Según la red, la construcción de esta presa provocaría graves daños al medio ambiente, las fuentes de agua y las propiedades de los residentes. Además, denunció un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes el pasado 8 de enero.
En el enfrentamiento resultaron heridos varios ciudadanos, incluyendo al sacerdote Jhony Durán, quien intentaba mediar en el conflicto. Los afectados denuncian un despliegue policial y militar desproporcionado para reprimir las protestas.
Las comunidades afectadas, entre las que se encuentra, El Naranjo, Las Tres Bocas, Las Lajas, El Higo y Arroyo Vuelta, exigen respeto por sus bienes y el derecho a vivir en un ambiente saludable.
La red enfatizó que cualquier actividad extractiva debe contar con la "licencia social" de las comunidades locales, ya que impacta directamente su calidad de vida y economía.
Advirtió que el daño ecológico causado por una presa de cola es irreversible, poniendo en peligro la vida humana y el ecosistema en la región.
En respuesta, la red instó al gobierno a revisar los contratos mineros y priorizar estudios de impacto ambiental. Afirmó que el oro no es la principal riqueza del país, ya que las comunidades no se benefician de la explotación minera.
Finalmente, expresó su apoyo al comunicado del Episcopado Dominicano y de la Comisión de Ecología Integral de América Latina y el Caribe, que piden respeto a la dignidad humana y protección del medio ambiente.