Ulises Francisco Espaillat Quiñones, fue el primero de los próceres del país que tenía condiciones intelectuales, éticas, deseo de gestión pública diáfana, transparencia, condiciones de munícipe reconocida por sus conciudadanos que, junto a Juan Bosch han dado calidad de todo tipo al ejercicio público, pero sin éxito relativo en su mantenimiento en el poder y extrañamente la historia nos deja una amarga coincidencia y su gestión gubernamental no excedió los seis meses. En 83 años de diferencia, las mismas amargas noticias de dejar el poder forzados por circunstancias analizadas como análogas en su proyección histórica: 1876 y 1963, uno cinco meses y cinco y el segundo, seis meses y 28 días, oh coincidencia de la historia, ambos, en el mes de septiembre.

La fragilidad del año 1875

La lucha entre liberales y conservadores se hizo presente de distintas maneras, incluida la persecución, conatos de rebeldías, represión y censura a la prensa como la prohibición del periódico Las Dos Antillas de Puerto Plata dirigido por el ilustre Eugenio María de Hostos, aliado de Gregorio Luperón, bajo argumento de difamación de España y en defensa de esa inclinada vocación de los conservadores por el síntoma del proteccionismo, aún presente tantos años después de terminada la Guerra de la Restauración.

La crisis económica que destilaba la administración pública impidió el pago de la nómina durante seis meses del año y la solución propuesta por el gobierno, fue atacada desde Santiago y Puerto Plata, con protestas de instituciones como La Liga de la Paz (que fundara Manuel de Jesús Peña y Reynoso, de corte política) y Amantes de la Luz en Santiago que fueron apoyadas por los jefes del Partido Azul, encabezado por Gregorio Luperón.

El cuadro político del año 1876

Un hecho relevante de estas luchas lo constituyó la decisión del gobierno de detener a Gregorio Luperón invitándolo a deponer sus pronunciamientos y acciones en contra del gobierno. Resistiendo a dichas peticiones, Luperón fue agredido en su casa de Puerto Plata por el enviado del gobierno, el gobernador Francisco Ortea. Luperón reclamaba el reconocimiento de la deuda provocada por la Guerra Restauradora, como deuda pública, a lo que se negaba el gobierno de Ignacio María González.

En un enfrentamiento en su casa natal, repelió la detención y se le unió el pueblo de Puerto Plata en solidaridad con él, desistiendo el enviado gubernamental, de sus iniciales propósitos, en enero del 1876. De esta manera termina el 1875 y se inicia el 1876, también inestable políticamente y con debilidades institucionales, económicas y sociales, marcadas por una crisis política.

Estos hechos relacionados con la pugna entre el gobierno de Ignacio María González y el partido Azul provocaron guerras y acciones militares que profundizaron las heridas y la confrontación del país, como fue el cerco a la ciudad de Santiago ordenado por el Presidente González para oponerse a los cargos que le había hecho la Cámara Legislativa, quedando el país en manos del Consejo de Secretarios de Estado, a pesar del acuerdo firmado para deponer la acusación y provocar la salida de González, conocido como Acuerdo de Carmelo, en febrero de 1876.

Estos hechos históricos desconcertantes crearon luego un cierto vacío político acompañado de escaramuzas, pequeñas acciones militares, luchas en distintos lugares del Cibao y finalmente, la salida del representante del régimen o de su remanente, situación que trajo la tranquilidad y estabilidad que permitieron unas elecciones el 24 de marzo de 1876, que ganó el ilustre Ulises Francisco Espaillat, por más de 400,000 votos, llegando a la capital desde Santiago, el 27 de abril de 1876 a tomar posesión del mando.

Sus propósitos iniciales fueron de organizar la economía pública, imponer el imperio de la ley, organizar los gastos públicos y su racionalidad, garantías democráticas de los ciudadanos y la prensa, además de un intento de reorganizar las instituciones públicas, acciones que más tarde fueron su propia debilidad para mantenerse en el poder debido a que la gente estaba acostumbrada a la dádiva pública y al reparto de los bienes públicos como botín de guerra.

