¿Por qué necesita un gobernante contar con asesores para asuntos que son responsabilidad de los ministerios, las direcciones generales o de las instituciones descentralizadas del Estado?
Así como en su momento se puso control al relajo de nombrar a decenas de viceministros (antes subsecretarios), ha llegado el momento de definir con claridad el papel y la necesidad de los asesores presidenciales.
Se ha informado que es asesora la dama que criticó la forma de vestir o del peinado de las y los periodistas, que habría que definir en cuál materia "asesora" a la Presidencia y analizar el rendimiento de su labor.
Durante el gobierno de Danilo Medina se produjo un feo entrentamiento público entre el entonces asesor presidencial Franklin Almeyda Rancier y Roberto Rodríguez Marchena. Este último le enrostró al primero el sueldo que cobraba en la dichosa asesoría.
Muchos gobernantes, como Joaquín Balaguer y Leonel Fernández, utilizaron los nombramientos de asesores para compensar a los funcionarios destituidos de los ministerios u otras entidades. Un jefe policial destituido pasaba a ser asesor presidencial en asuntos policiales o de seguridad, por ejemplo.
A todo el que no le encuentran un cargo para justificar un nombramiento en el Estado, se le premia con una asesoría en el Poder Ejecutivo.
Y los salarios de los asesores (RD$300 mil, RD$250mil, etc.) son envidiables si se comparan con la mayoría de los ingresos de los servidores del Estado.
¿Qué puede aportar un asesor que no esté cubierto ya por los funcionarios ordinarios de la administración pública? ¿Por qué no ahorrarse ese dinero que tanta falta hace en un Estado que enfrenta déficit desde hace decenios?