Durante varios años el país ha estado sometido al cacareo sobre la reforma fiscal. Sin irnos muy atrás (porque hay más atrás), ya en el 2021 se debatía el tema y quedó anulado por las circunstancias de entonces: una pandemia, la inflación, la oposición en las redes a más impuestos, y la necesidad del PRM de preservar aprobación y estabilidad política al inicio del Gobierno.
En la campaña electoral de 2024 volvió a resurgir el tema, el mismo presidente Luis Abinader expresó que era necesario hacer la reforma, y en los meses de España Boba de la transición resurgió el tema. Opinaron funcionarios públicos, políticos de la oposición, economistas, y comentaristas en los medios y redes. Así se llegó a un supuesto consenso de que la reforma era necesaria, no así sobre qué reformar.
Y es que las dificultades para hacer una reforma fiscal son inmensas.
Primero, ningún Gobierno quiere pagar el costo político de aumentar impuestos, y por más que se disfrace, de eso se trata la reforma: recaudar más (mucho más) para que el Gobierno pague deudas, invierta en servicios públicos y en obras de infraestructura.
Segundo, aunque lo establezca la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de 2012, es difícil un pacto (un consenso) porque los intereses económicos envueltos son antagónicos. Muchos empresarios quieren preservar subsidios y seguir evadiendo impuestos, mientras la clase asalariada en todos sus estratos carga pesado y no quiere más impuestos.
Tercero, en los últimos 20 años ha aumentado sustancialmente la clase media dominicana y se desarrollaron las redes sociales que dan voz: se quejan y hacen ruido. Ya este Gobierno lo vivió en el 2021.
Cuarto, en la postpandemia se produjo un aumento generalizado de precios que el pueblo dominicano ha asumido con estoicismo. Si a esa inflación se agrega ahora un aumento de impuestos, el descontento crecerá, y no hay forma adecuada de compensar a la clase media por un aumento de impuestos, ni siquiera a los pobres que tienen tarjetas de subsidios.
Quinto, la ineficiencia con que el Estado Dominicano opera (excesiva empleomanía, exenciones impositivas a vehículos de lujo para legisladores, barrilitos, cofrecitos, déficits del sector eléctrico, evasión fiscal, etc.), hace difícil legitimar ante el pueblo un aumento de impuestos.
Sexto, las reformas dolorosas es mejor hacerlas en el primer año de un nuevo gobierno, cuando se cuenta con un alto nivel de aprobación y se puede culpar al gobierno anterior. El PRM no pudo hacerla en el 2021-2022 por la pandemia y la inflación, y para el 2023 estaban en campaña. Ahora, como el PRM arrasó en las elecciones de 2024 y domina todos los poderes públicos, es el dueño de todo lo bueno y lo malo.
En mi opinión, el aumento de impuestos vendrá cuando el Gobierno no pueda posponerlo más porque la alternativa sería un mayúsculo desequilibrio macroeconómico.
O sea, será un acto de necesidad, no de consenso nacional, aunque el librito mande a hacerlo en época de estabilidad mediante un acuerdo político amplio.