La prédica ética del presidente contradecía la norma o cultura política impuesta por sus antecesores, para cuyo discurso y práctica política innovadora, el país aún no estaba preparado, convirtiéndose las luchas caudillistas en un cáncer interno que fue afectando al régimen y debilitando sus propias bases sociales de sustentación, produciéndose más de 68 movimientos, conatos militares y proclamas durante el 1876 solamente.

La llegada de Pedro Pablo Villanueva (dos meses de la puesta en vigencia del gobierno de Espaillat), en representación del antiguo régimen, inició un conflicto con ribete internacional, al ordenar que no saliera el vapor que lo trajo a Puerto de Santo Domingo, para lo cual contó en su defensa, con el gobierno de los Estados Unidos.

Manuel de Jesús Galván representaba la honorabilidad pública en la defensa del derecho reclamado por el estado dominicano. Este, Pedro Pablo Villanueva, venía a conspirar retomando los viejos esquemas de la política concho primista reinante en el país durante la segunda mitad del siglo XIX y de la cual no nos hemos aún zafado como cultura política.

Ente las cosas que sucedieron se produjo la insurrección de la Línea Noroeste en julio por parte de los generales Gabino Crespo, Juan Gómez y Calazán Carrasco que obligaron al gobierno a imponer la ley marcial de suspensión de las garantías constitucionales, para controlar el conato el 21 de julio de 1876.

El partido Verde que llevó a su seno, a rojos disidentes, azules y los seguidores de Báez, estaba lidereado por Ignacio María González y se hizo dueño de ese movimiento que rápidamente se extendió bajo la hégira del caudillo. El movimiento se fue ensanchando y difuminando como pólvora por muchas partes del país.

Favorecidos por un huracán el 13 de septiembre de 1876, se diezman las tropas de Puerto Plata, Santiago y la Vega, que eran las columnas de los insurrectos de González, y se aprovecha para asestar un duro golpe que las pone en jaque, provocando esta acción, un efecto en cadena que incrementó el poder del gobierno de Espaillat en muchos lugares donde había confrontaciones, y fueron depuestas las armas fortaleciendo a la parte gubernamental.

Figuras como Gregorio Luperón, Juan Isidro Jiménez, Benito Monción, Ulises Heureaux, Casimiro de Moya, Olegario Tenares y el padre Pichardo, en San Francisco de Macorís o Leopoldo Damirón en Samaná, estaban del lado de las mejores causas.

La lección

Una vez más la historia nos jugó una trastada, pues el batallón de Santo Domingo traicionó al presidente Espaillat y se alió a los antiguos adversarios del expresidente, González, haciendo dimitir al presidente honesto y democrático, Ulises Francisco Espaillat, que tuvo que refugiarse en el consulado francés finalizando el mes de septiembre del 1876, durando cinco meses y cinco días en el poder. Tanto José Gabriel García como Mariano Cestero previeron estas posibilidades dentro de sus propias filas militares.

Desde el interior de los leales a Espaillat surgió la idea de una Junta Superior Gubernativa que creó el puente para la salida del presidente y unas negociaciones con Ignacio María González, de cuyos acuerdos salió como presidente de la Junta, Marcos A. Cabral Figuereo de los caudillos alzados del sur, y próximo en parentesco, a Buenaventura Báez.

Una vez más el caudillismo, los intereses mezquinos, la traición, la vacilación de nuestros hombres públicos en procura de beneficios personales y canonjías de grupo, hizo zozobrar el barco de la historia, y volvimos a un período de instabilidad, que afectó la vida democrática de la nación.

Que dolor causa conocer de la probidad de este presidente y ciudadano honesto que quiso enmendar las viejas prácticas y construir un proyecto de nación, pero la ambición y la anarquía política de la composición social dominicana prefirió sacrificarlo a favor del desorden y la inestabilidad en procura de hacer del estado, una finca que solo les ha servido para repartirse sus riquezas y empobrecernos como sociedad, sacrificando la decencia pública, la institucionalidad y la probidad ciudadana.