Todos los estudios del Plan Estratégico de Santiago (PES) presentan evidencias que colocan la participación electoral como una categoría imprescindible, indispensable e ineludible para la gobernabilidad y la democracia.

En un sistema democrático, la votación es la vía principal de expresión de la voluntad de la ciudadanía para otorgar, ceder y consentir que un individuo concreto o un colectivo partidario tenga la responsabilidad de administrar la cosa pública.

Los datos de procesos electorales recientes y los resultados del Santiago Barómetro de Gobernabilidad muestran que si bien es cierto que la participación electoral sigue siendo el recurso de mayor aceptación y uso, su predominio no supera las expectativas del mejor escenario esperado y deseado para la convivencia pacífica y la tolerancia política.

Aunque casi la mitad (46.0%) de los investigados por el Santiago Barómetro de Gobernabilidad expresa que el voto es la manera de conseguir cambios o influir en cómo se hacen las cosas, pero este valor acumuló una disminución del 10% con respecto al porcentaje que expresó pensaba igual (57.4%) 10 años antes.

La estabilidad política y social de una sociedad depende, según lo plantean el BID, CEPAL y diversos centros de estudios de la democracia, de la capacidad de los actores en la arena política de ser capaces de diseñar o implementar políticas públicas que maximicen el bienestar social resultado de su mayor poder de diálogo y negociación.

Rosa Cañete en estudio 2017 para OXFAM internacional “Democracias Capturadas” o el “Gobierno de unos Pocos”, define la captura o secuestro del Estado por élites como “el ejercicio de influencia abusiva por una élite, en favor de sus intereses y prioridades y en detrimento del interés general, sobre el ciclo de políticas públicas y organismos del Estado, con efectos en la desigualdad y en el armónico desempeño de la democracia”.

De acuerdo a la consultora senior del Plan Estratégico de Santiago, ingeniera Marcela Mirabal, este enfoque del Informe de OXFAM, resultó de interés para la evaluación de la gobernabilidad que realizó, pues plantea que “en una democracia, donde el bien común debe primar sobre los intereses individuales, lo último que debería hacer una política pública es aumentar la pobreza o desigualdad”. Sólo en un Estado capturado por las elites puede ocurrir lo contrario.

Dicho informe presentó varios casos de estudio en diferentes países, para enseñar cómo las élites utilizan diferentes mecanismos de captura para influir en las decisiones sobre políticas fiscales y judiciales. Diversos estudios evidencian que los “incentivos fiscales a empresas en República Dominicana en 2014”, se evidenció mecanismos de aprovechamiento o creación de marcos regulatorios favorables a grupos económicos particulares. Lo mismo puede indicarse en la conformación impúdica de las altas cortes donde terminarán dirimiéndose los conflictos políticos, sociales y económicos.

Los efectos de esta captura del Estado por las élites, según plantea el Informe, pueden reflejarse en la opinión de las personas con respecto en para quién entienden se gobierna en un país. Para ilustrar esto, los datos del Latino Barómetro 2017, arrojaron que 87% de los dominicanos encuestados opinaba que se gobernaba para beneficio de unos pocos y del partido en el poder. Valores que para la ocasión estaban situados muy por encima del promedio para Latinoamérica.

El análisis de los diferentes aparatos que el Informe de OXFAM presenta para que se produzca esa captura del Estado por parte de élites, trajo a la Comisión de Gobernabilidad  del Plan Estratégico de Santiago interesantes reflexiones, entre las que se registraron las siguientes. Primero inadecuada y no transparente relación del gobierno y los grupos empresariales representaba una de las principales formas en como se manifiesta la captura del Estado en la República Dominicana.

Segundo, en el presente y todavía más en el pasado, diversos funcionarios que están imputados hoy en los tribunales, evidenciaron intereses o activa participación en empresas relaciones que nunca se conocían antes de asumir sus respectivos cargos públicos.

Es preciso vigilar para prevenir muchas gestiones sobre las que nunca la ciudadanía se daría cuenta, si no hubiera un constante monitoreo. La participación comunitaria, tanto social como política, es clave para asegurar el debido contrapeso a los intereses de las élites en la definición y aplicación de políticas públicas, y en la realización de las diversas inversiones.

Sabemos que las elecciones son el laboratorio donde se prueban y se ponen en operación las gestiones que sin control, terminan permitiendo que una élite capture el Estado.

En Santiago, nos enfocamos en transformar esta realidad. Compromiso Santiago, CDES www.cdes.do y Junta Central Electoral (JCE) han organizado talleres y campañas para presentar y fortalecer este proceso electoral, considerando manuales y procedimientos técnicos que se utilizarán en las elecciones generales del domingo 19.

Consideramos que estas elecciones presidenciales y legislativas 2024, cumplen los principios rectores de la organización de los procesos electorales, establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral, 20-23.

La JCE está gestando transparencia e integridad. Igualmente, cumple con asegurar la ineludible legalidad, libertad, equidad, calendarización, participación, interés nacional, inclusión, pluralismo, territorialización y representación.

Esa es la única ruta segura para elegir con transparencia, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de República Dominicana.

En este orden, el proceso de Escrutinio, Digitalización, Escaneo y Transmisión de Datos es esencial. La eficiencia, eficacia y efectividad de este proceso, conocido por las siglas EDET, es fundamental. Entendemos que esta metodología fue calibrada en las primarias de los diferentes partidos y las elecciones municipales 2024. Si nos empleamos y estamos educados en este sistema, aunque surgieran dificultades, las mismas serán resueltas.

Para tales fines, deben cumplirse todos y cada uno de los mandatos de la Resolución 34-2022  sobre Escrutinio, Digitalización, Escaneo y Transmisión (EDET) de Datos de la Junta Central Electoral (JCE).

No podemos olvidar que a causa de la pandemia Covid 19 y crisis de las elecciones municipales del año 2020, la participación electoral en votos emitidos, sufrió una reducción del 14.3%, llegando a 55.3% en los comicios de hace cuatro años.

En las pasadas elecciones municipales 2024, apenas votó en promedio 46.8%, dejando de hacerlo un 53.2% de la población hábil para votar, lo que podría atribuirse al rechazo y desencanto generalizado en los políticos, de acuerdo a Elsa Alcántara, docente de Ciencias Sociales y Humanidades del INTEC y otros autores.

De acuerdo al monitoreo del Plan Estratégico de Santiago y de su entidad socia, Participación Ciudadana, en el año 2000 votó el 69.8%; en el 2004, el 67.6%; en 2008, 66.3. Asimismo en el 2012, el 64.1% y en el año 2016, votó el 69.6%.

En este 2024 y en estas elecciones legislativas y presidenciales, debemos recuperar la voluntad y deber ciudadano de asistir a las elecciones del próximo domingo 19 de mayo. Cumplir el compromiso constitucional y elevar significativamente, la cantidad de votos.

Luego de la mejoría institucional en la Junta Central Electoral (JCE), estamos optimistas. La nación se dotó de jueces titulares de elevada y significativa profesionalidad y confianza.

Los diagnósticos de gobernabilidad del Plan Estratégico de Santiago al año 2030, indican los grandes logros y retos de la democracia dominicana.

Finalmente, valoramos la importancia de la interacción entre representantes de una sociedad, para llegar a convenios y acuerdos que contribuyan al bien común.

Alianzas que nos aporten una representatividad política equilibrada, legítima y auténtica. Confiamos mejor aun, en un sistema de elecciones eficiente, donde la votación electoral sea la vía principal de expresión del poder democrático para otorgar a un grupo de conciudadanos, la sagrada y solemne responsabilidad de administrar el Estado.