El secretario de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, Paino Abreu, denunció este martes que funcionarios gubernamentales "se han aliado" para dañar el monumento natural Loma Isabel de Torres a través de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

"Hay un vínculo de funcionarios gubernamentales que se han aliado para dañar la naturaleza y en este caso más aún, la naturaleza protegida de la República Dominicana", dijo Abreu al leer un comunicado de su partido que denuncia lo que a su juicio constituye "el crimen ambiental que ha perpetrado la ETED al depredar inmisericordemente un bosque virgen en una de las áreas protegidas más icónicas de nuestro país".

El secretario de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, Paino Abreu.

Señaló que se trata de un "delito ecológico" lo que ha ocurrido, "con el agravante de haber sido autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, institución creada precisamente para proteger y conservar el patrimonio natural de la nación. En un hecho insólito, las autoridades aprovecharon la paralización del teleférico por trabajos de mantenimiento, para tratar de pasar desapercibidos los desmontes".

Paino Abreu remarcó que ambas entidades del Estado "se aliaron, amparadas en la autoridad de funcionarios incapaces del gobierno, para introducir bulldozers, palas, camiones y otros aparatos mecánicos en un lugar prístino que nadie había osado tocar, ni siquiera antes de que fuera declarado protegido en el año 1966″.

Hablando en representación de la Fuerza del Pueblo manifiesta que, "el delito ambiental ocasionado pudo haberse evitado diseñando otra ruta para las necesidades de la ETED, pero prefirieron arrasar con una de las zonas que, por su buen estado de conservación, fue seleccionada como área de estudio para el inventario forestal nacional. Miles de metros han sido desmontados para abrir una carretera que lleva ya más de kilómetro y medio de penetración en el área protegida", sostuvo.

El comunicado añade que el Ministro de Medio Ambiente "ha pasado por alto que en los 15 kilómetros cuadrados que componen el espacio protegido de Loma Isabel de Torres se guardan cientos de especies nativas de nuestra flora y fauna y entre ellas algunas endémicas de la isla, que solo viven en ese lugar, como es el caso del lagarto Geco de piel escamosa y una especie nativa de Anís Estrella muy amenazada".

"Esta montaña, guardiana de la ciudad atlántica de Puerto de Plata, además de su importancia biológica -prosigue el texto- tiene una gran riqueza hídrica, ya que más de una docena de ríos, arroyos y cañadas se originan en este bosque tropical húmedo, que en su cima se convierte en bosque nublado. De hecho, a pocos días de los desmontes ya se observan cárcavas o grietas provocadas por la escorrentía de las aguas, incrementando el peligro de deslave e inundación en las zonas bajas".

El titular de Medio Ambiente de FP dijo, además, que "solo la incapacidad e ignorancia de autoridades ambientales como las que tenemos actualmente pueden explicar una agresión de tal magnitud en un ecosistema protegido como este que, además de símbolo nacional, es reconocido mundialmente por su belleza y cada año visitado por miles de turistas".

Lamentó que el país esté "pagando el precio de poner a tomar decisiones en la administración pública a personas desconocedoras de las responsabilidades conferidas, como es el caso -agregó-, ya que el Ministro de Medio Ambiente ha cancelado a gran parte del personal técnico capacitado para gestionar las áreas protegidas.

Entre estos nombró sin identificar al administrador del monumento natural Loma Isabel de Torres, quien  aseguró fue reemplazado "por una persona que, según se dice, apenas sabe leer y escribir".

Explicó que, de acuerdo con la legislación vigente, "este crimen ambiental imperdonable cuenta con circunstancias agravantes, debido a la participación de funcionarios de primera línea del gobierno como lo son, el Director de la ETED, ejecutor del proyecto, y el ministro de Medio Ambiente, con la co-responsabilidad del viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, así como del director provincial Ambiental en Puerto Plata, quienes se confabularon o se hicieron de la vista gorda".

A todos ellos debe aplicársele, opinó el partido que dirige el expresidente Leonel Fernández, "lo indicado en los Artículos 171, 184 y 187 (numeral 5), entre otros, de la Ley General de Medio Ambiente 64-00, lo mismo que la Ley 202-04, por estar comprometida seriamente la responsabilidad civil y penal de dichos funcionarios".

"Se ha generado una verdadera oportunidad para poner a prueba la justicia dominicana la que, conforme a los hechos cometidos, debe aplicar las sanciones que correspondan, revirtiendo el permiso ambiental que autorizó la devastación y paralizando definitivamente el proyecto", remató Abreu.