En la discusión sobre la reforma del Sistema Nacional de Seguridad Social conviene juzgar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en base al rendimiento de los fondos de pensiones que manejan. Como de las siete AFP hay cinco que manejan el 98% de los fondos y están afiliadas a bancos comerciales, procede comparar esos rendimientos con los de los bancos comerciales. De ahí brota la idea, tal vez redentora para todos los involucrados, de que los fondos de pensiones compren al Banreservas para que este sea administrado por las AFP.
Hay razones para pensar que, al ser los bancos múltiples entidades comerciales motivadas por el afán de lucro, las diferencias entre los dos rendimientos mencionados pueden resultar razonables. Existe una diferencia sustancial entre un rendimiento y el otro porque los riesgos implícitos en las operaciones de los bancos y las inversiones de las AFP no son iguales. Sin embargo, el mismo afán de lucro de los bancos guía las decisiones de inversion de las AFP y si los bancos son los dueños de ellas deberían afanarse para que los fondos de pensiones tengan igual o mejor rendimiento que el de sus operaciones normales.
Cuando se toma en cuenta que prácticamente el 80% de los fondos que manejan las AFP están invertidos en títulos gubernamentales –Ministerio de Hacienda y Banco Central—se puede concluir que sus rendimientos actuales son magros. El nivel de riesgo que comportan esas inversiones es mínimo en tanto tienen garantía soberana. Además, la gestión de esas inversiones resulta muy simple y nada complicada. En tal sentido podría argüirse que este nivel de riesgo es preferible para los trabajadores porque sus fondos se conservan mejor. Pero eso soslaya el hecho de que los rendimientos, al aportar la mitad del patrimonio acumulado hasta ahora, no es deseable que sean tan bajos. Por eso los trabajadores deben demandar un mejor desempeño de las AFP.
La diferencia en los rendimientos de los bancos y las AFP, circunstancialmente obtenida por las mismas entidades, es de crucial importancia. La misma ADAFP ha destacado “que en promedio más de la mitad del patrimonio acumulado en los fondos de pensiones ha sido generado por la rentabilidad, la cual alcanzó un 12.15% al cierre del año 2021.” De manera que los rendimientos de las inversiones de las AFP son igual de importantes como los ingresos recaudados por concepto de las cotizaciones de los trabajadores y los empleadores. Esta es sin duda una razón de mucho peso para querer mejorar los rendimientos de las AFP. Como los bancos múltiples principales son los propietarios de las AFP principales cabe reclamar que en sus AFP obtengan rendimientos que sean conmensurables con los rendimientos de sus operaciones bancarias.
El gráfico muestra los niveles de rendimiento de los fondos de pensiones de cada una de las diferentes AFP existentes en dos meses diferentes de los años 2021 y 2022. De tales datos puede colegirse que los rendimientos nominales oscilan entre un 8 y un 12%. Por otro lado, el Banco Central reportó el martes pasado en el periódico Hoy (p.12) lo siguiente: “En relación con la banca múltiple, la cual representa el 87.8% del sistema bancario nacional, la misma presentó una rentabilidad sobre el patrimonio (RGE) y sobre los activos (ROC) de los bancos múltiples de 23.6% y 2.4% respectivamente.” (Asumimos que a los dos primeros meses del 2022 porque el reporte trata solo ese periodo.) Según la Superintendencia de Bancos en septiembre del 2021 la rentabilidad sobre el patrimonio fue de 21.2%. Tales datos permiten asumir que la rentabilidad anual promedio sobre el patrimonio de la banca múltiple oscila entre un 21 y 23%.
Lo anterior sugiere que los rendimientos nominales de los bancos múltiples corresponden, en grosso modo, al doble de los rendimientos nominales obtenidos por las AFP. (Los rendimientos reales mantendrían esa diferencia en tanto la tasa de inflación se descontaría en ambos casos.) También se desprende que si las AFP invirtieran en el patrimonio de los bancos obtendrían mucho mejores resultandos para beneficio de los trabajadores. Pero esa opción no estaría disponible porque las decisiones patrimoniales de los bancos están sujetas a restricciones específicas de participacion; no son empresas públicas cuyas acciones puedan comprarse y venderse en la Bolsa de Valores.
