Desde el año dos mil a la fecha, la sociedad dominicana acusa un notable deterioro en diversos aspectos fundamentales que inciden en su necesario desarrollo. Uno de esos renglones, posiblemente el de mayor relevancia, sea el de la seguridad ciudadana.
Diversos planes, programas y proyectos han sido diseñados y analizados por diversas instituciones públicas y privadas para implementar estrategias que reduzcan la incidencia de comportamientos fuera del arquetipo social tradicional del pueblo dominicano.
Los distintos gobiernos que se han sucedido en la dirección del Estado en el periodo señalado, han solicitado ayuda internacional para enfrentar la escala ascendente de una actitud cada vez más belicosa. Por suerte para el país, diversos organismos han facilitado aportaciones económicas, técnicas y científicas para ayudarnos a identificar las causas de origen, y plantearnos soluciones a corto, mediano y largo plazo.
Hasta el momento la situación se torna crítica y requiere que diversas instituciones públicas, entre las que destacan la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud Publica, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior y Policía, generen junto al sector privado una alianza que disminuya gradualmente el comportamiento nocivo que un reducido grupo de la población ha adoptado como forma de vida ante sus conciudadanos.
Preocupado por esa escalada constante de tantos males sociales en nuestro entorno, entiendo necesario sugerir a la sociedad, al pueblo dominicano, así como a los funcionarios de este gobierno y las instituciones claves del tema, analizar la posibilidad de utilizar en múltiples funciones preventivas a un grupo de seres humanos que comprende y valora la responsabilidad de las acciones puestas bajo su custodia.
En ese sentido pase a formularle a esos organismos y la sociedad, las siguientes inquietudes:
1- Que hacen los guardias y policías retirados luego de sus funciones habituales?
2- Los recursos económicos correspondientes a su pensión castrense cubre el total de los gastos mensuales de sus respectivas familias?
3- Debe el Estado Dominicano desperdiciar la preparación especializada que más del 80% de esos seres humanos ha recibido en sus años de servicio activo a la Patria?
4- Podrían ser aprovechados de nuevo en funciones claves de nuestros organismos estatales y pagarles por ello?
Como conoce mucha gente en el país, sobre todo los juristas, la ley No. 139-13, del 13 de septiembre del año 2013, publicada en la gaceta oficial No. 10728, del 19 de septiembre del mismo año, que instituye las funciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ante la Sociedad Dominicana, establece las normativas fundamentales para que los integrantes de los distintos institutos castrenses luego de cumplidos sus años de servicio activo, pasen a retiro, o más claro y objetivo, comiencen a disfrutar de una pensión por servicios prestados al Estado Dominicano.
Regularmente esos empleados públicos durante su trayectoria militar reciben entrenamientos especializados en distintas áreas, muchas de estas no necesariamente bélicas. Esos conocimientos en áreas profesionales diversas resultan importantes para ellos en su vida civil, y por añadidura benefician al país también.
Esa preparación intelectual, científica, bélica, técnica o logística, la gestiona y asume financieramente el Gobierno Dominicano a través de cada institución militar. Esos recursos económicos, como todos los que se generan desde el gobierno central, provienen de las recaudaciones impositivas que están establecidas por ley, decretos o disposiciones, a partir de las acciones cotidianas que desarrollan cada uno de los organismos estatales.
En ese sentido, resulta lamentable que las distintas gestiones gubernamentales de final del siglo veinte, y las del presente siglo en desarrollo, hayan enviado a sus hogares a un personal humano de altas calificaciones laborales, que bien puede ser reutilizado en funciones específicas del tren gubernamental.
Esos hombres y mujeres que por años han prestado sus servicios a la Patria desde sus respectivas instituciones militares, deben ser contratados por otros organismos estatales para aportar experiencia y eficiencia en donde tanta falta hace en estos tiempos.
Por ejemplo, ese personal calificado puede desempeñar labores en beneficio de la sociedad, atendiendo, cuidando, asistiendo, orientando y ordenando las siguientes áreas:
1- Recintos públicos y privados de todo el país.
2- Ordenando el tránsito en las ciudades más congestionadas del país.
3- Cuidando y ordenando el uso de los parques de nuestras provincias y barriadas.
4- Estableciendo control y orden en los hospitales y clínicas del país.
5- Asistiendo a las tropas nacionales acantonadas en la zona fronteriza del país.
6- Ofreciendo cursos y talleres sobre experiencias militares a los guardias y policías de nuevo ingreso.
7- Ofreciendo estrategias de defensa preventiva a todos los ciudadanos interesados del país.
8- Orden y cuidado preventivo en los recintos escolares.
Esas son algunas de las funciones que entiendo estos pueden desempeñar luego de recibir su pensión. A esas necesarias labores podrían agregarse diez o quince más que ese grupo humano de tanto nivel podría llevar a cabo en beneficio de un pueblo que requiere una vez más de sus servicios.
Esos recursos humanos que por cumplimiento de la ley reciben el beneficio de una pensión, merecen que se les diseñe e implemente un proyecto de reutilizacion laboral y mantenerlos activos aunque con una perspectiva orientada a un concepto civil, mas que a un criterio militar. Considero que gente tan valiosa no deben volver a las calles sin un objetivo claro ante su familia y la sociedad.
Los institutos castrenses a los que han pertenecido, así como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía, con el respaldo económico de la Presidencia de la República, deben estructurar un mecanismo que los acoja, oriente y seleccione para garantizar su destino laboral inmediato.
Cómo es de conocimiento generalizado, una buena proporción de guardias y policías con mayor o menor rango, al recibir el beneficio de su jubilación, empiezan a realizar gestiones para conseguir un nuevo empleo, pues los recursos de su pensión no les alcanzan para vivir dignamente junto a sus respectivas familias.
Esa misma situación la viven miles de ciudadanos en la administración pública también. Por esa realidad, empleados tanto civiles como militares, buscan alternativas para no ser pensionados, aunque posean la edad biológica o los años en servicio para ello.
Previa evaluación intelectual, física, psiquiátrica y sanitaria, los hombres y mujeres que cada año dejan los recintos y cuarteles militares, pueden seguir prestando valiosos y extraordinarios servicios a la Patria.
Ojalá el Sr. presidente de la República, Luis Abinader Corona, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernandez Onofre, y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, consideren importante en sus respectivos programas de gestión gubernamental, contratar con un sueldo especial a un conglomerado humano que en estos momentos resulta vital para garantizar la convivencia civilizada de la sociedad dominicana.