Al discutir sobre las reformas estructurales que necesita el país y su impacto socioeconómico, pocas veces se hace referencia directa al beneficio que algunas de ellas representarían en el incremento del salario real de los trabajadores.
Este es un tema fundamental, ya que afecta directamente la capacidad adquisitiva de los trabajadores frente a una inflación que, aunque en parte importada, se ve amplificada internamente por prácticas como el agiotismo y la ineficiencia en sectores estratégicos como el eléctrico.
Concienciar sobre esto ayudaría a que nuestros trabajadores entendan el beneficio de esas transformaciones, especialmente si se realizan con una visión de desarrollo sostenible. Es inexplicable que, después de discutir durante años y de firmarse, aunque tardíamente, el Pacto por la Reforma del Sector Eléctrico todavía no se haya aplicado. Peor aún, se siguen buscando soluciones olvidando los compromisos que asumió el Estado en ese pacto.
Partes de esos compromisos se refieren a la mejora de la eficiencia administrativa de las empresas de distribución eléctricas y la reducción de sus pérdidas. Recordemos que se asumió la responsabilidad de iniciar, en un plazo de tres meses a partir de la firma del Pacto, el diseño de un plan estratégico para mejorar la gestión de esas empresas.
Este plan está llamado a contribuir con el saneamiento financiero de las empresas y con la mejora de la calidad y prestación del servicio, elevando la productividad de las empresas hasta situarlas en niveles de empresas similares eficientemente gestionadas y contratando al personal sobre la base de méritos técnicos y de desempeño mediante concurso público, entre otras cosas.
En cuanto a la reducción de pérdidas de las EDES, el Pacto ordena diseñar un plan integral para bajarlas hasta lograr un máximo de 15% en un plazo de seis años, a razón de un promedio de 2.7 puntos porcentuales anuales a partir de las pérdidas existentes en el momento de la firma del Pacto. En diciembre de 2016, el promedio de pérdidas era del 31.5% y se suponía que debía reducirse al 16.8% para 2022, hasta lograr el 15% en seis años. Por supuesto, este programa debe ser actualizado.
Uno de los acuerdos más importantes para garantizar el cumplimiento del Pacto es el establecimiento de un régimen de consecuencias para los administradores que incumplan con los compromisos tanto de eficiencia administrativa como de reducción de pérdidas. Este régimen debe ser determinado por el presidente de la República, tomando en cuenta los informes de cumplimiento de las metas que presente el Comité de Seguimiento establecido por el mismo Pacto.
En un artículo anterior sobre este tema, señalé que cumplir el Pacto Eléctrico sería como realizar una reforma fiscal. Esta y otras reformas, todas bien conocidas, ayudarían notablemente al desarrollo del país y, por ende, al bolsillo de los trabajadores. Una reforma fiscal integral con visión desarrollista permitiría enfrentar la ineficiencia tributaria y del gasto público, así como contribuir a cerrar la brecha de la desigualdad, no solo por el peligro que representa y como acto de justicia, sino por el impacto positivo sobre el mercado y el empleo.
El FMI, en su último informe sobre la economía dominicana, proyecta que aplicando reformas en la eficiencia del sector eléctrico, la resiliencia climática y la eficiencia tributaria, el PIB podría incrementarse un 0.2 % adicional al cabo de 10 años y un 0.75 % en 30 años.
Además, señala que la República Dominicana ha demostrado un notable crecimiento económico, con un promedio anual del PIB de cerca del 5% desde la década de los 70. Este desempeño subraya el potencial del país; el reto es convertir ese crecimiento en desarrollo humano mediante políticas y estrategias centradas en impulsar un desarrollo inclusivo y sostenible para todos.
Desde ese punto de vista y con esa visión, los trabajadores dominicanos deben ver y defender el proceso de reforma, apoyarlo sin dejarse engañar por falsos argumentos, y mucho menos dejarse manipular por la politiquería populista que ni hace ni deja hacer.
El camino hacia un futuro económico próspero y equitativo para la República Dominicana requiere no solo de medidas inmediatas para mejorar el salario real y combatir la inflación, sino también de reformas estructurales que fortalezcan la eficiencia sectorial y promuevan un crecimiento económico sostenible a largo plazo.