Lo que si fuera perfectamente posible es que los trabajadores, de común acuerdo con el gobierno, los partidos políticos y las AFP, compraran al Banreservas para que sus fondos de pensiones obtuvieran mejores rendimientos. El monto actual de los fondos de pensiones permitiría a los trabajadores pagar un precio justo al Estado. (A la fecha los fondos acumulados ascienden a RD$938,725 millones en noviembre 2021, lo cual al 55×1 equivale a US$17,068. Según la ADAFP, para Enero 2022 el patrimonio de los fondos de pensiones administrados por las AFP asciende a $765,261,434,892. El total de trabajadores afiliados a las AFP monta 4,307,119 y la rentabilidad nominal de los fondos asciende a 11.90%.) Ya que casi el 80% de los fondos está actualmente invertido en títulos del Ministerio de Hacienda y el Banco Central, equivalentes a US$13,654 millones, la operación se tornaría fácil siempre que el precio a pagar por Banreservas sea inferior a esa suma. El precio del Banreservas, el cual tiene 135 sucursales y unos 10,000 empleados, sería el promedio de las tasaciones que harían tres firmas de auditoría internacionales de sólida reputación.
Puesto que las AFP serían los gerentes de la entidad privatizada, ellas también obtendrían mayores beneficios con los mejores rendimientos que la operación de ese banco reportaría. Un beneficio adicional para los bancos que son los propietarios de las AFP sería que desaparecería la competencia desleal que representa un banco comercial estatal. Por supuesto, las AFP conformarían el Consejo de Administración del Banreservas e impondrían aquellas buenas prácticas que son compatibles con un mercado de libre competencia y con las normas de Basilea para las entidades bancarias El actual tamaño del Banreservas le ofrece una posición de mercado ventajosa frente a sus competidores privados, pero esa es una ventaja que los nuevos administradores –las AFP—sabrían como manejar para no afectar sus propios rendimientos.
Eventualmente se podría considerar la posibilidad de que los trabajadores le vendan su propiedad del Banreservas a los bancos dueños de las AFP y tal vez a otras entidades del sistema financiero. Mientras, las AFP tendrían que sujetarse a la “garantía de rentabilidad mínima” a que están sujetas ahora. “La garantía de rentabilidad mínima es una exigencia regulatoria que todas las AFP cumplen continuamente y se creó para que cualquier AFP que invierta obteniendo una rentabilidad por debajo del promedio del sistema menos un margen de 2%, compense el faltante a los afiliados del fondo de pensiones que administra haciendo uso de los recursos acumulados en la Cuenta de Garantía de Rentabilidad Mínima, cuenta que se nutre con las aportaciones que para esos fines hace la AFP de su propio patrimonio como administradora.” Habría, sin embargo, que reconfigurar esa Cuenta para que se asemeje a las Reservas del Banreservas, lo cual equivale a practicamente lo mismo.
Las ventajas de este esquema son obvias. La primera es que los trabajadores tendrían un bien tangible –el Banreservas—de su propiedad, en vez de tener un 80% de los fondos en manos del veleidoso fisco. (En otros paises los gobiernos de han apoderado de esos fondos en tiempos de crisis. Si se adoptara esta propuesta, en cambio, mejorarían sus balances financieros al reducir sus deudas.) Lo segundo es que se retiene un rol para las AFP que debe resultar más beneficioso para ellas, reconociendo que en el mercado financiero local son los entes mejor calificados para actuar como bancos de inversion. Lo tercero es que a los bancos múltiples que son propietarios de las AFP les conviene que desaparezca la competencia desleal que actualmente presenta el Banreservas (con su garantía soberana y su preferencia gubernamental). Finalmente, los fondos de pensiones se invertirían así en empresas comerciales en vez de en títulos parasitarios que, comparativamente, devengan magros beneficios.
La adopción de esta propuesta de privatización del Banreservas, por supuesto, tendría que estatuirse por ley. Los trabajadores y las AFP apoyarían el anteproyecto de ley correspondiente porque, como se ha demostrado más arriba, les conviene. Habría entonces que ver si las instancias partidarias que campean en el Congreso también percibirían esos beneficios para sus fines electorales. Los políticos tendrían así que desprenderse del Banreservas como botín político, pero sus fines electorales podrían ser mejor servidos por su traspaso a manos de los trabajadores y de las AFP. Se justifica entonces que a esta propuesta se le dé la debida ponderación.
