La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como “un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidad”. En otras palabras, sin salud mental no hay un progreso integral de la persona: no pudiera resolver los dilemas que le aquejan, ni trabajar, ni pensar con claridad.
Esto está enlazado al hábitat en que la gente crece, se desarrolla y muere: los lugares que frecuenta, las actividades que lleva a cabo en una base diaria, asimismo la zona y las condiciones en que vive. En esta oportunidad, quisiéramos enfocarnos en la coyuntura del hábitat y la vivienda, dado que en nuestro país este derecho humano y universal se ve violentado de manera cotidiana a causa de los múltiples desalojos que se escenifican; así, alterando la estabilidad, tanto económica como mental y social, de las personas víctimas de estos procesos bruscos y violentos, desatando secuelas traumáticas y trastornos mentales en miles de dominicanos y dominicanas.
Las experiencias de la gente con relación a las amenazas y las ejecuciones de los desalojos en nuestro país no han sido precisamente justa. La percepción que la gente ha tenido, tomando de referencia testimonios levantados por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) de Ciudad Alternativa a familias desalojadas en Los Guandules, se expresa en la injusticia, el abuso y la presión de las que fueron víctimas: el temor que sintieron durante todo un proceso, viéndose impotentes de poder hacer algo al respecto por esa sombra policíaca amenazadora, acarreando rabia y dolor, a cambio de nada más que indignación y sensaciones de muerte.
En Los Alcarrizos la situación se replica. Despertar a las 5 de la mañana, un 6 de marzo del año 2021, en medio del ruido de retroexcavadoras y camiones, con la gente vociferando “¡levántense, van a desalojar!”; y, al salir, ver a esta tropa en las calles del barrio, dispuesta a hacer lo que sea para sacar a la gente de sus hogares. O, simplemente, llegar y encontrar un hogar reducido a escombros, nos hace pensar, ¿dónde está la humanidad? ¡A estas personas hasta bombas les tiran! ¡No les permiten extraer sus pertenencias de las viviendas siquiera, y las abordan como si de terroristas o narcotraficantes se tratase! Hablamos de hogares que el pueblo tarda hasta 19 años en construir, con sudor y sangre, destruidos en menos de 10 minutos.
Estos desalojos forzosos tienen un conjunto de elementos psicosociales que requieren nuestro análisis, fijándonos en esos daños, la mayoría de veces irreversibles. El atropello y el maltrato a la gente y a sus derechos, rompiendo la tranquilidad que cuesta tanto alcanzar, se desencadenan en esa desesperanza, desesperación y estrés que no dejan pegar un ojo en las noches; la humillación y la frustración -muchos-as sintiendo que son un chiste para las fuerzas que debieran de protegerlos- les reducen y les desmoraliza. La gente termina con problemas de la presión, insomnio, depresión y terminando, incluso, con el suicidio a causa de la violencia psicológica por la que se ven obligados-as a pasar, pues, significaría vivir en agonía y “sin ilusión de vivir”. Estas huellas psíquicas y sociales, además, están conectadas con la construcción de una identidad social negativa que proviene de la mirada de los-as otros-as como ocupante ilegal.
El cuidado de la salud mental del pueblo dominicano debe iniciar con la garantía de sus derechos humanos. El Estado debe comprometerse a generar y facilitar procesos de desalojo o reubicación en los que las condiciones sean prudentes para que la comunidad participe y se involucre, sin que se recurran a prácticas deshumanizantes o discriminatorias; además de crear políticas que defiendan el derecho a tener una vivienda digna, puesto que estos procesos llevan integrados una situación de desarraigo del espacio físico, social, cultural y psicológico.
Humanizar estos procesos es vital, en virtud de que todos-as los-as dominicanos-as sean capaces, a través de mecanismos construidos y facilitados por el Estado, de gozar de un techo seguro, noches largas de sueño y una mente saludable.
Camila Estévez/De la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano