieron una sentencia definitiva, exonerando de responsabilidad a los únicos dos imputados del Ministerio Público que fueron condenados por la Corte de Apelación del Distrito Nacional en el caso de los pagos de 92 millones de dólares de sobornos por el caso Odebrecht.
Los sobornos se pagaron entre los años 2002 y 2014. La empresa brasileña admitió el pago de los sobornos para la obtención de obras construidas por el Estado y asignadas a esa empresa. El 22 por ciento era el promedio de sobrevaluación que se ganaba Odebrecht en las obras donde daban sobornos.
Los sobornos de Odebrecht se hicieron famosos. Brasil fue el país con más sobornos, por sobre los 300 millones de dólares, seguido de Venezuela, por 98 millones de dólares, y la República Dominicana, por 92 millones de dólares.
El Ministerio Público encabezado por Jean Alain Rodríguez elaboró un expediente contra 14 personas, incluyendo ministros y legisladores, los cuales fueron puestos bajo prisión y sometidos a la justicia. “Son todos los que están y están todos los que son” fue una frase que se hizo famosa, pronunciada por el Procurador General de la República para dar a entender la profundidad de su investigación en este caso.
Llegaron muchas informaciones desde el exterior. Varios suicidios se produjeron en Perú y Colombia, de personas implicadas en la trama, y el principal ejecutivo de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, fue a prisión, la empresa se declaró en quiebra y posteriormente cambió de nombre a Novonor, y los procesos judiciales en Brasil incidieron fuertemente en la actividad política y electoral de ese país.
En la República Dominicana surgió un movimiento de protesta contra la corrupción y la impunidad, llamado Marcha Verde, que movilizó a millones de personas contra el gobierno de Danilo Medina, y eso implicó que finalmente el PLD fracasara en su intento de permanecer en el poder más allá de 2020.
Miriam Germán, como presidenta de una de las salas penales de la Suprema Corte de Justicia, dijo con mucha claridad que con un expediente como el formulado por el Ministerio Público, sin pruebas suficientes, no se obtendría condena contra la corrupción. A partir de ese momento Jean Alain se prometió hundir moral y profesionalmente a Miriam Germán. Lo intentó el entonces procurador en su infame participación en una sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que le generó la repulsa de la sociedad. En los últimos cuatro años Germán Brito ha sido una Procuradora General de la República con sobrados méritos, sin ningún escándalo que empañe su gestión.
Volviendo al caso Odebrecht, el país conoció la pasada semana la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Resulta complicado definir las sensaciones y sentimientos de un gran colectivo sobre esa sentencia. El segundo dispositivo de la sentencia dice lo siguiente:
Segundo: Declara con lugar los respectivos recursos de casación interpuestos por Víctor José Díaz Rúa y Ángel Rondón Rijo contra la antes descrita sentencia; casa sin envío la sentencia recurrida y dicta directamente la sentencia del caso, sobre la base de las comprobaciones de hechos ya fijadas por la decisión recurrida y la prueba documental incorporada, en consecuencia, se pronuncia la absolución de Víctor José Díaz Rúa y Ángel Rondón Rijo, respecto de los hechos atribuidos, por no haberse probado la acusación, como lo manda el artículo 337 numeral 1 del Código Procesal Penal.
En consecuencia, todas las decisiones de los tribunales contra Rondón y Díaz Rúa fueron anuladas y se decidió la devolución de todos sus bienes incautados y anulación de todas las decisiones que perjudicaban uso, usufructo y disfrute de su patrimonio, así como el levantamiento de todas las restricciones financieras para sus actividades empresariales.
Es como decir que el país estuvo equivocado, que Marcha Verde fue un esfuerzo fallido, que no hubo corrupción en la trama revelada, de soborno, por Odebrecht y que en República Dominicana no se demostró la recepción de los 92 millones de dólares que según la empresa entregó por favores de personas influyentes.
¿Hay o no hay una responsabilidad moral de los tribunales del país con la protección de los bienes públicos? ¿Por qué razón el Ministerio Público tuvo 4 años para levantar el llamado expediente Odebrecht 2.0 y no lo hizo, con una investigación independiente sobre este fenómeno? ¿Cómo se restituye la solvencia moral para los dos imputados, ahora librados de la condena, que pasaron varios años acusados de corruptos?
Esta sentencia (SCJ-SS-24-0969), firmada por Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy I. Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez, María G. Garabito Ramírez, y por César José García Lucas, secretario general de la Suprema Corte de Justicia, deja una sensación de malestar, inconformidad, desagrado, y no porque se entienda que los absueltos sean culpables, sino porque ahora no hay nadie investigado sobre los sobornos de Odebrecht y queda el antecedente histórico, ratificado ya muchas veces, de que las condenas por corrupción en República Dominicana sólo las sufren los pendejos y a los pobres.