El informe de riesgo político del 2025, en su quinta versión, elaborado por el Centro UC de Estudios Internacional, también aborda también la cuestión económica como desafío para el 2025 para América Latina, los procesos democráticos entre los países de la región y la inseguridad, que se mantiene como elemento más importante entre las preocupaciones ciudadanas.
La introducción al informe sobre riesgo político fue escrita por el director del Centro UC de Estudios Internacionales, Jorge Sahd K., y Daniel Zovatto, investigador y miembro del Centro UC. Esta nota editorial recoge otra parte de la nota introductoria del informe:
Perspectivas económicas global y regional
En el ámbito económico, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó, durante la reunión anual de octubre pasado, la economía global como “estable pero decepcionante”. Para 2025, se proyecta un crecimiento global moderado (3,2%) acompañado de altos niveles de endeudamiento, lo que limita las perspectivas de recuperación sólida. Por su parte, para América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) anticipa un crecimiento mediocre del 2,4%, por debajo del promedio mundial e insuficiente para superar las tres trampas estructurales de la región: bajo crecimiento económico, alta desigualdad, pobreza persistente, debilidad institucional y frágil gobernanza.
En términos sociales, Latinoamérica ha logrado reducir la tasa de pobreza, alcanzando niveles similares a los de 2014. A pesar de este progreso, 172 millones de personas aún viven en la pobreza, de las cuales 66 millones se encuentran en situación de pobreza extrema, mientras los niveles de desigualdad se mantienen elevados. Estos indicadores subrayan la necesidad de estrategias integrales que impulsen un desarrollo inclusivo, verde y digital, aborden las desigualdades estructurales y fortalezcan la gobernanza en la región.
Pese a todo ello, la región cuenta con una importante “ventana de oportunidad” en sectores estratégicos como la producción de alimentos, los minerales críticos, el agua dulce, la energía limpia, el nearshoring y el friendshoring. Si los líderes latinoamericanos logran aprovechar estas oportunidades, América Latina podría reposicionarse como una región solución y un actor clave en la economía global.
La democracia: entre la resiliencia, el estancamiento y el retroceso
La democracia en Latinoamérica, al igual que la tendencia global, refleja una marcada heterogeneidad: mientras algunos países cuentan con democracias de alta calidad, otros enfrentan democracias defectuosas, estancadas, regímenes híbridos o directamente autoritarios. La región seguirá oscilando entre la resiliencia y el deterioro, una dualidad que pone de manifiesto tanto su fortaleza como su fragilidad. Las amenazas a la democracia persistirán y no deben ser subestimadas como lo acaba de demostrar la usurpación del poder consumada por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
En este contexto, la incapacidad de los gobiernos democráticos para responder de manera efectiva a las crecientes demandas ciudadanas incrementa el malestar social, profundiza la desconfianza en las instituciones y los partidos, debilita el apoyo popular a la democracia y eleva los niveles de insatisfacción. El último informe del Latinobarómetro (2024) ofrece un panorama agridulce: aunque el apoyo a la democracia ha crecido ligeramente, alcanzando el 52% —su nivel más alto desde 2010—, la insatisfacción con su desempeño sigue siendo elevada, con dos tercios de la población expresando descontento.
Esto genera un terreno fértil para la “eficracia autoritaria” y el ascenso de líderes PAPA (personalistas, con discurso anti-política, populistas y autoritarios), quienes prometen soluciones rápidas y efectivas, pero a costa del debilitamiento del estado de derecho y la democracia misma. La “bukelización” de la política en El Salvador se erige como un claro ejemplo de este fenómeno.
En 2025, será fundamental continuar protegiendo la integridad de las elecciones y blindar a los organismos electorales frente a críticas infundadas y ataques ilegales. Solo así se podrá garantizar la legitimidad de origen, pilar esencial para la estabilidad democrática.
Por otro lado, la falta de respuestas oportunas y eficaces por parte de varios gobiernos de la región no solo tensa los sistemas políticos, sino que también erosiona la confianza en las instituciones centrales de la democracia representativa, como los partidos y los parlamentos. Esto amplía las brechas entre ciudadanos y representantes, agudizando la crisis de representación y volviendo la gobernanza cada vez más compleja.
Para contrarrestar estos desafíos, como hemos señalado en informes anteriores, es necesario implementar una agenda rigurosa que no solo proteja y fortalezca la democracia, aumentando su capacidad para dar resultados concretos (delivery), sino que también la repiense. Es imperativo dotar a la democracia de mayor resiliencia y de una teoría más sofisticada que permita gobernar democráticamente las complejas, volátiles y exigentes sociedades del siglo XXI.
En este sentido, resulta imprescindible avanzar en la innovación político-institucional resulta imprescindible para encontrar soluciones democráticas a los problemas de la democracia. Solo así se podrá evitar que el malestar en la democracia se transforme en malestar con la democracia y se fortalezcan las tendencias autoritarias hoy presentes en la región.
Asimismo, es crucial revitalizar el consenso democrático hemisférico, mantener la presión internacional para contener los embates autoritarios y coordinar esfuerzos que impulsen la apertura y recuperación democrática en aquellos lugares donde se ha perdido. Sin estas acciones, las democracias de la región seguirán enfrentando un camino incierto, marcado por tensiones y desafíos y amenazas.
La inseguridad se mantiene al tope de la preocupación ciudadana
América Latina continúa siendo la región más violenta del planeta, con tasas de homicidios que triplican el promedio global. Según el FMI (2024) con apenas el 8 % de la población mundial, concentra un tercio de los homicidios a nivel mundial.
El crimen organizado y el narcotráfico se erigen como las principales amenazas a la estabilidad social y económica, afectando no solo las inversiones, sino también el tejido social. Según un informe reciente del BID y el FMI, los costos asociados a la inseguridad alcanzan el 3,4% del PIB regional, una cifra equivalente al 78% del presupuesto destinado a educación. Reducir estas cifras no solo tendría un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también podría incrementar el crecimiento económico anual en un 0,5%.
Abordar esta problemática requiere enfoques integrales que combinen:
• El fortalecimiento institucional, para garantizar un estado de derecho sólido y efectivo.
• Estrategias de seguridad innovadoras y eficaces, adaptadas a las necesidades de cada país y región.
• Atención a las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.
• Una cooperación regional sólida y efectiva, indispensable para enfrentar redes criminales transnacionales.
Únicamente a través de un enfoque coordinado que integre la prevención y la acción será posible mitigar la violencia y avanzar hacia la construcción de un entorno más seguro, estable y próspero para América Latina.