Desde hace años he estado convencido de que los procesos migratorios, desde que la humanidad existe, son principalmente inducidos por la pobreza. La situación que vive nuestro país es una prueba de ello.
En primer lugar, controlar un proceso que se desborda es responsabilidad del Estado. Pero eso no se logrará con algarabías, ni manifestaciones xenofóbicas o fomentando odio, sino con acciones concretas amparadas en la ley y respetando los derechos humanos. De ellas, las más importantes son frenar la corrupción y el tráfico mafioso en la frontera y el cumplimiento de las regulaciones del mercado de trabajo.
Es iluso pensar que la inmigración ilegal se podría detener sobre la base de deportaciones masivas; al que echan por la puerta se cuela por la ventana y el negocio de los mafiosos sigue prosperando. Se requiere algo más.
Dada la complejidad del proceso, en este artículo me concentraré especialmente en el tema de la regulación del mercado de trabajo y empezaré dando un testimonio personal, objetivo y sincero. Me siento moralmente en la capacidad de hacerlo porque mi patriotismo lo probé en la trinchera del honor y no en manifestaciones fascistoides instigadas por personas que en su historial de vida han estado al servicio de las peores causas, infligiendo daños terribles a nuestro proceso democrático.
En el año 1996 los ingenios del Estado estaban colapsados y el presidente Leonel Fernández me pidió ayuda. Luego de mucho pataleo acepté el cargo de director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), dejando claro que solo lo haría por un año y con total autonomía para implementar un atrevido plan gerencial que permitiría que los ingenios siguieran operando, aunque en condiciones aun precarias. Me acompañó en esa aventura, por solidaridad con mi persona, Marino Zapete, mi amigo querido y hombre honesto de gran valor y capacidad.
Contarles todo lo que tuvimos que enfrentar para cumplir nuestro cometido requeriría un libro, por lo que solo me referiré en este testimonio al tema de cómo manejamos en ese período la contratación de braceros, en su mayoría de nacionalidad haitiana.
Al acercarse el período de corte de la caña reunimos a los administradores de los ingenios para planificar los pasos a seguir y su logística. Solicitaron contratar 9 mil cortadores haitianos, les dije que no y de inmediato elaboré un plan para incentivar que dominicanos y haitianos residentes se motivaran a trabajar en el corte:
1) Anunciamos por todos los medios, en español y creole, un aumento del precio por tonelada cortada, anuncio que cayó muy mal entre la mayor parte de los propietarios de ingenios y colonos.
2) Junto a la directora de inmigración de entonces, Taina Gautreaux, elaboramos un plan que consistía en instalar dos oficinas en la frontera para regular a los inmigrantes que deseaban trabajar en el CEA, registrándolos, dotándolos de la debida documentación y de un contrato de trabajo en español y creole, leído por un representante de una reconocida ONG dominico-haitiana, contrato que preveía el retorno a su país, una vez concluida la zafra.
3) Se transportaban en autobuses con aire acondicionado a su lugar de trabajo, luego de un descanso con refrigerio.
4) Como los bateyes estaban destruidos fue necesario reparar las viviendas y dotarlas del mobiliario básico y hacer letrinas. Se compraron unas cocinas con 20 hornallas cada una y se les enseñó a usarlas -aunque debo confesar que no con mucho éxito, pues hubo caso de familias que desprendían las tablas de sus viviendas para usarlas como leña-.
5) Lo que más me indignó fue ver que la mayoría de los bateyes carecían de agua y sus habitantes debían caminar kilómetros para procurársela, cuando en esa época un malacate o molino de viento podría comprarse con aproximadamente RD$25,000. Resolvimos una gran parte de ese problema.
6) En algunos de los bateyes pudimos preparar terrenos para que sembraran víveres para su consumo.
7) El departamento de desarrollo social del CEA dirigido por Venecia Pineda -una persona de mucha sensibilidad, capacidad e iniciativa- ejecutó planes de salud, educación y protección en especial para los adultos mayores, entre otras cosas, en coordinación con las Secretarías de Salud y Educación.
8) Como a los cortadores les robaban el sudor de su frente al pesarle la caña, pusimos supervisores seleccionados de las ONGS dominico-haitianas para evitar esa actividad dolosa, con mucho éxito.
Fue poco el tiempo, pero algo se pudo hacer en beneficio de los cortadores de caña, haitianos y dominicanos. Se me escapan algunas de ellas, pero el resultado fue evidente: más dominicanos y haitianos residentes se incorporaron al corte, por lo que en Haití solo se contrató menos de la mitad de los 9 mil que según los administradores se requerían.
Pero hay que estar claros: estas medidas no fueron más que un paliativo temporal al terrible drama que viven los cortadores de caña y otros trabajadores inmigrantes, en nuestro país y en otras partes del mundo. Basta ver, por ejemplo, el drama de los recolectores de papas y otros trabajadores agrícolas en un país tan desarrollado como los Estados Unidos.
Lo que hicimos de positivo en el CEA en procura de mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores equivale a ponerle una curita o tirita a una herida de machete, dada la magnitud del drama, pero creemos que querer es poder.
Es perentorio hacer esfuerzos serios para intervenir el mercado de trabajo, eliminar las contrataciones ilegales, hacer valer las normas de seguridad y salud, así como el principio de que a igual trabajo, salario y beneficios iguales.
No hay que crear comisiones ni inventar la pólvora, tenemos la estructura jurídica para hacerlo. Lo que falta es voluntad política y el valor para enfrentar a quienes se benefician de ese desorden, gente desalmada e hipócrita, pero con mucho poder.
Cuarenta convenios internacionales, el Código Laboral, numerosos Decretos y Leyes sobre salud, riesgos laborables, condiciones de trabajo, protección a la maternidad, entre otras, trazan normas y penalidades.
Algunas requieren ser revisadas, como la que establece que las empresas solo podrán contratar el 20% de sus trabajadores de otra nacionalidad y el 80% deben ser dominicanos. Esto dada nuestra realidad de hoy, es un absurdo.
Hay que exigir que los que tienen que aplicar las leyes cumplan con sus obligaciones y entender que en materia de inmigración nuestro principal enemigo es el hambre.