Varios ambientalistas denunciaron que en la comunidad Mirabel, en San Francisco de Macorís, se destruyó una plantación de cacao para construir allí dos proyectos habitacionales, en violación a la Ley de Medio Ambiente.
De acuerdo con los denunciantes, se han violentado todas las normativas de autorizaciones ambientales para favorecer a los promotores del proyecto.
Víctor Almánzar , agrónomo y ambientalista, explicó que la obra tiene una no objeción de uso de suelo por parte de la Dirección Regional Nordeste del Ministerio de Agricultura, lo que a su juicio demuestra que es irregular porque eso debe emitirlo desde la sede en Santo Domingo.
Además, agrega, lo que tiene es un registro de certificado de impacto mínimo, un permiso que emiten las oficinas provinciales para proyectos pequeños, y no para uno de esta magnitud.
“Cuando los proyectos son de envergadura como este, las normativas establecen que deben hacer un estudio de impacto ambiental, para ver si es viable. En Santo Domingo ni se han enterado de ese proyecto, o sea que es ilegal”, afirmó.
Denunció que, aunque la obra fue paralizada por las razones antes expuestas, los promotores continúan construyendo.
"Y con ese proyecto están haciendo un cambio de uso de suelo de unos terrenos que tienen unos cien años con esas plantciones de cacao y además tiene más de un metro de capa fértil. Quizás lo están haciendo amparados con temas políticos, porque, ¿cómo pueden iniciar un proyecto sin el debido persmiso? Entiendo que la dirección provincias (de Agricultura) cometió un grave error y puede ser demandado", señaló Almánzar.
Además del cambio de uso de suelo, asegura que con el proyecto se modifica la estructura y belleza escénica de la zona, que es la entrada a la ciudad de San Francisco de Macorís.
Procuraduría investiga
La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) confirmó la denuncia basada en la depredación del área agrícola, por lo que se ha iniciado una investigación que determinaría la veracidad de la misma.
El titular de la entidad, Francisco Contreras, dijo que, ciertamente, la Constructora Gales no ha presentado los permisos necesarios para levantar las obras, pero dio garantía de que las mismas continúan paralizadas hasta que culmine la investigación.
Contreras indicó que el proyecto solo cuenta con la no objeción de uso de suelo de la dirección provincial de Agricultura, pero explicó que la misma no les es válida pues debe ser emitida desde la dirección central de esa institución.
Asimismo, sobre el informe de impacto mínimo por parte de la dirección provincial de Medio Ambiente, pero no el de impacto ambiental que debe emitir la sede en Santo Domingo de la entidad.
"La Ley no les da facultad a los directores provinciales para otorgar ningún tipo de permiso. Los directores provinciales no tiene la calidad legal para otorgar permisos", manifestó.
El magistrado informó que lo que harán ahora es levantar un informe, con una experticia técnica del caso, elaborada por la Academia de Ciencias. Luego de esto, tomarían la decisión de si la obra puede continuar o no.